Por: Andrés Leonardo Chacón Acevedo*
La ciudad representa el pasado, el presente y el futuro de un territorio, en ella se encuentran sus creencias, sus esperanzas, sus anhelos, su identidad y su memoria colectiva. La ciudad no es un objeto de estudio que pertenezca únicamente a la administración, a los técnicos, a los urbanistas o a personas ampliamente ilustradas. La ciudad la hacemos, quienes la habitamos, porque es allí donde diariamente se ponen en juego nuestros derechos individuales y colectivos, con independencia de nuestro origen, nuestras condiciones o nuestras creencias.
Italo Calvino entendía las ciudades como espacios construidos a partir de memorias, deseos, lenguajes e intercambios. Retomando esa idea, la jurisprudencia constitucional colombiana ha dado un paso adicional y ha descrito la ciudad como un verdadero hervidero de derechos:
Escribió Italo Calvino que las ciudades son “un conjunto de muchas cosas: memorias, deseos, signos de un lenguaje; son lugares de trueque que, como explican todos los libros de historia de la economía, son también trueques de palabras, de deseos, de recuerdos.
A la anterior definición habría que agregar que las ciudades son también un hervidero de derechos, en sus calles, las personas los ejercen, ven cómo los vulneran, y también los reclaman por distintas vías. Dentro de la idea de trueque de Calvino, habría que comprender –desde esa perspectiva- que en la ciudad los derechos de unos y de otros entran en constante contacto”, Corte Constitucional, Sentencia T-537 de 2013.
Este razonamiento permite extraer un aspecto trascendental: la ciudad no es solamente el escenario en el que vivimos; es también el espacio en el que nuestros derechos se encuentran, se ejercen, entran en tensión y, en ocasiones, deben ser defendidos. Una decisión sobre el territorio nunca esta despojada de las convicciones ciudadanas. La forma en que se organiza una ciudad puede acercar o alejar oportunidades, facilitar o dificultar el acceso a servicios, integrar comunidades o profundizar desigualdades. Esa relación entre ciudad y derechos no se manifiesta únicamente en las grandes decisiones de planeación, también aparece en los actos más cotidianos, cada mañana, millones de personas construyen la ciudad, muchas veces sin advertirlo: cuando caminan hacia el trabajo, llevan a sus hijos al colegio, utilizan un parque, esperan un bus, compran en una tienda del barrio o simplemente se sientan en una plaza a conversar.
En esas experiencias diarias la ciudad adquiere su dimensión más humana, hablar de ciudad no debería ser solamente hablar de edificios, vías o infraestructura también debería ser hablar de las personas y de las oportunidades reales que encuentran para desarrollar su vida.
Esta comprensión encuentra uno de sus antecedentes fundamentales en Henri Lefebvre, quien formuló el derecho a la ciudad como una reivindicación de la posibilidad de participar en la construcción y transformación del espacio que habitamos. Su planteamiento conserva plena actualidad, no basta con vivir en una ciudad; quienes la habitan también deben tener la posibilidad de disfrutarla, participar en ella y contribuir a decidir cómo quieren que sea.
Desde esta perspectiva aparece una tensión que merece ser advertida: una ciudad puede crecer y no necesariamente mejorar. El desarrollo urbano suele medirse a través de cifras (kilómetros de vías, viviendas construidas, parques recuperados, nuevos edificios, inversiones ejecutadas o indicadores cumplidos dentro de un plan de desarrollo), pero esos resultados no dicen si la vida de sus habitantes efectivamente mejoró, una ciudad puede tener grandes obras y, aun así, mantener profundas desigualdades.
David Harvey ha insistido, en este mismo sentido, en que la ciudad es también un escenario de poder, las decisiones que se adoptan sobre el territorio determinan quién accede a determinadas oportunidades y quién permanece lejos de ellas, por esto, la planeación no puede reducirse a un asunto meramente técnico desprovisto de una discusión democrática. Cuando se decide dónde construir una vía, un colegio, una vivienda, un parque o una zona industrial, también se está decidiendo cómo se distribuyen las oportunidades y las cargas dentro del territorio. Una buena planeación debería procurar que esas oportunidades no estén concentradas siempre en los mismos lugares ni al alcance de los mismos ciudadanos.
Son las personas quienes le dan vida a la ciudad y quienes deben tener la posibilidad de participar en la definición de su rumbo. En este contexto, la participación ciudadana no puede reducirse al cumplimiento formal de un trámite, toda decisión con capacidad de transformar significativamente el territorio exige una verdadera reflexión democrática y participativa que involucre a la comunidad.
