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El Informe de Human Rights Watch sobre Colombia: “el conflicto ha adoptado nuevas formas”

En la 32ª edición del Informe Mundial 2022), Human Rights Watch examinó las prácticas de derechos humanos en casi 100 países donde la organización trabaja.
En este informe, el director ejecutivo Kenneth Roth detalla que los líderes autocráticos se enfrentaron a una importante reacción en 2021 y que la democracia predominará en la contienda con la autocracia sólo si los líderes democráticos hacen un mejor trabajo para abordar los problemas globales.

Human Rights Watch –Observatorio de Derechos Humanos– es una organización no gubernamental (ONG) dedicada a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos. Su sede se encuentra en Nueva York (Estados Unidos), y cuenta con oficinas en Beirut, Berlín, Bruselas, Chicago, Ginebra, Johannesburgo, Los Ángeles, Moscú, París, San Francisco, Tokio, Toronto y Washington.

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ESTE ES EL INFORME COMPLETO SOBRE COLOMBIA

El acuerdo de paz celebrado en 2016 entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno puso fin a 52 años de conflicto armado y, en un primer momento, disminuyó significativamente la violencia relacionada con el conflicto. Sin embargo, desde entonces la violencia relacionada con el conflicto ha adoptado nuevas formas, y en 2021 aumentaron los abusos por parte de grupos armados, incluyendo asesinatos, masacres y desplazamiento forzado masivo, en muchas zonas remotas de Colombia.

La población civil en varias regiones del país sufrió graves abusos cometidos por miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las FARC y grupos sucesores del paramilitarismo. Defensores de derechos humanos, periodistas, líderes indígenas y afrocolombianos y otros activistas comunitarios han sufrido amenazas de muerte y actos de violencia constantes. El gobierno ha adoptado medidas insuficientes e inadecuadas para protegerlos.

Entre fines de abril y mediados de junio, decenas de miles de personas salieron a las calles en toda Colombia a protestar por una propuesta de reforma tributaria, la desigualdad económica, la violencia policial y la escasa protección para comunidades vulnerables en zonas remotas. En reiteradas oportunidades, la policía dispersó de manera arbitraria manifestaciones pacíficas e incurrió en un uso excesivo —y a menudo brutal— de la fuerza, que incluyó el empleo de municiones letales y violencia de género.

La pandemia de Covid-19 y las medidas que se adoptaron para controlarla tuvieron un impacto devastador en términos de pobreza y desigualdad en Colombia. Casi medio millón de personas cayeron en la pobreza durante 2020, según el índice de pobreza multidimensional que elabora el gobierno, y la cantidad de hogares con niños que no asistieron a la escuela aumentó casi 14 %.

Los graves problemas de derechos humanos que persisten en el país incluyen la impunidad por abusos del pasado, obstáculos a la restitución de tierras para las personas desplazadas, limitaciones a los derechos reproductivos, y las condiciones de pobreza extrema y aislamiento que sufren las comunidades indígenas y afrocolombianas.

Guerrillas y disidencias de las FARC

Una minoría de guerrilleros de las FARC, conocidos como disidencias de las FARC, rechazó los términos del acuerdo de paz, se negó a entregar sus armas y sigue cometiendo abusos.

Otros disidentes de las FARC se desarmaron en un primer momento, pero luego crearon o se unieron a nuevos grupos. Entre otros motivos, han invocado los ataques de grupos armados y otros actores contra excombatientes. Hasta septiembre de 2021, más de 290 excombatientes de las FARC habían sido asesinados.

Las disidencias de las FARC y otros grupos armados, incluidos el ELN y grupos sucesores de los paramilitares, han cometido múltiples “masacres”, que se definen en Colombia como el asesinato de tres civiles o más en un mismo incidente. La Oficina de la ACNUDH documentó 76 masacres durante 2020 —la cifra más alta desde 2014— y recibió información sobre otras 82 entre enero y septiembre de 2021.

En 2021, el ELN siguió cometiendo crímenes de guerra y otros graves abusos contra civiles, como asesinatos, desplazamientos forzados y reclutamiento de menores.

