Dicho artículo daría luz verde a la destinación de recursos del presupuesto de las universidades estatales para pagar los costos de las demandas que hay contra el país.
El apartado cita así: “Artículo 44. En virtud de la autonomía consagrada en el artículo 69 de la Constitución Política, las universidades estatales pagarán las sentencias o fallos proferidos en contra de la Nación, con los recursos asignados por parte de ésta, en cumplimiento del artículo 86 de la ley 30 de 1992”.
Con relación a este tema, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, dijo que “este artículo hace referencia a los pagos que deben hacer los contribuyentes o las universidades por cuestiones de sentencias (…) este artículo ha venido en las diferentes leyes de presupuesto, es algo que hace parte de una larga tradición”.
Según el ministro Carrasquilla, lo que se quiere es que “las universidades sujetas a demandas se protejan mejor de dichas demandas”.
Frente a este tema, Leonardo Fabio Martínez, rector de la Universidad Pedagógica Nacional, manifestó que dicho artículo estaría mal redactado. “Cuando uno lee el texto se genera la interpretación que efectivamente se cogen recursos asignados para la Nación (universidades públicas) para pagar demandas judiciales del Estado. Así como se lee, es totalmente ambiguo”.
Finalmente el académico puntualizó que: “esto resultaría preocupante teniendo en cuenta la sensibilidad que hay en el país”.
Este artículo, generó todo tipo de críticas en ámbito estudiantil como político. Acrees, manifestó que dicho apartado “le quita la plata a las universidades para pagar todas las demandas contra el Estado”.