Por: María Fernanda Rodríguez
El pasado 10 de agosto, se presentaron varias acciones de tutela, promovidas por parte de
los seguidores del expresidente, en las que se pedía tumbar la decisión del alto tribunal que
dictó medida de aseguramiento en su contra.
Según ha señalado el tribunal, se encuentran cerca de 400 acciones legales que se han
interpuesto, 177 de las cuales han sido negadas por “no hacer parte del proceso (falta de
legitimación)” es decir, no tienen legitimación para reclamar derechos fundamentales a
nombre de Uribe, y porque no existen “vulneración de derechos políticos”.
La ‘tutelatón’ hace parte de una estrategia impulsada a través de redes sociales, por
seguidores del uribismo, cuando se dio a conocer la decisión de los magistrados de la Sala
de Instrucción.
Este movimiento causa una congestión innecesaria en los juzgados del país, pues la tutela
es un recurso extraordinario, consagrado con el fin de defender derechos fundamentales
que, en primera medida, deben ser presentadas por quienes vean vulneradas esas
garantías, o mediante terceros, en caso de que el afectado no pueda hacerlo.
Esta decisión se da a conocer un día después de que Uribe renunciara a su curul en el
Senado de la República, con el fin de que su proceso haga curso en la Fiscalía General de
la Nación. Por lo tanto, su proceso por fraude procesal y soborno de testigos continuará en
manos de la Corte Suprema de Justicia.