En el municipio de Argelia, departamento de Cauca, disidencias de las FARC han cometido graves abusos, como homicidios, masacres y secuestros, que han obligado a miles de personas a desplazarse. Asimismo, en la costa pacífica del departamento de Nariño, los combates entre varias disidencias de las FARC desplazaron a más de 23.000 personas entre enero y mediados de agosto.

En el departamento de Chocó, en la costa occidental del país, continuaron los enfrentamientos entre el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), una organización sucesora del paramilitarismo. El temor a las minas antipersonales, las amenazas de grupos armados y los peligros del fuego cruzado impidieron que más de 33.000 personas en Chocó pudieran salir de sus comunidades entre enero y septiembre, una situación que se conoce como “confinamiento”.

Los paramilitares y sus sucesores

Entre 2003 y 2006, organizaciones paramilitares de derecha que tenían estrechos vínculos con la fuerza pública y con políticos participaron en un proceso oficial de desmovilización que presentó graves falencias, y durante el cual numerosos miembros permanecieron activos y simplemente se reorganizaron, conformando nuevos grupos. Estos grupos sucesores, en especial las AGC, siguen cometiendo infracciones al derecho internacional humanitario y graves abusos como asesinatos, desapariciones y violaciones sexuales.

A fines de julio de 2021, los combates entre las AGC y una disidencia de las FARC, así como las amenazas de grupos armados, obligaron a más de 4.000 personas a huir del municipio de Ituango, en el departamento de Antioquia.

El 23 de octubre, las fuerzas de seguridad capturaron al principal comandante de las AGC, Dario Antonio Úsuga David, alias “Otoniel”, quien tenía decenas de órdenes de captura pendientes, incluyendo por homicidio y reclutamiento de menores. Estados Unidos ha solicitado su extradición por cargos de narcotráfico.

La implementación de la Ley de Justicia y Paz de 2005, que ofrece una reducción de las penas a los paramilitares desmovilizados que confiesen sus crímenes, ha avanzado lentamente. De los más de 30.000 paramilitares que se desmovilizaron oficialmente, 4.000 han intentado obtener penas menos severas a cambio de una confesión. Hasta octubre de 2020, cerca de 650 habían sido condenados.

Abusos cometidos por miembros de la fuerza pública

Policías cometieron graves violaciones de derechos humanos en respuesta a protestas mayormente pacíficas que se desarrollaron en Colombia entre fines de abril y mediados de junio de 2021. Human Rights Watch halló evidencias que vinculan a la policía con 25 asesinatos de manifestantes y transeúntes, en la mayoría de los casos con municiones letales.

Cientos de manifestantes resultaron heridos y algunos sufrieron pérdida de visión posiblemente permanente en un ojo, como aparente resultado de cartuchos de gases lacrimógenos, bombas aturdidoras o proyectiles con impacto cinético disparados con armas antidisturbios.

En junio, la Defensoría del Pueblo informó haber recibido denuncias sobre 5 casos de violación y más de 100 casos de violencia de género por parte de policías, que incluían bofetadas y abuso verbal. Entre las víctimas había personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT).

La policía detuvo arbitrariamente a cientos de personas, en algunos casos empleando indebidamente una disposición del derecho colombiano que les permite “trasladar” a una persona a un “centro asistencial o de protección” para “su protección” o la de terceros.

Aunque la mayoría de las manifestaciones se desarrollaron de manera pacífica, algunas personas cometieron graves actos de violencia, incluyendo agresiones contra policías y ataques a dependencias policiales. El 29 de abril, varias personas golpearon y abusaron sexualmente a una agente cuando atacaron una estación de policía en Cali. Grupos de manifestantes bloquearon calles y vías por períodos prolongados, lo cual en algunos casos restringió o impidió la distribución de alimentos o la circulación de ambulancias.

Hasta diciembre, dos agentes habían sido acusados y cinco habían sido imputados en relación con homicidios cometidos durante las protestas.

