Por: Alejandra González
Dos caras de una misma moneda: consumidores y empresas legalmente autorizadas para la venta de GLP, víctimas de la ilegalidad en la industria.
El Gas Licuado del Petróleo (GLP) es un combustible de consumo humano, obtenido por medio de la mezcla de butano y propano en procesos de extracción, separación y refinación. Sus usos en el hogar, la industria, el transporte y la agricultura lo han convertido en un producto importante dentro de la canasta energética nacional, no obstante, la ilegalidad ha impactado el sector convirtiéndose en un problema de seguridad pública y afectando el mercado legal.
Según el informe anual de GLP 2022 entregado por GASNOVA, un gremio de empresas dedicada a la distribución de este combustible en el país, “en el primer semestre de 2022 el consumo alcanzó un promedio mensual de 60,8 mil toneladas mes, 2,8% más que el promedio mes del primer semestre de 2021 (59,1 mil toneladas promedio mes)”, estas cifras indican que, el consumo nacional de GLP en el país es cada vez mayor. Sin embargo, los altos precios y la inequidad de presupuesto para acceder a este servicio han puesto a competir al sector contra la ilegalidad.
La rentabilidad; pilar de la ilegalidad
Jorge García (nombre sustituido por petición de la fuente), investigador experto en ilegalidad y seguridad de GLP, sostiene que “Hay muchas empresas que son legales, compran el GLP a Ecopetrol y se lo venden a ilegales, por su parte, los distribuidores ilegales al comprar este insumo más barato, lo ofertan al público a precios más bajos en comparación con los precios ofrecidos en el comercio legal”, es por ello que la ilegalidad se convierte en un negocio rentable.
De acuerdo con García, la gente acude a la ilegalidad por dos razones: la rentabilidad y el desconocimiento, en el caso de la primera, por precios más asequibles y en el caso de la segunda, porque las personas creen las mentiras que sus distribuidores alegan como la seguridad del producto, la normalidad del proceso y la responsabilidad que asumirán en caso de fuga o riesgo.
“De las cinco pipetas que compran ellos, nos venden en cantidades de $10.000, $20.000, $30.000 según lo que pese y uno desee comprar” afirma Nayib Alemán, vendedora ambulante y una de las consumidoras de GLP en el comercio ilegal, quien a su vez, admite desconocer que se trata de un servicio prestado de forma ilícita, pues asegura que su venta bajo esta modalidad es muy común en el medio y sobre todo muy beneficiosa para el trabajo al que se dedica.
Del beneficio solo queda la estafa
Del producto que sale de una empresa legalmente constituida en el sector, se puede garantizar la calidad, seguridad y medida exacta durante la prestación del servicio. Los cilindros en planta se llenan a través de procedimientos y de máquinas especiales que garantizan el cumplimiento en la medida y peso exacto del gas, los distribuidores ilegales lo hacen “al tanteo” es decir, a la medida que ellos consideren y eso es estafa porque no le están dando el producto completo a sus consumidores.
En un caso común dentro de este mercado, los ilegales registran a nombre propio sus marcas y trabajan para ella, consiguen el GLP y empiezan a distribuirlo, cuando el proceso de trasvase se realiza de carro tanque a cilindros o de cilindros a cilindros (colocando de arriba hacia abajo los cilindros, usando una manguera y dejando correr el líquido por gravedad) lo único seguro es la inexistencia de una venta honesta del producto.
Del desconocimiento al riesgo
Existe un gran riesgo del que son víctimas las personas que acuden al mercado ilegal, un problema de seguridad pública sobre el que no se ha puesto la lupa aún y que no se maneja con la rigurosidad y el interés que merece.
Según el profesional en seguridad y salud, Diego Cruz, quien trabaja para una empresa del sector de hidrocarburos, el GLP está catalogado como un combustible peligroso químicamente, ya que, el uso en condiciones inadecuadas de la sustancia puede producir diferentes tipos de riesgo a las personas que lo manipulan y al medio ambiente, “desde el área de prevención de riesgos e impactos ambientales se identifica el GLP como un factor de riesgo que puede materializarse en emergencias como: fugas, ignición, explosión o incendio si no se administra de forma responsable”.
Una gran consecuencia del desconocimiento de las características, componentes y alcances que tiene el gas licuado del petróleo en condiciones no seguras es la incapacidad para percibir los riesgos a los que se enfrentan las personas cuando acuden a la ilegalidad. “Cuando se comercializa el GLP de forma ilegal no se cumplen con ciertas normas y series de parámetros de seguridad al momento de manipular, transportar o almacenar este producto, para estos procedimientos se necesita conocimiento y competencias, las cuales por motivos claros no tendrá una persona que no está autorizada para prestar el servicio”, agrega Cruz.
