Por: Varely Ojeda – Gabriela Torres
La inseguridad en la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá se desbordó, los habitantes de esa zona de la ciudad viven intranquilos luego de los diferentes hechos de orden público del último mes, además del atentado del 5 de marzo al CAI de Sierra Morena (del cual no se tienen informes de los últimos avances en las investigaciones ), se suma la muerte de dos taxistas el 23 y 24 del mismo mes y el atentado del 26 en el CAI de Arborizadora Alta, este último se lo atribuyen al frente E33 de las disidencias de las Farc.
De acuerdo con lo anterior, esta semana se realizó el Consejo de Seguridad entre Alcaldía Mayor de Bogotá y Gobierno Nacional. En ese espacio se tomaron algunas medidas, entre ellas aumentar el cuerpo policial con mil uniformados para el mes de mayo, instalar puestos de control de la Policía Nacional y el Ejército alrededor de Bogotá y la ejecución del Plan Mil, enfocado en desarticular 36 grupos delincuenciales.
Pese a ello, para la concejal Lucía Bastidas Ubaté, cabildante por el Partido Alianza Verde, las medidas se tomaron tarde, según ella el “capricho y la terquedad” de la alcaldesa Claudia López no le permitieron reconocer el llamado de algunos concejales para que el Ejército acompañara la ciudad.
Y es que la Defensoría del Pueblo lanzó el 31 de mayo de 2021 una Alerta Temprana sobre la presencia de las FARC y el ELN, en la que alude a la localidad número 19 (Ciudad Bolívar) de Bogotá como una de las zonas geográficas de riesgo, precisamente cita la UPZ Arborizadora.
¿Por qué esa localidad es objetivo de estos atentados?
Para el docente y politólogo Gonzalo Ortiz, aunque no hay un reconocimiento oficial del porqué en esa zona, sí es seguro que tuvo el propósito de llamar la atención, de “poner a la ciudadanía a pensar (…) Hay algún interés, no fue gratuito. El atentado quería causar un impacto mediático y lo logró, el despliegue que se le ha dado es enorme” asegura Ortiz. En este mismo orden, considera que “seguramente el autor de los hechos pensó que los muertos no iban a ser muchos, pues estamos hablando de un sitio desolado en el que a esas horas de la noche no hay tanta gente”.
Por el contrario, Lucía Bastidas piensa que “quienes lo hicieron tenían claridad sobre lo que iban a hacer, habían medido el riesgo y el resultado fue la masacre de dos niños. Esta zona es netamente comercial, a pocos pasos hay un parque. Vi algunos videos en redes sociales y ese tipo observó quienes estaban alrededor, niños y adultos”.
Si este acto terrorista quería llamar la atención, ¿a quién le conviene y para qué?
Ortiz considera que este hecho obedece a la campaña política, ya que en “épocas electorales es común este tipo de cosas. Esto tiene que favorecer a uno o a otro sector, alguien lo va a explotar de alguna manera. Busca inclinar la balanza hacia un lado en las elecciones del 29 de mayo”.
Por su parte, la cabildante apunta que esto “se ha visto siempre en el país, tiene que ver con la campaña política y quiere generar miedo en la población”.
Desde la normativa que existe ¿cuál es el paso a seguir?
“Buscar justicia para saber quién fue, por qué y quiénes lo financiaron. Se ha visto que el vandalismo ha crecido en localidades como Kennedy y Usme, eso está planeado, organizado y financiado, por lo que se necesitan resultados en prevención, saber cuáles son los autores materiales y quiénes son los que desde arriba ayudan a estos grupos de terrorismo urbano”, asegura Bastidas. La concejal reconoce que la política de las recompensas falló porque no está previniendo el crimen, algo en lo que se debe trabajar.
Sin embargo, entre las medidas pactadas en el Consejo Nacional de Seguridad, la recompensa de alias “Jhon Mechas”, comandante de las disidencias de las FARC, aumentó a 5 mil millones de pesos.
La alcaldesa reconoce el hecho como una amenaza de seguridad nacional, por lo tanto, para reforzar la seguridad de la capital se adoptó un Plan Escudo, el cual instaló puestos de control de Policía y Ejército alrededor de la ciudad como filtro externo. Internamente se ubicaron 20 puntos de inspección policial, además; la Unidad de Información y Análisis Financiero rastreará movimientos inusuales de dinero para reportarlos al Comité Conjunto de Lucha contra Amenazas Terroristas.