Por: Emanuel Suárez
Cuarenta años después de la toma y retoma del palacio, aún quedan varias preguntas en el tintero. La justicia no ha logrado apagar el fuego de la memoria de todas las víctimas que dejó este acontecimiento histórico, que marcó a una generación completa.
El 6 de noviembre de 1985, sobre las 2:30 de la tarde, mientras la mayoría del pueblo colombiano realizaba sus actividades diarias como de costumbre, en la Plaza de Bolívar, a las afueras del Palacio de Justicia, se respiraba desesperación y se escuchaba el miedo de los rehenes en cada disparo propiciado por el M-19. Magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, empleados del servicio, mensajeros, secretarios, auxiliares, archivistas y empleados de la cafetería, clamaron un cese al fuego, pero entre los proyectiles de los tanques del Ejército Nacional y de los tiros del M-19, la mayoría de sus voces fueron silenciadas.
La primera pregunta que surge frente a la toma es: ¿dónde estaba la fuerza pública en ese momento? Es insólito pensar que a pesar de que la toma estaba anunciada desde hacía casi un mes, el Palacio estaba desprotegido a la hora del ataque. En agosto de 1984, el presidente Belisario Betancur había firmado un cese al fuego con el grupo guerrillero M-19, pero lo cierto es que esa tregua nunca se respetó por ninguna de las partes.
En diciembre de ese mismo año se llevó a cabo la Batalla de Yarumales, un combate que duró aproximadamente 22 días, cuyo objetivo era desplazar El campamento de la libertad, perteneciente al grupo armado, ubicado en Yarumales. En octubre de 1985 ocurrió un atentado contra el general Rafael Samudio Molina, en ese momento comandante del Ejército Nacional, sucedido cerca a la Escuela de Caballería al norte de Bogotá. Su autor principal fue el movimiento guerrillero M-19.
En septiembre de 1985, varios magistrados y funcionarios del gobierno se habían reunido con la policía y entes de control, para revisar el esquema de seguridad del palacio, justo por los días cuando se debatía sobre la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos, razón por la cual magistrados como Manuel Gaona y Carlos Medellín recibieron amenazas directas. Tras esta reunión se esclareció que el nivel de riesgo era alto y el palacio debía tener un esquema de seguridad mayor. El Ejército recibió la orden de custodiar el Palacio y sus alrededores.
A pesar de que la toma había sido advertida casi un mes antes, a través de un informe de inteligencia que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) le había enviado al Gobierno Nacional, el primero de noviembre fue retirada la seguridad de la fuerza pública, dejándole la tarea de defender y salvaguardar el palacio a la empresa Seguridad del Estado. El seis de noviembre de 1985, lo único que se interponía entre las personas dentro del Palacio de Justicia y el M-19 eran los empleados de esta empresa, que no estaban capacitados para contener un ataque de esa magnitud, como afirmó en su testimonio el magistrado Humberto Murcia Ballén, uno de los sobrevivientes: “Perdónenme que se los diga, pero esta fue una toma del Palacio de Justicia anunciada y consentida por el Gobierno”.
Aproximadamente a las 11:30 de la mañana empezó el caos: los integrantes del grupo guerrillero, con ayuda de un camión Ford, ingresaron por una de las puertas del parqueadero, del cual descendieron treinta y cinco guerrilleros, veinticinco hombres y diez mujeres, que se distribuyeron por las instalaciones. A mano armada empezaron a someter a las personas que estaban dentro del Palacio. A eso de las 12:30 de la tarde, el edificio se había convertido en una zona de caos y supervivencia.
Sobre la 1:00 de la tarde llegó el Ejército Nacional, y aquí surge la segunda pregunta: ¿su plan era rescatar a los rehenes, o arremeter contra todo lo que se encontraran a su paso? Después de la llegada del ejército, empezó un enfrentamiento a sangre y muerte: de un lado estaban las fuerzas del Estado, que con ayuda de tanques, ametralladoras y soldados ingresaron al Palacio. Del otro lado se encontraba el M-19, que con ayuda de explosivos, granadas, armamentos y pie de fuerza respondieron la arremetida.
Luego del primer incendio en el parqueadero del Palacio, sobre las 2:00 de la tarde, el ejército avanzó y tomó el control del primer y segundo piso. Utilizando toda su fuerza, comenzaron a disparar hacia el tercer y cuarto piso, donde se concentraban los integrantes del grupo guerrillero, fuego cruzado que se extendió por horas, por cuenta del cual murieron rehenes, guerrilleros e integrantes del ejército, una batalla campal donde simplemente todos eran enemigos del Estado.
