Por: Sonia Milena Torres
El pasado 12 de abril el Gobierno Nacional aprobó el Decreto 538 de 2020 por el cual se adoptan medidas en el sector salud para contener y mitigar la pandemia de COVID-19 y garantizar la prestación de los servicios de salud, en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica, sin embargo, los médicos de Colombia no están de acuerdo con dicha medida, así lo dio a conocer la Sociedad Colombiana de Médicos Generales (Socomeg), mediante un comunicado dirigido a la Presidencia de la República.
En el documento se expresa que “El personal de salud, representado por las organizaciones identificadas en este comunicado, rechaza categóricamente el decreto 538 del 2020, expedido el día de hoy, que busca forzar a los profesionales y trabajadores de la salud a concurrir a la atención de la pandemia sin contar con los recursos adecuados de bioseguridad y condiciones laborales dignas”, además dejan en claro que no están de acuerdo con incluir al personal en formación porque no tienen las competencias profesionales para hacer frente a la pandemia.
Y es que la situación de los profesionales de la salud frente al COVID-19 no es la mejor. Hasta la fecha ya se ha presentado la muerte de dos médicos y un conductor de ambulancia en medio del hervor de la pandemia y aún denuncian que no tienen garantías laborales ni de seguridad, y que en varias ocasiones han enviado comunicados al Gobierno Nacional quien, aparentemente, omite las peticiones de los diferentes gremios de la salud.
¿Qué dice el decreto?
En la ordenanza se manifiesta que los encargados de garantizar los elementos de protección son las ARL, sin embargo, estas tienen 72 horas para dar solución al tema de seguridad médica (que se cumplen mañana miércoles), mientras tanto, los médicos deben seguir atendiendo a los pacientes con coronavirus sin los elementos adecuados para protegerse a sí mismos.
Las organizaciones médicas expresan que el precepto gubernamental busca forzar a los profesionales y trabajadores de la salud a concurrir a la atención de la pandemia sin contar con los recursos adecuados de bioseguridad y condiciones laborales dignas, además los obligan a estar disponibles durante la emergencia.
Muchos médicos denuncian que “no se les asegura, ni cuentan con garantía laboral y de protección”. Para que un médico pueda desarrollar su labor adecuadamente, protegiéndose y haciéndolo con el paciente, sus compañeros y familiares, debe tener los elementos de protección completos.
Los lineamientos emitidos por el Ministerio de Trabajo para prevención, control y reporte de accidentes por exposición ocupacional al COVID-19 en instituciones de salud, indican que “El uso de elementos de protección personal son necesarios para evitar ciertas exposiciones, pero no debe tomar el lugar de otras estrategias de prevención más efectivas. Los elementos de protección personal recomendados frente a la pandemia de COVID-19 incluyen: vestido quirúrgico de tela o desechable, gorro, tapabocas tipo quirúrgico, mascarilla de alta eficiencia (Tipo N95 o FFP2) gafas de succión, pantalla facial (careta), batas desechables”.
Las especificaciones de cada elemento son:
- Mascarilla NP5: También conocida como cubrebocas o mascarilla facial que filtra hasta el 95% de las partículas aéreas, proporciona protección contra partículas en el ambiente, pero no gases o vapores, a eso se refiere la designación N que significa que no filtra aceites.
- Careta facial completa: Este escudo facial protege el rostro hasta el mentón y evita la contaminación cruzada y salpicaduras de fluidos.
- Traje antifluido: Es un textil especial que logra evitar manchas en los uniformes como rastros de sangre, sustancias tóxicas, corrosivas y factores ambientales, entre otros.
- Traje quirúrgico, guantes, gorro y polainas: son elementos imprescindibles del vestuario sanitario. Suelen ser desechables al igual que las mascarillas, para garantizar la seguridad e higiene.
En el caso de las hospitalizaciones, solamente se usa el tapabocas N95.
La situación actual
En el mejor de los casos, esos elementos los deben usar los profesionales de la salud que estén expuestos en la atención de personas contagiadas con el coronavirus, sin embargo, los médicos denuncian que nadie les proporciona el material de bioseguridad y que, por el contrario, deben reutilizarlos. En el caso de la mascarilla N95, su reutilización disminuye su efectividad y aumenta la posibilidad de contagio.
Dichas mascarillas son de uso individual y tienen una vida útil de 10 días, pero para que duren 5 días más, los médicos han optado por usar una mascarilla convencional desechable sobre la N95 o, en el peor de los casos, lavarlas para reutilizarlas y de esa manera no tener que comprar de su propio salario ese elemento de protección.
Muchos profesionales de la salud fueron capacitados por sus empresas y autorizados para la toma de muestras del COVID-19, pero debieron adquirir por su propia cuenta los elementos de protección porque las entidades se excusan que garantizan dichos objetos bajo su direccionamiento pero que el gobierno decretó que quien los cubre son las ARL.
En el mercado colombiano dichas mascarillas tienen un valor que oscila entre 20 mil y 25 mil pesos cada una, y teniendo en cuenta su vida útil que es de 10 días, los médicos tendrían que usar 3 mascarillas mensuales, a eso se le suma el precio de la careta facial que también tiene un costo promedio de 20 mil pesos, mientras que el traje quirúrgico desechable (vestido, gorro, tapabocas y polainas) cuesta alrededor de 20 mil pesos y se debe cambiar a diario o después de una intervención quirúrgica. Indiscutiblemente son gastos que no tienen que asumir el personal médico.
Otra de las denuncias son las garantías laborales. A algunos médicos les deben hasta 3 meses de su salario o están contratados por Orden de Prestación de servicios (OPS) y por ese motivo las IPS les dicen que, al ser independientes y contratistas, deben comprar sus propios elementos.
Rechazo por parte de la comunidad
Como si la falta de garantías con los elementos de protección personal y de contratación laboral no fueran suficientes, a esa problemática se le suma el trato que muchos profesionales de la salud están recibiendo por parte de la comunidad.
Los médicos explican que ellos no son nosocomiales, es decir, no llevan contagio hospitalario a otros lugares y que se rigen bajo el principio de no maleficencia, que significa que cualquier acto médico debe pretender no hacer daño alguno, de manera directa o indirecta y que, por el contrario, sus actos como médicos tienen la intención de producir un beneficio para la persona en quien se realiza el acto.
A pesar de la situación, la falta de garantías y el poco apoyo por parte de la comunidad, la vocación médica siempre es “ayudar a otros” y por ende reiteran que con los comunicados enviados al Gobierno Nacional no están omitiendo su labor profesional: “Bajo ninguna circunstancia los gremios hemos planteado darle la espalda al país”, afirma Herman Bayona, presidente del Colegio Médico de Bogotá.
Daniel Rojas Chia, periodista de Datéate, conversó con dos médicas que explican la situación por la que están pasando los profesionales de la salud, se trata de María del Rosario Rojas Becerra, médica de la Universidad Libre de Cali y especialista en Salud Ocupacional; y María Paula García Mora, médica de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud y residente durante 3 años de Toxicología Clínica de la misma universidad.