Por: Germán Andrés Vargas Castelblanco
En los últimos días ha estado en boca de la opinión pública, de algunos sectores de la política nacional y de gremios periodísticos, el hecho de que en el Congreso de la República se haya impulsado y aprobado una ley que busca restringir la acción de la prensa frente al comportamiento de los funcionarios públicos.
Esta polémica propuesta es de la autoría de César Augusto Lorduy, representante a la Cámara por el partido Cambio Radical, colectividad muy cercana al clan Char de la Costa Atlántica.
Esta propuesta ha sido bautizada por gran parte de la sociedad como la “ley mordaza”, ya que busca evitar que los periodistas lleven a cabo la denuncia de actos de corrupción por parte de funcionarios estatales.
Este “mico”, contenido en el artículo 68 del proyecto de ley anticorrupción, fue aprobado en la noche del pasado lunes 6 de diciembre en la plenaria de la Cámara de Representantes, con 73 votos a favor.
Esta reforma al Código Penal Colombiano, sentado en la Ley 599 de 2000, crea el delito de injuria y calumnia contra funcionarios públicos, cuyo texto dice que quienes ataquen las labores de los empleados del Gobierno, podrían ser castigados con penas de prisión que van desde los 5 hasta los 10 años y con multas que oscilan entre los 13 y los 1.500 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), es decir, entre los 12 y los 1.360 millones de pesos, aproximadamente.
Hay sectores de la sociedad que aseguran que el congresista Lorduy impulsó esta iniciativa para evitar que se repitan las denuncias en contra de funcionarios públicos, como la que hizo la periodista de La W Radio Paola Herrera hace unos meses, sobre la desaparición de 70 mil millones de pesos que involucra a Karen Abudinen, exministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y persona cercana a la casa política de los Char.
A la ciudadanía no se le puede negar el derecho de saber cuál es el actuar de los funcionarios públicos, cuya misión debería ser la de garantizar la correcta inversión de los recursos públicos, que vienen de los impuestos que pagan los colombianos; también tiene derecho de enterarse cuando los empleados estatales no están haciendo de forma honesta su trabajo y, por su parte, los periodistas tienen la labor, entre otras cosas, de revelar los hechos que pueden afectar a la ciudadanía, ser una prensa Contra Poder. Decir la verdad no puede ser un delito en Colombia.