El gobierno nacional avanza con los pilotos a pesar que existe una moratoria judicial en Colombia para hacer fracking comercial desde el 2018 y que se ha comprometido internacionalmente a reducir sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y a implementar estrategias para la mitigación de la crisis climática a nivel interno.
“En un acto simbólico, interponemos una acción constitucional porque exigimos justicia ante la arbitrariedad del fracking. Los Ministerios de Ambiente y de Minas y Energía nos han tendido una trampa, han montado un teatro, en el que supuestamente la comunidad está participando, y en Wilches la gente ni siquiera está enterada de lo que está pasando”. Según las organizaciones de Puerto Wilches y del Cesar viajaron este miércoles a Bogotá para una gira de incidencia ante varias entidades del Estado, organizaciones internacionales y organismos de derechos humanos, denunciando la vulneración de su derecho a la participación, que se ha intentado satisfacer con formalismos.
Estos colectivos alegan porque su derecho a la participación ambiental fue vulnerado de varias maneras. Primero, porque en Colombia existe un déficit de participación en materia petrolera y de licenciamiento ambiental que la Corte Constitucional le ordenó al Congreso regular, y aún no lo ha hecho.
Segundo, porque la vida está en riesgo, especialmente la de las mujeres. Las acciones de movilización pacífica contra el fracking han tenido como respuesta múltiples amenazas y hostigamientos que han obligado a desplazarse a varias mujeres defensoras ambientales, una de las cuales, la joven Yuvelis Morales, tuvo que salir del país en días recientes. Tercero, porque el gobierno no reguló la licencia social, estando obligado a ello. La licencia social es la posibilidad que deben tener las comunidades de aprobar o desaprobar un proyecto.
También aducen que estos cuestionamientos se pusieron en conocimiento del Ministerio de Minas y este nunca respondió, lo que vulnera su derecho a la petición. Y que el Consejo de Estado había hecho obligatorias las recomendaciones de la Comisión de Expertos y su incumplimiento violó el debido proceso.
La acción de tutela persigue suspender la implementación de los proyectos piloto y el licenciamiento ambiental, hasta tanto no se tomen las medidas necesarias para salvaguardar los derechos que están siendo violentados, entre ellas, reglamentar mediante ley los mecanismos de participación en materia petrolera como lo ordenó la Corte, tomar medidas para contrarrestar las restricciones a la participación que generó la pandemia Covid-19, se regule la licencia social y se brinden garantías para la vida y el ejercicio como defensores y defensoras ambientales que nos oponemos al fracking.
Fuente: Alianza Colombia Libre de Fracking