El gobierno de Estados Unidos anunció la inclusión del presidente Gustavo Petro, su esposa Verónica Alcocer y su hijo mayor, Nicolás Petro, en la llamada Lista Clinton, una medida que marca un precedente sin antecedentes en la historia reciente de Colombia y que abre una fuerte tensión diplomática entre ambos países.
La decisión fue comunicada este viernes por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, que señaló al mandatario y a su círculo cercano de “facilitar o tolerar actividades vinculadas al narcotráfico y al lavado de activos”.
Según el documento oficial, la administración Petro habría “permitido el fortalecimiento de organizaciones criminales dedicadas a la exportación de cocaína hacia territorio estadounidense”, una acusación que el gobierno colombiano calificó como “infundada y política”.
“Colombia no acepta presiones ni estigmatizaciones. Nuestro compromiso con la paz y la sustitución de economías ilícitas es real”, respondió el presidente Petro en su cuenta de X, horas después de conocerse la medida.
Qué implica la Lista Clinton
La llamada Lista Clinton —creada en 1995 durante la presidencia de Bill Clinton— es una herramienta que permite al gobierno de Estados Unidos sancionar a individuos y empresas acusadas de colaborar con el narcotráfico. Quienes ingresan a la lista quedan con sus bienes congelados en territorio estadounidense y se les prohíbe realizar transacciones financieras con ciudadanos o compañías de ese país.
Además del impacto económico directo, la inclusión conlleva un aislamiento internacional: bancos y entidades financieras alrededor del mundo evitan cualquier vínculo con los sancionados para no exponerse a represalias del sistema financiero estadounidense.
“Es la sanción más fuerte que Estados Unidos puede aplicar sin romper relaciones diplomáticas”, explicó un analista en Washington. “Afecta no solo las cuentas o negocios, sino la reputación internacional de quien es incluido”.
Reacciones y consecuencias
La decisión generó una oleada de reacciones políticas dentro y fuera de Colombia. Desde el Congreso estadounidense, el senador republicano Bernie Moreno aseguró que “lo que tenemos en Colombia es un presidente que fue elegido con ayuda de estructuras criminales”, mientras sectores afines al presidente Petro en América Latina la calificaron como una maniobra política.
En Colombia, la oposición exigió explicaciones al Palacio de Nariño sobre los posibles impactos económicos y diplomáticos. Varios expertos advirtieron que la medida podría afectar programas de cooperación bilateral, fondos para sustitución de cultivos y acuerdos de extradición.
“Estamos ante una crisis diplomática de gran magnitud. Es la primera vez que un presidente en ejercicio de Colombia es sancionado bajo este tipo de figura”, señaló un exembajador colombiano en Washington.
Un antecedente lejano
Aunque ningún mandatario colombiano había sido formalmente incluido en la Lista Clinton hasta ahora, el país tiene un antecedente que marcó su relación con Estados Unidos: en 1996, durante el gobierno de Ernesto Samper, Washington descertificó a Colombia como país cooperante en la lucha contra las drogas, tras el escándalo de financiación del Cartel de Cali en su campaña presidencial.
También existen reportes de inteligencia de 1991, desclasificados años después, que mencionaban al entonces senador Álvaro Uribe Vélez en documentos internos estadounidenses como “importante político vinculado a redes del narcotráfico”, aunque nunca fue objeto de sanciones ni de inclusión oficial en esa lista.
Crisis abierta
La inclusión del presidente Petro y su familia en la Lista Clinton deja a Colombia frente a una de las crisis diplomáticas más delicadas de las últimas décadas. A nivel interno, plantea interrogantes sobre la legitimidad del gobierno y el futuro de la cooperación internacional; en el exterior, pone a prueba la relación con su principal aliado en materia de seguridad y lucha antidrogas.
Mientras tanto, la Casa Blanca insistió en que “la medida no está dirigida contra el pueblo colombiano, sino contra individuos responsables de facilitar actividades ilícitas”.
El gobierno colombiano anunció que pedirá explicaciones formales a través de su embajada en Washington y que iniciará una defensa jurídica internacional para revertir la decisión.
“Defenderemos el nombre de Colombia y de su democracia”, aseguró Petro. “Este país no será humillado ni gobernado desde el extranjero”.