El 21 de marzo de 2020, 24 reclusos murieron y 76 resultaron heridos cuando policías reprimieron los disturbios en la cárcel La Modelo, en Bogotá. En octubre de 2021, la Fiscalía General de la Nación acusó a tres funcionarios penitenciarios por presuntamente haber infligido torturas y otros abusos a internos durante y luego del motín.

Violencia contra activistas comunitarios

Más de 500 defensores de derechos humanos han sido asesinados desde 2016; ello convierte a Colombia en uno de los países con las estadísticas más elevadas de asesinatos de defensores a nivel mundial. Hasta septiembre, la ACNUDH había documentado el asesinato de 58 defensores de derechos humanos en 2021 y se encontraba verificando otros 34 casos.

El 20 de abril, hombres armados mataron a Sandra Liliana Peña, una autoridad de la comunidad indígena nasa en la reserva de Laguna Siberia, en Cauca. Peña había recibido varias amenazas de grupos armados antes de su asesinato.

La mayoría de estos asesinatos ocurrieron en zonas donde son comunes las actividades económicas ilegales, incluyendo, entre otras, la producción y el tráfico de drogas. Estas zonas incluyen los departamentos de Putumayo, Cauca, Valle del Cauca y Nariño en el sur; la región de Catatumbo, en la frontera con Venezuela; y la región del Bajo Cauca.

Colombia ha establecido un amplio conjunto de políticas, mecanismos y leyes para prevenir abusos contra defensores de derechos humanos y otras personas en riesgo. Sin embargo, su implementación ha sido deficiente, en especial la de aquellas medidas que surgieron del acuerdo de paz de 2016. Los programas de protección colectiva creados conforme al acuerdo de paz para comunidades en riesgo y organizaciones de derechos no se habían implementado al momento de redacción de este documento.

La Unidad Nacional de Protección ha otorgado medidas de protección individual a cientos de defensores de derechos humanos que han denunciado amenazas. Estas medidas incluyen teléfonos celulares, chalecos antibalas y escoltas. Pero muchos defensores asesinados no habían denunciado amenazas ni solicitado protección.

El gobierno no ha convocado de forma periódica a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que debe diseñar políticas para desmantelar a los grupos armados responsables de asesinatos de defensores de derechos humanos. La comisión ha conseguido resultados limitados.

Amenazas a la independencia judicial

En agosto de 2020, la Corte Suprema dispuso la prisión preventiva del entonces senador y expresidente Álvaro Uribe, como parte de una investigación para determinar si sobornó a exparamilitares para que cambiaran sus declaraciones en relación con su presunto rol en la creación de grupos paramilitares.

En respuesta, el presidente Iván Duque, aliado de Uribe, y otros líderes de su partido, el Centro Democrático, hicieron declaraciones que parecían estar orientadas a desacreditar o intimidar a la corte y restar legitimidad a la decisión. Algunos propusieron reformar la rama judicial.

Uribe renunció al Senado, y la Corte Suprema, que adelanta las investigaciones que involucran a legisladores, se declaró incompetente en el caso y remitió el proceso a la Fiscalía General de la Nación. En agosto de 2021, el fiscal Gabriel Jaimes pidió que se archivara la causa contra Uribe. A la fecha de redacción de este informe, estaba pendiente una decisión judicial al respecto.

El 2019, un año muy violento para los derechos humanos en Colombia | Noticias ONU
Negociaciones de paz y rendición de cuentas

El acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC estableció la creación de un organismo que se ocuparía de buscar los cuerpos de personas desaparecidas durante el conflicto armado; una Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que juzgaría abusos ocurridos durante el conflicto armado; y una Comisión de la Verdad.

En 2021, la JEP logró avances históricos en la investigación y el juzgamiento de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, así como al ordenar que el gobierno implementara planes establecidos en el acuerdo de paz para proteger a personas en riesgo.

En febrero, la JEP ordenó al gobierno adoptar medidas para proteger a excombatientes de las FARC en riesgo, que incluían fortalecer su respuesta a las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo.