De igual forma, los equipos que se usan en la ilegalidad para almacenar este producto dudosamente cumplen con estándares y certificados de seguridad, por un lado, con el mantenimiento periódico al que deben someterse, por otro lado, con las condiciones ambientales en las que debe reposar el gas y por último con las sustancias que no se puede mezclar y/o entrar en contacto. De esta forma se expone a las personas a impactos mucho más graves.
A falta de normatividad, vigencia de ilegalidad
La Comisión de Regulación de Energía y Gas en ejercicio de las atribuciones legales conferidas por la Ley 142 de 1994 expidió la resolución 023 de 2008, la cual establece el Reglamento de Distribución y Comercialización Minorista de Gas Licuado de Petróleo, normatividad que deben acoger y aplicar las empresas que se dedican a la distribución de GLP en el país, garantizando el cumplimiento de los objetivos del reglamento entre los cuales se encuentran: asegurar que la prestación del servicio de gas sea únicamente por empresas debidamente constituidas y registradas ante la Superservicios; garantizar la prestación de un servicio seguro y de calidad a los usuarios; crear las condiciones y los instrumentos para la operación eficiente y segura en la distribución de este servicio; exigir las normas y especificaciones técnicas que sean aplicables a las actividades que comprenden la distribución de GLP.
Sin embargo, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios), encargada del control interno del GLP, investiga y contrarresta la ilegalidad únicamente en las empresas legalmente constituidas, pues no existe un marco normativo donde se encuentre tipificado el delito de venta ilegal de GLP por distribuidores no autorizados. De acuerdo con el experto en ilegalidad y seguridad, no hay un ente rector para investigar a los ilegales y esto no es competencia de la Superservicios, por tal motivo, la única acción legal queda en manos de la Policía y la Fiscalía.
El efecto sobre las empresas
En el mercado ilegal lo más importante es la venta y el lucro económico que se obtiene de ella. El artículo 9 de la resolución 023 de 2008 dicta las obligaciones que deben atender los distribuidores en el envasado de cilindros, y de acuerdo con él, es prohibido recibir, tener o transportar cilindros de propiedad de otra marca. No obstante, este delito es el causante de una de las problemáticas más graves para las empresas legales: la pérdida de los cilindros. Antes del año 2008, los cilindros que contenían este hidrocarburo le pertenecían a las personas, pero a partir de la fecha, cada una de las empresas legales tuvo que registrar su marca y comercializar el gas con cilindros propios, pero dentro de la ilegalidad este recurso desaparece en masa. Este es el ejemplo de Inversiones GLP, una empresa comercializadora de gas, que actualmente registra alrededor de 200.000 mil cilindros desaparecidos en el departamento de Cundinamarca, una cifra que tiene en alerta a los gremios del sector.
Por su parte, la usurpación de marcas y patentes sancionada en el artículo 306 del código penal, es otra de las formas de ilegalidad que perjudica a las empresas, esta se caracteriza por usar de forma fraudulenta la marca o colorimetría registrada por una empresa para transportar y/o distribuir GLP sin autorización. Y, por otro lado, el daño a bien ajeno, cuando dañan los cilindros lijando el collarín que contiene el nombre de identificación del prestador del servicio.
Para finalizar, los efectos sobre la economía de las empresas y de quienes viven del comercio de GLP son claros: pérdidas. Para Antonio Parra, contratista de una multinacional que presta el servicio de GLP en el país y quien trabaja como distribuidor autorizado de este insumo en municipios y veredas de Boyacá, desde hace años las ventas disminuyeron en gran porcentaje, pasó de vender aproximadamente 30 cilindros diarios a 12 y una las causas fue la incursión de la ilegalidad, ha tenido que responder por cilindros que le han sido robados y además, en el ejercicio de la competencia ha optado por disminuir el precio del combustible con tal de no perder los clientes.
El mercado ilegal de GLP en Colombia se ha expandido en niveles considerables producto de la no existencia de normas que sancionen a los responsables de este delito. Es evidente que la venta y distribución ilegal de gas no solo amenaza la integridad, el ejercicio y la economía de la industria, sino que también representa un riesgo significativo para la ciudadanía y el medio ambiente.
Mantener este fenómeno a la sombra solo ha permitido la incursión de nuevos distribuidores ilegales, además de, la normalización de este problema.
Tras la huella de la ilegalidad
El siguiente audiovisual recoge toda la información que permite situar y contextualizar la distribución y venta ilegal de gas licuado de petróleo en Colombia.
