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Gobierno español ve insuficientes las palabras sobre víctimas de ETA y pide acciones

El gobierno español percibe como "insuficiente" la actitud del representante de la izquierda independentista vasca Arnaldo Otegi frente a las victimas de la banda terrorista ETA.

El Gobierno de España considera que las palabras del dirigente de la izquierda independentista vasca Arnaldo Otegi sobre las víctimas de la banda terrorista ETA son insuficientes y reclamó más acciones.

“Consideramos que es un paso insuficiente, que además deberían pedir perdón y que han de pasar de la palabra a los hechos”, afirmó durante la rueda de prensa semanal tras el Consejo de Ministros la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez.

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Otegi, coordinador general de la formación independentista vasca EH Bildu, reconoció este lunes el dolor de las víctimas de ETA y afirmó que “nunca debió haberse producido”, unas palabras inéditas en ocasión del décimo aniversario del cese de la violencia por parte del grupo terrorista.

Desde el Gobierno valoraron el gesto, pero exigieron que Bildu también se oponga a los homenajes que todavía se hacen a los miembros de ETA condenados cuando salen de prisión.

Rodríguez lamentó que las manifestaciones en honor a los etarras contribuyen a “revictimizar a los que padecieron” los actos terroristas de la banda.

“Creemos que los gestos están bien, pero deben ir mucho más allá y desde luego hay que pedir perdón por ese dolor y no participar de este tipo de manifestaciones”, insistió la portavoz del Gobierno español.

El Gobierno de España se sitúa así del lado de las víctimas de ETA, que a través de las diversas asociaciones que existen en España coincidieron en exigir hechos en vez de palabras a la izquierda independentista vasca.

Euskadi Ta Askatasuna (ETA, “País Vasco y libertad” en vasco) anunció el fin de la acción armada el 20 de octubre de 2011 y se disolvió definitivamente en mayo de 2018 sin haber alcanzado sus objetivos políticos.

Se calcula que sus integrantes asesinaron a 864 personas entre 1968 y 2010, la mayoría en la región del País Vasco y muchas de ellas miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado

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