Hoy se aprobó en último debate el proyecto de ley de segunda vuelta para elegir alcalde de Bogotá desde el año 2023.
La iniciativa motivada por los parlamentarios Juan Carlos Lozada (Liberal) y Jose Daniel López (Cambio Radical), contó con el apoyo de la mayoría de las bancadas y vio la luz en el octavo debate que se celebró este martes.
De acuerdo con el congresista López, la decisión se da con el fin de que Bogotá cuente con alcaldes mayoritarios y más legítimos puesto que, según él, “es increíble que una ciudad de cerca de 8 millones de habitantes haya tenido alcaldes con menos de 1 millón de votos”.
Y no se equivoca en el dato, de hecho la elección de los cuatro últimos alcaldes como Luis Eduardo Garzón (Polo Democrático Independiente) se dio con 800 mil votos, la de Samuel Moreno (Polo Democrático Alternativo) con 915 mil, Gustavo Petro (Progresistas) con poco más de 700 mil y la de Enrique Peñalosa (Movimiento Equipo por Bogotá) fue de 906 mil.
Así las cosas, con la segunda vuelta, Bogotá tendría alcaldes mayoritarios que prestarán su atención y energía, no en su defensa política, sino en los problemas que le interesan a los bogotanos.
La iniciativa no aplica para cargos a Concejo o Juntas Administradoras Locales o ciudades en otras regiones, puesto que Bogotá tiene régimen propio establecido en la Constitución. “Así pues, es completamente lógico que Bogotá cuente con unas reglas de juego específicas para la elección de su alcalde de mayor“, comenta el legislador por el partido Cambio Radical.
Críticas a la iniciativa
Parte de los cuestionamientos que tuvo este proyecto de ley, que ahora pasará a sanción presidencial, estuvo relacionado con los costos presupuestales que asumirán los capitalinos.
Al respectos los legisladores que impulsaron el proyecto arguyen que “esta segunda vuelta costará cerca de 40 mil millones de pesos, pero este costo en determinados casos podría terminar siendo un ahorro, si se tiene en cuenta que un proceso de revocatoria de mandato (como los que se han intentado) tiene un costo extra asociado a la verificación de las firmas recolectadas, y tendría un costo doble si en la revocatoria se decidiera una nueva elección de alcalde”.
La decisión entrará en vigencia a partir de las elecciones del año 2023.
