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Gobierno de Chile dice que acusación contra Piñera es un “golpe de Estado blanco”

La acusación constitucional presentada por la oposición contra el presidente de Chile, Sebastián Piñera, es un golpe de Estado blanco que daña la institucionalidad, señaló este miércoles el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio.

“Esta acusación es una especie de golpe blanco que daña la institución de la Presidencia”, afirmó el ministro en conferencia de prensa.

El vocero criticó la presentación del documento que hicieron en conjunto todos los partidos de la oposición tras la aparición de Piñera en la investigación de los Pandora Papers, afirmando que es “una acusación sin fundamentos que se hace cargo de una falsedad”.

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“Lo mencionado en los Pandora Papers ya fue investigado, acá no hay nada nuevo, los parlamentarios que presentan esta acusación sin fundamento están pensando en las elecciones (parlamentarias y presidenciales del 21 de noviembre) con tal de ganar un par de votitos”, dijo.

Asimismo, agregó que “esto es lo peor de la política, esperamos que los parlamentarios no se hagan parte de esto, que generará un clima de inestabilidad e impedirán que en marzo se produzca un traspaso de mando tranquilo y republicano”.

La denuncia fue ingresada al Congreso por todos los partidos de oposición acusando al mandatario de infringir gravemente la constitución en su deber de mantener el principio de probidad y transparencia, de comprometer el honor de la nación y de no garantizar un medioambiente libre de contaminación

El 3 de octubre el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés) publicó una investigación denominada Papeles de Pandora en que se acusa a distintos líderes mundiales de esconder sus fortunas para no pagar impuestos en sus respectivos países.

En ella se demostró que en 2010, mientras ejercía su primer mandato (2010-2014), las empresas de Piñera vendieron la propiedad de uno de los proyectos mineros más importantes y ambiciosos del último tiempo en el país, Minera Dominga, en una transacción realizada en territorio de las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal.

Las empresas del presidente, administradas por sus propios hijos, vendieron su parte del proyecto a Carlos Délano, uno de los empresarios más importantes del país y el mejor amigo del mandatario.

La investigación reveló además que una de las condiciones para realizar la transacción era que el terreno donde se emplaza el proyecto no fuera declarado reserva natural, una decisión que depende del mismo presidente de la República y que hasta la fecha no ha ocurrido.

El mandatario se defendió diciendo que nunca supo de esta transacción, argumentando que al asumir como presidente entregó todas sus empresas a un fideicomiso ciego para evitar eventuales conflictos de interés.

La Fiscalía decidió abrir una investigación contra el presidente Piñera bajo sospecha de los delitos de cohecho, soborno y delitos tributarios. 

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