También en febrero, acusó a miembros del ex secretariado de las FARC por su rol en la toma de rehenes y otros delitos relacionados, y concluyó que estos delitos formaban parte de una política de las FARC y constituían crímenes de lesa humanidad. En abril, los comandantes de las FARC reconocieron su responsabilidad por estos crímenes. El acuerdo de paz establece que los acusados que cooperen plenamente con la JEP y confiesen los delitos que cometieron serán pasibles de hasta ocho años de “restricciones a la libertad”, pero no de penas de prisión.

En abril, la JEP reconoció a cinco personas LGBT como víctimas de abusos de las guerrillas de las FARC y soldados del Ejército, y determinó por primera vez que la persecución por motivos de género incluye la persecución basada en la orientación sexual y la identidad de género.

En julio, la JEP acusó a varios oficiales y suboficiales del Ejército por su participación en ejecuciones extrajudiciales, que se conocen como “falsos positivos”, en los departamentos de Norte de Santander, César y La Guajira. Soldados y oficiales, presionados por sus superiores para que demostraran resultados “positivos” e incrementaran el número de bajas, se llevaban por la fuerza a víctimas o las citaban en parajes remotos con promesas falsas, como ofertas de empleo, para luego dispararles y matarlas, colocar armas junto a los cuerpos e informar que se trataba de combatientes enemigos muertos en enfrentamientos. La JEP estima que más de 6.000 personas fueron asesinadas bajo la modalidad de los “falsos positivos” entre 2002 y 2008.

Al menos 19 soldados del Ejército en servicio activo y retirados que declararon ante la JEP han sufrido amenazas y hostigamiento.

En julio, la Fiscalía General anunció que acusaría de homicidio al general Mario Montoya Uribe, que encabezaba el Ejército en la época en la cual se registró el mayor número de “falsos positivos”, entre 2006 y 2008. Sin embargo, un tribunal en Bogotá dictaminó en agosto que la JEP solamente podía acusar a Montoya por delitos relacionados con el conflicto.

El expresidente Uribe dijo en agosto que Colombia necesitaba una “amnistía general” y un “borrón y cuenta nueva”. Posteriormente, propuso reducir las penas de prisión para los soldados y permitir que personas condenadas por algunos delitos se postularan a cargos públicos y ocuparan esas funciones, lo cual podría beneficiar a políticos que han sido condenados por conspirar con grupos paramilitares y otros delitos. Al momento de elaboración de este informe, el proyecto de ley aún no había sido presentado ante el Congreso.

Por disposición legal, la Comisión de la Verdad debía presentar sus conclusiones en noviembre de 2021. Sin embargo, en julio, la organización de derechos Dejusticia pidió a la Corte Constitucional que extendiera el plazo, pues señaló que el trabajo de la comisión había sido obstaculizado por la pandemia de Covid-19. En octubre, la Corte Constitucional otorgó a la Comisión de la Verdad nueve meses adicionales para dar a conocer sus hallazgos.

Desplazamiento interno y restitución de tierras

Desde 1985, la violencia relacionada con el conflicto ha desplazado a más de 8 millones de colombianos, en un país con una población total de 49 millones, según estadísticas gubernamentales.

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (UNOCHA) informó más de 60.000 personas desplazadas entre enero y septiembre de 2021 en “desplazamientos masivos” de 50 o más personas o de 10 o más familias, la cifra más alta que ha registrado esa oficina desde 2012.

Los municipios y los gobiernos departamentales muchas veces no cuentan con fondos para asistir a las personas desplazadas, y en muchos casos la respuesta del gobierno nacional ha sido lenta e insuficiente.

La implementación de la restitución de tierras conforme a la Ley de Víctimas de 2011 sigue siendo lenta. La ley se promulgó para restituir millones de hectáreas que fueron abandonadas por colombianos o robadas a estos durante el conflicto armado. Hasta septiembre de 2021, la justicia había dictado sentencias en apenas 12.300 de las más de 133.000 solicitudes recibidas.

