Por: Julián Fernando León Duarte
En el germen aparentemente benevolente del Bolchevismo, tres consignas se convirtieron en la piedra angular de las exigencias proletarias: el pan, la paz y la tierra. Hoy, en pleno posconflicto y las coyunturas que ello involucra en Colombia, las verdaderas víctimas emprenden una campaña para realzar estas consignas sin saber que el panorama de optimismo se trunca por al menos dos obstáculos: la falta de financiación estatal y el retorno del despojo violento de tierras.
La restitución de tierras despojadas fue una de las máximas pautas acordadas en la mesa de diálogos entre el Gobierno Santos y las FARC. Como consecuencia de un mutuo acuerdo de culpabilidad en el despojo de tierras de humildes campesinos, el Estado colombiano y la FARC otorgaron la llave de justicia que devolvería a los despojados sus otrora fuentes de ingresos, poniendo estocada final al tormentoso tema de la posesión y distribución, siempre desigual, de tierras en Colombia como una de las principales llamas que avivó el conflicto armado.
Es por eso que, frente a la gran responsabilidad estatal con las más de 8’000.000 de víctimas del conflicto en Colombia, resulta alarmante el último informe de la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría y la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas reseñado por El Tiempo y en el que se avisa que hacen falta cerca de $115 billones de pesos para cumplir con la Ley de Víctimas, mecanismo a través del cual se han restituido a junio de 2019 más de 340.000 hectáreas, según la Unidad de Restitución de Tierras (URT).
Esta alarma resulta más escandalosa para el proceso de posconflicto y para la dignidad de las víctimas, si se tiene en cuenta que los “grandes” esfuerzos de los que se ufanan la URT y el gobierno nacional, no son nada en comparación a las cifras que manejan entes territoriales e internacionales calculados entre 1 y 10 millones de hectáreas despojadas.
A la Ley de Víctimas o la 1448 de 2011 le quedan dos años de vigencia y, de acuerdo con el informe señalado anteriormente, este corto tiempo de vida, sumado a la desfinanciación de la normativa, el burocrático proceso y la poca atención a la restitución de tierras dentro del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Duque, van a dejar por fuera del espectro de la paz territorial y productiva a más del 70% de las víctimas del conflicto armado en Colombia.
Además de lo anterior, una de las dinámicas por las que ha optado el actual gobierno para “reconocer” de manera material a las víctimas ha sido la llamada “restitución administrativa”, un ‘pañito con agua tibia’ en el que se le da una indemnización a cierta víctima reconocida, más su estabilidad económica, en otros años asegurada por la explotación de su pequeña parcela, que igualmente quedaría en ‘veremos’ en el corto tiempo.
Si la falta de financiación a los procesos de restitución y la atención del Plan Nacional de Desarrollo duquista fueran pocos para bajarle las esperanzas a las víctimas, a ello habría que sumarle el auge ya ‘cantado’ de las bandas y carteles paraestatales y guerrilleros como las disidencias de las FARC, que vienen asechando violentamente la posible vuelta del campesinado despojado al campo colombiano.
El aumento de las economías irregulares como el de la hoja de coca, ha venido creciendo en los últimos años a raíz de la “desaparición” de actores hoy cobijados por el Acuerdo de Paz, cuyas antiguas zonas de dominio las ocupan bandas ‘neoparamilitares’ que amenazan la estabilidad de departamentos como Nariño, Antioquia, Cauca, Putumayo, Bolívar y Chocó, como aseguró en su momento la Fundación Paz y Reconciliación.
Al respecto, el entonces gobernador de Nariño y asesor de la Federación Nacional de Departamentos, Raúl Delgado Guerrero, expresó para la edición especial Gobernantes y Posconflicto, de la Revista Semana que la seguridad sería una de las prioridades del posconflicto, pues a partir de la expansión de actores armados ilegales a lo largo de los territorios, “sería imposible lograr la sustitución y el desarrollo integral de los municipios y habremos nacido en un nuevo conflicto”.
La alerta estuvo siempre disparada; a raíz de ello han perdido la vida más de 300 líderes sociales, muchos de ellos víctimas del conflicto y reclamantes de tierras despojadas.
Otro dato más preocupante referente a la posesión de tierras en Colombia es que a estas alturas no sabemos cuánta tierra informal y formal hay en uso y desuso. ¿Cómo brindarles dignidad a las víctimas a través de la restitución de sus propiedades despojadas, si ni siquiera se sabe cuánta tierra hay en Colombia y en manos de quienes está?
Ahora está en camino un Catastro Multipropósito que intentará resolver la duda a más tardar en 2023, y ojalá que en este intento no prevalezca la voluntad de los terratenientes. El proceso de restitución de tierras que impulsaría el catastro en cuestión pondrá contra las cuerdas a Duque.
Expropiar tierras que no están siendo explotadas para dárselas al Fondo de Tierras negociadas en el Acuerdo de Paz, puede ser interpretado como una afrenta por el gremio que mejor representan él y su partido de gobierno: los grandes abarcadores.
Por lado y lado las antiguas exigencias bolcheviques de “pan, paz y tierra” se presentan de nuevo en el mundo, esta vez en el dramático escenario de una Colombia arrogante. Ya no son rusos explotados por los zares y luego desangrados por la cruenta guerra civil pidiendo pan, paz y tierra como entre 1917 y 1918; ahora son colombianos golpeados por un conflicto armado de medio siglo.