Por: Daniel Rojas Chia
El próximo 21 de noviembre se desarrollará lo que parece ser, una de las mayores movilizaciones en la historia de Colombia. Uno de los mayores exponentes de estas movilizaciones son los estudiantes de universidades públicas, que el año pasado alcanzaron acuerdos históricos con el Gobierno Nacional por la financiación de la educación pública, que permitió aumentar la inversión de la educación superior en el país.
Mucho se ha dicho sobre los polémicos proyectos de ley para limitar las manifestaciones públicas. Un ejemplo de ello fue cuando en el 2018 el ex ministro de defensa Guillermo Botero, se pronunció durante la cumbre Concordia de las Américas en el centro de convenciones Ágora en la ciudad de Bogotá; en ese momento Botero aseguró que el nuevo Gobierno debería promover acciones para regular las protestas sociales en el país.
Una muestra de que el Gobierno al parecer quiere limitar las manifestaciones sociales es el anuncio de la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, quien dice que el jueves en las movilizaciones se haría efectivo un decreto que permitiría a los mandatarios locales y regionales, tomar medidas como la restricción al porte de armas, al consumo de licor e incluso adoptar medidas como toque de queda “cuando las situaciones lo ameriten”.
En la región, Chile se levantó para protestar en contra de las reformas de su actual Presidente, Sebastián Piñera; en Ecuador el detonante fue una disminución en los subsidios al precio de los combustibles; en Bolivia el pueblo se levantó tras un presunto fraude electoral en las elecciones presidenciales, que terminó con la renuncia del presidente Evo Morales, situación que dejó una división en el país y a Morales en el exilio en México. Todas estas manifestaciones en América Latina proponen cambios, que han tenido como telón de fondo enfrentamientos con la fuerza pública, que han dejado desmanes y pérdidas de vidas.
Para la movilización del 21 de noviembre, los manifestantes se movilizarán para sentar una voz de protesta en contra de una serie de reformas impulsadas por el Gobierno y por algunos gremios, ante la gestión del actual Gobierno, los índices de desempleo, una posible reforma pensional, una eventual reforma tributaria, el incumplimiento en la implementación de los Acuerdos de Paz, las constantes amenazas a la seguridad de líderes sociales, la seguridad ciudadana, el asesinato sistemático de reinsertados, los altos índices de corrupción, entre otros aspectos.