El debate sobre la política agraria en Colombia atraviesa un momento de confrontación respecto al manejo de la tierra y los fondos destinados al desarrollo rural. Mientras los sectores críticos alertan sobre un retroceso en las garantías para el campesinado, la administración liderada por Lina María Garrido en la Agencia Nacional de Tierras (ANT) sostiene que el enfoque actual busca subsanar inconsistencias pasadas y asegurar la entrega formal de la propiedad.
Felipe Harman, exdirector de la entidad, cuestionó con dureza las medidas recientes sobre la adquisición de predios y los recortes en la inversión agrícola. Según sus declaraciones, la decisión de suspender compras de terrenos frena los avances sociales y afecta la implementación de los compromisos adquiridos con las comunidades del país.
“Le ha declarado la guerra a los campesinos de Colombia con el primer anuncio de suspender la adquisición de tierras para campesinos y comunidades étnicas. La única conclusión es volver a hacer trizas el acuerdo de paz y desconocer la responsabilidad del Estado en su implementación.”
Por su parte, la dirección de la Agencia Nacional de Tierras desestimó las acusaciones e indicó que durante la gestión anterior se presentaron incumplimientos significativos en las metas de entrega. Desde la entidad señalaron que los ajustes presupuestales responden a la necesidad de controlar el gasto operativo para concentrarse en la titulación real.
“Esa es la verdadera reforma: no la del derroche, no la de gastarse medio billón de pesos en contratación de OPS, no la de gastarse 40.000 millones en 6 meses en logística, sino de verdad entregar formalización y titulación a los campesinos que hoy necesitan ser propietarios.”
En términos financieros, la Agencia Nacional de Tierras administró un presupuesto histórico superior a los 9 billones de pesos entre 2023 y 2026. Sin embargo, los ajustes anunciados al sector agropecuario contemplan un recorte del 32 % en la inversión proyectada y la no renovación de más de 10.000 contratos de prestación de servicios (OPS), medida con la que se busca generar un ahorro de 540.000 millones de pesos en gastos de funcionamiento para sanear compromisos financieros pendientes, los cuales ascienden a 1,4 billones de pesos en compras de predios no liquidadas.
La llegada de Lina María Garrido a la dirección general de la ANT mediante el Decreto 1149 marca un giro en la agenda institucional, priorizando la seguridad jurídica en zonas clave del país como la Altillanura. El nuevo equipo directivo, con nombramientos estratégicos en la Dirección de Acceso a Tierras, busca reorientar los esfuerzos hacia el ordenamiento de la propiedad rural y el diálogo con sectores productivos, asegurando que los títulos entregados cuenten con el debido respaldo técnico y legal.
El balance en la entrega de terrenos evidencia una marcada brecha entre la gestión del suelo y la propiedad definitiva. Pese a que los reportes oficiales registran más de 1,5 millones de hectáreas formalizadas y regularizadas en distintas regiones del país, los informes de auditoría del sector señalan que, frente a la meta trazada de adquirir 3 millones de hectáreas, las compras directas con título saneado y adjudicación efectiva alcanzaron cerca de 99.000 hectáreas, cifra que sustenta el giro institucional hacia la titulación sobre predios existentes en lugar de la adquisición de nuevos terrenos.
Este reordenamiento ocurre en medio de la reorganización presupuestal del sector agricultura, donde la redistribución de recursos hacia la inclusión financiera y el crédito del fomento agrario genera encontradas opiniones. El choque institucional evidencia dos modelos opuestos para la transformación del campo colombiano: uno centrado en la adquisición directa de tierras y otro volcado hacia la austeridad, el ordenamiento jurídico y la titulación efectiva de los predios existentes.
