Por: Amy Vargas
Se han presentado inconformidades y rechazo por parte del sector de la salud, a las medidas tomadas por el presidente y al decreto 538 del 2020 emitido para atender el avance de la pandemia. El artículo 9 de este decreto obliga -con algunas excepciones- a todo el talento humano de la salud en ejercicio o en formación a estar preparado y disponible ante el llamado para prestar sus servicios, reforzar y apoyar la atención de los pacientes.
Sergio Isaza, presidente de la Federación Médica Colombiana, argumentó que en el artículo no se incluía las garantías de bioprotección inmediata para todos los trabajadores de este gremio, “¿En qué condiciones nos vamos a poner frente a esta batalla? Es como si yo mandara a los soldados a la guerra, sin la protección, sin los escudos, sin las máscaras, sin los fúsiles, sin las botas adecuadas” agregó.
Frente a este escenario, según Isaza, se le suma la situación laboral del personal médico donde el 80% trabaja sin ningún tipo de estabilidad laboral, sin las garantías de protección necesarias o sin algún contrato.
El Ministerio de la Salud se pronunció sobre los elementos de protección personal para los trabajadores de la salud, “quedó claro que el primer responsable para entregarlos son los empleadores, que contarán con apoyo de las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL)”, pues se les dio un plazo para presentar un plan de dotación, sin importar su tipo de contratación.
Estefanni Sarmiento, abogada e integrante de la mesa nacional de la salud, explicó, “Las ARL y las IPS son encargadas de suministrar todo el material de seguridad personal para todos, evitando con este, el contagio del virus… así mismo tienen derecho al reconocimiento por medio de subsidio por incapacidad, origen común, indemnización específica por accidentes laborales y pensión de sobrevivientes”.
¿Quién debe prestar un servicio de salud al personal médico que tenga COVID-19?
Con el Decreto 538 es clarísimo que las IPS o la aseguradora encargada de cubrir el contrato laboral de la persona con la institución de salud, ya que es una enfermedad laboral directa para todos los trabajadores del sector de la salud.
¿Una entidad de salud se puede negar a prestar ese servicio de atención por no tener cubrimiento o no estar afiliado?
No, no se puede negar, desde que haya realizado una actividad laboral y como producto de la exposición de riesgo tenga como consecuencia esta enfermedad, es una enfermedad laboral. Esto recae sobre la institución de la cual esté afiliado el trabajador, la ARL debe ser quien responda por las prestaciones del servicio.
Según el artículo 9 del decreto 538 ¿El personal médico puede suspender el contrato que tenga con alguna entidad de salud?
Sí, puede suspender el contrato, siempre y cuando se estén incumpliendo las garantías básicas de bioseguridad, sin embargo, ellos asumen enfrentarse a este riesgo, por su vocación… las instituciones de salud y ARL deberían garantizarles los insumos de protección personal para que cuenten con una forma de trabajo digna y así, exponerse al mínimo.
¿Quién es el encargado de otorgar los insumos de bioseguridad para el personal médico: ARL, instituciones o empleadores?
Son tanto las IPS como las instituciones prestadoras de salud, clínicas, hospitales, etc. Así como las ARL, ambos deben garantizarles estos insumos de bioseguridad. El gobierno debería girar directamente los recursos a las IPS, esto lo único que genera es un estancamiento del proceso para que lleguen los recursos, por esto es la incapacidad de respuesta por parte de las IPS, la deuda de las EPS es por más de 10 billones de pesos, que las ponen en crisis financiera y no tienen la capacidad de suministrar los insumos necesarios de bioseguridad para el personal médico.
¿Cómo debería actuar el gobierno frente al 80% del personal médico que no cuenta con un contrato, sino que labora por prestación de servicios?
El personal médico está tercerizado, esto genera obstáculos e impedimentos para una estabilidad laboral, así mismo, el sector público es peor, el 84% del personal de la salud está tercerizado, es por esto que exigen que, en tiempo de pandemia, por lo menos se les dé un contrato a término indefinido para garantizar su estabilidad laboral. Al menos deberían garantizar los elementos de protección personal para evitar el contagio, al estar expuestos directamente con los pacientes, y, por otro lado, una condición laboral estable, una contratación digna durante el tiempo de pandemia, una buena remuneración a aquellos que están prestando su servicio por más de 10 horas”.
¿Está de acuerdo con el decreto que obliga al personal de la salud a trabajar o estar disponible a atender la emergencia por COVID-19?
No, para nada, el personal de la salud ha manifestado que está en disposición de trabajar en primera línea contra la pandemia como lo ha podido evidenciar el pueblo colombiano.
“Hay algo cierto y es que el 80% del sector de la salud, sea público o privado, está tercerizado, siendo una crisis. Como lo ha señalado la Federación Médica Colombiana, no cuentan con garantías ni elementos básicos de bioseguridad… Es preocupante porque se hace el llamado de última instancia a estudiantes de 11avo semestre de medicina, y no como primera medida. Me sumo al rechazo como el sector de la salud, contra este decreto por las garantías que se exigen y no se están dando”, agregó Sarmiento.