Esta idea de participación también exige cambiar la forma en que observamos y comprendemos la ciudad, Jane Jacobs defendió una premisa aparentemente sencilla, pero profundamente relevante: para comprender una ciudad es necesario observar cómo viven las personas en sus calles. Las ciudades no se viven únicamente desde los planos, las cartografías o las fichas normativas, estos son instrumentos indispensables para la planeación, pero deben armonizarse con la experiencia concreta de quienes habitan el territorio y con los derechos que allí se encuentran en juego.
Las ciudades se viven cruzando una calle, esperando el transporte, jugando en un parque, comprando el pan, llevando a los niños al colegio o regresando a casa después de una jornada de trabajo. Quienes tienen responsabilidades en la planeación del territorio deben preguntarse no solamente cómo se ve una intervención sobre un plano o un render, sino cómo será experimentada por las personas que viven alrededor de ella. Una obra puede ser técnicamente impecable y, al mismo tiempo, resultar poco útil para quienes deberían beneficiarse de ella.
En ese sentido, la verdadera medida de una ciudad no debería encontrarse únicamente en cuánto construye, cuánto invierte o cómo se ve, sino también en el bienestar que produce en sus habitantes y en las posibilidades que les ofrece para ejercer sus derechos. El derecho a disfrutar la ciudad debe formar parte de la intención de quien la planea, la piensa y la construye, de manera que el propósito común de quienes intervienen en ese proceso sea, finalmente, dignificar la vida de quienes la habitan.
Incluso la planeación puede entenderse como un ejercicio de empatía. Supone identificar las necesidades de las personas desde las distintas etapas de un proyecto y comprender que intervenciones aparentemente pequeñas pueden producir transformaciones significativas en su vida cotidiana. Una acera bien construida puede parecer una obra menor, pero para una persona mayor puede significar caminar con seguridad y autonomía; un parque iluminado puede parecer una intervención sencilla, pero para una familia puede representar un lugar
de encuentro; una ruta de transporte puede parecer apenas una línea dentro de un mapa, pero para una persona puede significar acceder a un empleo, a la educación o a un servicio de salud.
Es precisamente allí donde cobra sentido el derecho a la ciudad. Este puede comprenderse como un metaderecho, en cuanto articula una multiplicidad de derechos individuales, sociales y colectivos que se materializan en el espacio urbano. Vivienda, movilidad, espacio
público, ambiente sano, igualdad, participación, acceso a servicios públicos, cultura o seguridad no son realidades aisladas, todas ellas encuentran en la ciudad un escenario común en el cual todas se hacen posibles.
Esta concepción amplia ha sido desarrollada progresivamente por las administraciones públicas, la academia, las organizaciones sociales y la sociedad civil. La Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad propone superar una comprensión de la calidad de vida limitada a la vivienda o al barrio para extenderla a la ciudad y a su entorno, vincula el derecho a la ciudad con la realización de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales.
Pero reconocer el derecho a la ciudad sirve de poco si este permanece únicamente en las declaraciones, su verdadera importancia aparece cuando se traduce en decisiones públicas, instituciones y mecanismos capaces de hacerlo efectivo, su materialización puede seguir múltiples caminos y los ciudadanos cuentan con instrumentos administrativos, políticos y jurisdiccionales para exigir que las decisiones sobre la ciudad respeten los derechos que confluyen en ella.
En consecuencia, preguntarnos por el derecho a la ciudad es preguntarnos por algo mucho más cercano: qué ciudad estamos construyendo, quiénes pueden disfrutarla y quiénes siguen encontrando barreras para hacerlo. La ciudad que habitamos no siempre es todavía la ciudad que merecemos, pero precisamente por eso el derecho a la ciudad importa: porque nos recuerda que la forma de nuestras ciudades no está inevitablemente escrita y que sus habitantes también tenemos derecho a participar en su transformación.
En las próximas columnas intentaré desglosar el contenido del derecho a la ciudad a partir de los derechos individuales, sociales y colectivos que lo integran, así como de su relación con las normas y decisiones de planeación territorial. El análisis partirá de preguntas sencillas pero reveladoras: ¿Cuánto tarda una persona en llegar a su trabajo?, ¿tiene un parque cerca de su casa?, ¿puede caminar tranquilamente por su barrio?, ¿tiene acceso a educación, salud y transporte?, ¿puede disfrutar del espacio público?, ¿tiene oportunidades para progresar sin abandonar el lugar donde nació? La idea será pensar en ciudades para todos, mostrar el poder de las decisiones urbanas sobre la vida cotidiana y aportar ejemplos, datos y criterios útiles para quienes formulan y ejecutan proyectos.
El propósito es que estas reflexiones sirvan como insumo para la gestión y mantengan siempre una pregunta de fondo: ¿Cómo mejora esta decisión la vida de quienes habitan el territorio?