Refugiados, solicitantes de asilo y migrantes

Colombia es hasta el momento el país que ha recibido la mayor cantidad de refugiados, solicitantes de asilo y migrantes venezolanos que huyen de la crisis humanitaria y de derechos humanos en su país. Hasta junio de 2021, más de 1,8 millones de venezolanos vivían en Colombia.

En una decisión histórica adoptada en febrero, el presidente Duque anunció la protección temporal de los venezolanos que viven en Colombia, a quienes otorgó 10 años de estatus legal. El programa sigue abierto a los venezolanos que ingresen legalmente a Colombia antes de junio de 2023.

Entre marzo y abril, más de 5.800 personas, incluidos venezolanos y colombianos que vivían en el estado venezolano de Apure, huyeron al departamento colombiano de Arauca para escapar de los enfrentamientos entre grupos armados y fuerzas de seguridad venezolanas, así como de los abusos de las fuerzas de seguridad, que incluyeron detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales.

Al igual que en años anteriores, miles de migrantes, en su mayoría haitianos, cubanos y africanos, cruzaron el tapón del Darién hacia Panamá como parte de un trayecto con aparente destino a Estados Unidos. Muchos informaron haber sufrido abusos por parte de grupos armados al cruzar el Darién, incluidas violaciones sexuales.


Género, sexualidad y violencia de género

La violencia de género, incluyendo aquella perpetrada por grupos armados, es un problema generalizado en Colombia. La falta de capacitación y la implementación deficiente de protocolos de tratamiento impiden el acceso oportuno a servicios médicos y generan obstáculos para las mujeres y niñas que procuran recibir asistencia o acceso a la justicia luego de hechos de violencia. Los responsables de delitos de género violentos rara vez responden ante la justicia.

En Colombia el aborto es legal cuando la vida o la salud de la persona embarazada están en riesgo, el embarazo es resultado de una violación o el feto presenta complicaciones incompatibles con la vida extrauterina. Pero las mujeres y las niñas que solicitan abortos legales enfrentan numerosos obstáculos.

En septiembre de 2020, la coalición colombiana de organizaciones y activistas de derechos humanos Causa Justa presentó una demanda ante la Corte Constitucional pidiendo que se despenalizara totalmente el aborto. El caso seguía en trámite a la fecha de redacción de este informe.

A pesar de que en Colombia se han establecido protecciones legales sólidas contra la discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género, la Defensoría del Pueblo y las organizaciones de la sociedad civil han alertado sobre los altos niveles de violencia contra personas LGBT.

Derechos indígenas

Las poblaciones indígenas de Colombia padecen niveles desproporcionados de pobreza que les impiden ejercer sus derechos sociales y económicos. En 2021, al menos 32 niños y niñas de menos de cinco años —en su mayoría de comunidades indígenas wayuus— murieron en el departamento de La Guajira por causas vinculadas con desnutrición y acceso limitado al agua potable segura. Las acciones inadecuadas del gobierno para asegurar suficiente atención de la salud, agua y alimentos, además del confinamiento por el Covid-19, han exacerbado la crisis de desnutrición de los wayuus.

Derechos de las personas con discapacidad

En 2019, Colombia adoptó la Ley 1996, que reconoce la plena capacidad legal de las personas con discapacidad. La capacidad legal se considera un derecho mínimo porque es indispensable para el disfrute de los demás derechos, como el derecho a contraer matrimonio, tener una familia, realizar transacciones financieras y ejercer derechos políticos. En 2019, una clínica jurídica y un ciudadano particular impugnaron la constitucionalidad de la Ley 1996. La Corte Constitucional rechazó los recursos en marzo y agosto de 2021.

Políticas sobre cambio climático y su impacto

El plan que adoptó Colombia para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero resulta “muy insuficiente” para alcanzar el objetivo del Acuerdo de París de limitar el calentamiento global a 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales. Por medio del plan, Colombia se compromete a reducir la deforestación a 50.000 hectáreas por año para 2030. Las estadísticas oficiales registraron más de 170.000 hectáreas deforestadas en 2020, si bien los datos preliminares indican que hubo una reducción en el primer trimestre de 2021 en relación con el año anterior.

