A pocos días de la primera vuelta presidencial, el expresidente Álvaro Uribe Vélez lanzó una advertencia pública que encendió el debate político: aseguró que la elección del senador Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, podría provocar una reacción internacional de gran envergadura por el manejo de la seguridad y el narcotráfico.
Uribe vinculó su alerta al incremento que, según él, ha tenido la producción de cocaína en los últimos años y a lo que considera una política de seguridad permisiva por parte del actual gobierno y sus aliados. Desde su posición como líder del Centro Democrático y promotor de la candidatura de Paloma Valencia, el exmandatario expresó su temor de que esa situación “ofenda” a Estados Unidos y derive en una intervención similar a la que afectó a Venezuela en enero de 2026.
El término que empleó el expresidente para describir esa hipótesis conocido en el debate público como “madurazo” remite a la operación internacional que culminó con la captura y extradición del exgobernante venezolano, un episodio que Washington justificó por cargos relacionados con narcotráfico y terrorismo. Para Uribe, la posibilidad de un escenario análogo en Colombia sería consecuencia directa de una supuesta tolerancia frente a las estructuras criminales.
En su intervención, el exjefe de Estado también advirtió a grupos armados ilegales mencionando al ELN, a disidencias de las Farc y a organizaciones como el Clan del Golfo, que no depositen su confianza en un eventual gobierno de Cepeda, pues, afirmó, la presión internacional podría llevar a decisiones drásticas que afectarían a esas organizaciones.
Las reacciones no se hicieron esperar. Iván Cepeda rechazó las imputaciones y calificó las afirmaciones de Uribe como parte de una campaña de difamación destinada a debilitar su candidatura; defendió, además, su apuesta por la negociación como herramienta para reducir la violencia y cerrar ciclos de conflicto. El presidente Gustavo Petro respondió recordando el uso de la extradición en administraciones anteriores y acusó al expresidente de instrumentalizar ese mecanismo para ocultar episodios del pasado relacionados con el paramilitarismo.
El intercambio de señalamientos introdujo en la campaña un debate sobre soberanía, memoria histórica y la relación con potencias extranjeras. Analistas y observadores advierten que este tipo de advertencias pueden intensificar la polarización, condicionar la agenda del próximo gobierno en materia de seguridad y afectar la percepción ciudadana sobre la capacidad del Estado para gestionar presiones externas.
Más allá de la confrontación retórica, el episodio plantea preguntas concretas sobre prioridades de política pública: cómo enfrentar el narcotráfico sin comprometer la autonomía del país, qué papel deben jugar actores internacionales en asuntos de seguridad regional y hasta qué punto la retórica electoral puede influir en la agenda internacional.
En la recta final hacia las urnas, las campañas buscan consolidar apoyos mientras la opinión pública evalúa no solo propuestas económicas y sociales, sino también garantías sobre la defensa de la soberanía y la estabilidad institucional. Verifique siempre los hechos con fuentes confiables antes de compartir o difundir declaraciones que puedan alterar el clima político.