Los rehenes se habían visto obligados a atrincherarse en los baños ubicados entre el segundo y tercer piso. Desde allí clamaban al Ejército para que dejara de disparar, que ellos estaban ahí. Entonces ya se había escuchado en los medios de comunicación el grito de ayuda del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, con su frase inolvidable: “¡Que cese el fuego!”. En horas de la noche, cuando la confrontación se recrudeció, en los medios se transmitía un partido de fútbol. La ministra de comunicaciones de la época, Noemí Sanín, en diciembre de 1985, le aseguró a la Comisión de la Verdad que nunca dio la orden de transmitir un partido; lo que hizo fue un comunicado sugiriéndoles a los medios no transmitir lo que pasaba en el Palacio. Esta decisión dejó muchos cuestionamientos y dudas sobre la gestión de la ministra en ese momento.
Según las autoridades, nunca detuvieron el fuego pese a las súplicas de los rehenes, bajo el argumento de que no sabían si estaban siendo obligados por parte del grupo guerrillero a pedir el cese al fuego. Hay otras teorías que aseguran que el ejército no detuvo el fuego porque su orden era atacar sin importar si eran rehenes o guerrilleros, como se deduce de la expresión “si aparece el chaleco que no aparezca la manga”, pronunciada por un alto mando del Ejército Nacional.
Lo cierto es que, el viernes 8 de noviembre, cuando los peritos de Medicina Legal comenzaron a revisar los cuerpos de las víctimas, descubrieron que varios tenían impactos de bala de armas usadas por el propio Ejército Nacional. ¿Quién responde cuando el Estado se dispara a sí mismo? La justicia concluyó que hubo un exceso de fuerza en una toma de rehenes que además ya estaba anunciada tiempo atrás.
El viernes 8 de noviembre Colombia amaneció expectante, pues el sonido ensordecedor de los tanques y las ametralladoras había cesado. Según algunos medios, la retoma había sido un rotundo éxito. Sin embargo, el uso desmedido de la fuerza militar y el mal manejo de los cadáveres de las víctimas dejó un sinsabor entre quienes vivieron de cerca los acontecimientos de la toma y retoma. Luego de que el M-19 se rindiera al ver que ya le quedaban pocos refuerzos y municiones, los cuerpos carbonizados y sin vida de las víctimas fueron trasladados al primer piso para que así las familias pudieran empezar con el reconocimiento de las víctimas, hecho criticado, ya que mover los cadáveres no solo entorpeció los procesos forenses, también alteró la escena del crimen y afectó el análisis posterior de lo sucedido.
Durante el enfrentamiento fueron rescatados 11 rehenes, en su mayoría empleados de la cafetería, captados con vida en video por algunos periodistas, fueron trasladados a la Casa del Florero, ubicada en la esquina del Palacio, donde fueron sometidos a interrogatorios por parte del Ejército Nacional, aquí surgen otras preguntas: ¿qué pasó con estas personas en la Casa del Florero? ¿Qué vieron que no podía ser contado a la opinión pública? Después de que fueran trasladados a la Casa del Florero, la única persona que fue vista salir con vida fue Irma Franco, integrante del M-19, quien fue subida a una camioneta con rumbo incierto; nunca más se la volvió a ver.
Desde el miércoles 6 hasta el viernes 8 de noviembre, las familias de muchas víctimas estuvieron pendientes de los medios, de las listas de fallecidos y rescatados, listas en las que nunca aparecieron los nombres de sus parientes. La búsqueda inició apenas concluyó el enfrentamiento. El jueves 7 por la tarde, Enrique Rodríguez, el padre del administrador de la cafetería, Carlos Rodríguez, se coló entre las calles custodiadas por el Ejército y logró hablar con un investigador del DAS quien le comentó que a los empleados de la cafetería se los habían llevado a la Escuela de Caballería, donde no le dijeron nada. Después de esto, el viernes 8 su búsqueda se trasladó a Medicina Legal. Rodríguez hizo que le mostraran los cuerpos de las víctimas, pero no consiguió pistas sobre el paradero de su hijo. Acudió a varios medios de comunicación, también al Hospital Militar y, por último, al Batallón de Inteligencia Charry Solano, pero tampoco obtuvo respuestas.
Enrique Rodríguez no se quedó callado, habló con jueces, policías, periodistas y legistas para hacerles saber que no podía ser coincidencia que las ocho personas de la cafetería estuvieran dentro del grupo de desaparecidos que habían sido trasladados a la Casa del Florero, que no se sabía si estaban vivos o muertos. De esa lucha nació el movimiento Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos del Palacio de Justicia, liderado por Enrique Rodríguez y otras familias que como él estaban en la búsqueda de sus parientes.
La justicia concluyó que estas personas siguen desaparecidas. En 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos indicó que el Estado colombiano es responsable por la desaparición forzada, ejecución extrajudicial y tortura de varias personas durante y después de la retoma. También reconoció que los empleados de la cafetería, en la mayoría de los casos, siguen desaparecidos.
Este acontecimiento histórico marcó un antes y un después para una generación completa, no obstante, luego de cuarenta años, el país recuerda los hechos del Palacio con un sentimiento de dolor e incertidumbre, pues, aunque las llamas se apagaron, la verdad sigue ardiendo entre los escombros de la memoria.
Este articulo lo puedes encontrar en la Edicion 75 del periodico Datéate
