Por: María Camila Rodríguez
La denuncia se presentó por parte de Lizeth Caicedo, madre de un niño de 2 años, quien fue presuntamente golpeado en la cabeza con un bolillo por parte de un uniformado.
El hecho se habría presentado debido a que la mujer se encontraba con el niño y su pareja en una moto, incumpliendo la medida de cuarentena obligatoria, cuando un Policía, sin mediar palabra alguna, al parecer, procede a lanzar un golpe con el bolillo hacia la pareja que lo esquiva y quien termina recibiendo el golpe es el menor.
De inmediato, el menor fue llevado al servicio de urgencias, y actualmente permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos de la clínica Medilaser de Neiva, en donde se espera su recuperación de forma pronta y sin sufrir mayores repercusiones.
Por su parte, la Policía se pronunció, indicando que lamentaban el hecho y que a pesar de no tener excusas ante el procedimiento, empezarían el proceso de investigación, tanto penal como disciplinario, según lo expresado por parte del Coronel Livio Castillo, comandante de la Policía de Neiva.
Además, la madre del niño indicó que haría uso de las acciones legales que correspondan en este caso de agresión y abuso por parte de la fuerza pública.
Sin embargo, este tipo de comportamientos por parte de funcionarios de la Policía no son nuevos, pues al igual que en el Ejército, no se trata de manzanas podridas, como muchas veces se han querido denominar para encubrir todos los crímenes y abusos en los que están implicados miembros activos de la fuerza pública, sino de la institución en general, que violenta y agrede de forma desmedida, aludiendo a su poder y estatus como autoridad.
Y si bien, en este caso puntual, se entiende que la madre del niño en compañía de su pareja estaban incumpliendo la norma, no se justifica la forma violenta en la que procede el uniformando en contra de estas personas. No es posible que la vida y los derechos humanos se sigan viendo vulnerados por parte de los que se supone deberían cuidarnos.
