Por: María Fernanda Rodríguez
El hecho se presentó en el departamento del Cauca, en donde luego de un juicio simbólico,
tras declarar culpable a Belalcázar por genocidio, acaparamiento de tierras, despojo,
desaparición física de los pueblos pertenecientes a la Confederación Pubenence, tortura por
empalamiento y ataques con perros asesinos a los pueblos guerreros Misak Pubenences, y
los asesinatos de Taita Payan, Taita Calamba y Taita Yasguen, las comunidades indígenas
de los pueblos Misak, Nasa y Pijao, que hacen parte del Movimiento de Autoridades
Indígenas del Sur Occidente Colombiano (AISO), tumbaron la estatua con tres cuerdas.
Las comunidades indígenas manifestaron a través de un comunicado: “este juicio lo
enmarcamos dentro de un compromiso que tienen frente a la memoria colectiva de su
sangre”. “Declaramos que la estatua erigida desde la década de los 30, cuando Popayán
conmemoró 400 años de la derrota de nuestros pueblos indígenas por la bota española
genocida, hace parte de la violencia simbólica que nos ha oprimido y nos ha puesto en un
lugar de olvido”, puntualizaron.
La presidenta del Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais), Martha Peralta, se
manifestó vía Twitter, calificando el hecho como una forma de “reivindicar la memoria de
ancestros asesinados y esclavizados por las élites”.
El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), se dirigió a la opinión pública a través de
un comunicado en el que exigen respeto a la memoria de sus precursores. “Le recordamos
al Gobierno Nacional en Cabeza del Presidente Iván Duque Márquez, al Ministerio del
Interior, a la Gobernación del Departamento del Cauca, a la Alcaldía Municipal de Popayán,
que la violencia en nuestras comunidades es fruto de la historia, y es reproducida en cada
época por el dominador de turno, llámese terrateniente, grandes empresarios y
multinacionales de la agroindustria, minería y proyectos hidroeléctricos y macroproyectos.
Recordamos también que hay una deuda histórica con las comunidades indígenas que
debe ser resarcida en el marco de los planes de vida y del respeto a los derechos de los
pueblos indígenas, afrocolombianos, campesinos y, en general, a los sectores pobres de la
ciudad y el campo, que siempre han sido desconocidos”, dice uno de los apartados del
comunicado.
De igual forma denunciaron posibles acciones de ataque y agresiones al CRIC, por lo que
hicieron un llamado a los sectores sociales, a los defensores de derechos humanos y a la
comunidad internacional, para realizar el seguimiento del cumplimiento de la garantía de
derechos desde el Estado colombiano.
Por su parte, Juan Carlos López Castrillón, alcalde de Popayán, se manifestó en contra del
hecho, calificándolo como violento: “Tumbar la estatua de Sebastián de Belalcázar es un
hecho violento. Nuestra administración rechaza cualquier acto de violencia. La protesta
social es legal y legítima, pero repudiamos la violencia. Se agredió un símbolo de la ciudad,
que es multicultural y diversa. Vamos a restaurar esta estatua porque hace parte de nuestra
historia”. Afirmó el alcalde.