Colombia, 28 de mayo 2026 – A menos de una semana de las elecciones presidenciales, la campaña del candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, quedó bajo el escrutinio del Consejo Nacional Electoral (CNE). La entidad confirmó la recepción de dos denuncias formales que señalan al aspirante de realizar actos públicos multitudinarios, lo que representaría una presunta violación a las restricciones normativas establecidas para la recta final de los comicios.
El eje de la controversia es el Decreto 188 de 2026, expedido por el Ministerio del Interior. En su artículo sexto, la norma establece una regla clara: desde el lunes 25 de mayo hasta el lunes 1 de junio, las campañas tienen permitido realizar reuniones de carácter político exclusivamente dentro de recintos cerrados. Las quejas ciudadanas que llegaron a la autoridad electoral apuntan a que los eventos recientes de Cepeda y su fórmula vicepresidencial, Aída Quilcué, habrían desestimado esta directriz.
La llegada de estos recursos legales generó un contraste en las declaraciones oficiales del CNE durante la jornada del 27 de mayo. A primera hora, el presidente del tribunal, Cristian Quiroz, afirmó ante los medios que no se había radicado ninguna solicitud de investigación contra el candidato de izquierda e hizo un llamado general a respetar las reglas del juego democrático. Sin embargo, hacia el mediodía el panorama cambió. José Antonio Parra, director de Vigilancia e Inspección Electoral, confirmó que los documentos ingresaron al sistema y ya fueron repartidos a los despachos de los magistrados, quienes tendrán la tarea de determinar si existió alguna falta.
Los expedientes documentan dos episodios puntuales. El primero, radicado a las 11:43 a. m. por el ciudadano Gabriel Guillermo Garrido, solicita que se investiguen las actividades celebradas ese mismo 27 de mayo en el Centro de Convenciones Los Libertadores, en Arauca. El denunciante sostiene que, a través de redes sociales, quedó en evidencia una fuerte concentración de simpatizantes y despliegue de propaganda en favor de la campaña.
Apenas veinte minutos después, un segundo documento firmado por Santiago Arango puso la lupa sobre la agenda que el candidato desarrolló el 25 de mayo en Sincelejo, Sucre. El texto pide evaluar un acto político que tuvo lugar en el polideportivo de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Sucre (Ades), señalando que el evento se presentó como un respaldo electoral abierto y contó con una asistencia masiva.
Ante los señalamientos, las voces de respaldo a la campaña no se hicieron esperar. Gustavo Bolívar, excongresista y antiguo director del Departamento de Prosperidad Social, desestimó las acusaciones argumentando que los encuentros cumplen estrictamente con la norma de realizarse en lugares cerrados. Según explicó, la magnitud de los eventos responde al alto volumen de simpatizantes que buscan ingresar, lo que los ha obligado a alquilar espacios privados con aforos de hasta 3.000 personas.
El futuro de estas denuncias está ahora en manos de la sala plena del CNE, que deberá cotejar las pruebas y definir en tiempo récord si las concentraciones en Sucre y Arauca rebasaron los límites de la ley electoral.