En la Amazonía se producen dos tercios de la destrucción forestal, impulsada en gran parte por criadores de ganado y disidencias de las FARC que presionan a residentes para que talen los árboles, extorsionan a agricultores, promueven la plantación de cultivos de coca para producir cocaína y amenazan a las personas que apoyan iniciativas de conservación.

A dos años de que el gobierno lanzara la Operación Artemisa contra la deforestación, esta ha conseguido resultados limitados. En julio de 2021, el Congreso aprobó un proyecto impulsado por el gobierno que amplía las sanciones penales para la deforestación ilegal y otros delitos ambientales.

En noviembre, en la cumbre global sobre el cambio climático COP26, que tuvo lugar en Glasgow, el gobierno colombiano se comprometió a que 30 % del territorio del país sea declarado área protegida en 2022. En la actualidad la cifra es de 15 %.

El cambio climático está provocando aumentos de las temperaturas y las sequías —y puede provocar lluvias extremas e inundaciones— que hacen que el gobierno tenga que adoptar medidas para proteger a poblaciones en riesgo ante daños que es previsible que sufran. La respuesta inadecuada de las autoridades ante las sequías prolongadas en el departamento de La Guajira ha menoscabado el acceso de las comunidades indígenas wayuus a alimentos y agua, y ha aumentado los índices de muertes por desnutrición infantil.

Actores internacionales clave

Estados Unidos es el actor extranjero con mayor influencia en Colombia. Para el año fiscal 2021, aprobó una asistencia financiera de USD 461 millones. A pesar de que parte de la asistencia militar estadounidense está supeditada a requisitos en materia de derechos humanos, el Departamento de Estado de Estados Unidos no ha exigido rigurosamente su cumplimiento. En julio de 2021, el Departamento de Estado señaló que Colombia había cumplido con las condiciones de derechos humanos al emplear “métodos efectivos” para prevenir ataques contra defensores de derechos humanos, lo cual, como ha demostrado Human Rights Watch, no es cierto.

En enero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exhortó a Colombia a proteger al periodista de investigación Ricardo Calderón. La comisión indicó que Calderón había sido objeto de amenazas, vigilancia y un plan para asesinarlo, pero que las autoridades no habían actuado para que los responsables respondieran ante la justicia.

En agosto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que Colombia era responsable del secuestro y la violación sexual de la periodista Jineth Bedoya mientras investigaba violaciones de derechos ocurridas en la cárcel La Modelo en Bogotá. Durante una audiencia en marzo, un representante de Colombia pidió que se recusara a la mayoría de los jueces y se retiró de la audiencia alegando que no había “garantías” para un proceso justo. Sin embargo, la corte rechazó el pedido de recusación e indicó que este parecía tener la intención de frustrar el trabajo de la corte.

En junio, la Comisión Interamericana visitó Colombia para documentar abusos ocurridos en el contexto de las manifestaciones de 2021. En julio, concluyó que la policía había cometido “graves violaciones a los derechos humanos” y anunció un mecanismo especial para dar seguimiento a la situación en Colombia.

En agosto, Colombia ofreció acoger hasta 4.000 personas afganas en riesgo de manera temporal para posibilitar que EE. UU. tramitara su admisión a ese país.

En octubre, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional concluyó su examen preliminar sobre Colombia tras llegar a un “acuerdo de cooperación” con el gobierno. A través del acuerdo, el gobierno se compromete a proteger a la JEP, asegurar que cuente con un presupuesto adecuado y garantizar su independencia.

A pedido del gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas creó una misión política en 2016 para dar seguimiento al acuerdo de paz con las FARC y verificar su implementación. En mayo de 2021, el Consejo de Seguridad amplió el mandato de la misión e incluyó en el mismo la verificación del cumplimiento de sanciones que establezca la JEP. En octubre de 2021, el consejo prorrogó el mandato de la misión hasta octubre de 2022.

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