Colombia, 22 de abril 2026 – Angie Rodríguez, gerente del Fondo de Adaptación y exdirectora de la Dapre, encendió una crisis política al afirmar que existe una red dentro del Gobierno dedicada a desprestigiarla y a obstaculizar su gestión. Sus declaraciones, que señalan a funcionarios de alto perfil y relatan seguimientos, filtraciones y presuntas maniobras para sacarla del cargo, obligaron a la Comisión Sexta de la Cámara a convocar un debate de control político en el que deberán comparecer el director de la UNGRD, Carlos Carrillo, y el ministro de Educación, Daniel Rojas. La convocatoria busca respuestas claras sobre las acusaciones y sobre la supuesta expedición irregular de títulos vinculada a la Fundación San José, institución que aparece en el centro del escándalo por la certificación académica de Juliana Guerrero.
Según el testimonio de Rodríguez, al llegar al Fondo detectó inconsistencias en la ejecución presupuestal y, tras denunciar esos hallazgos, comenzó a ser objeto de una campaña de hostigamiento. Relata que habría existido un funcionario que actuó como espía dentro de la entidad, encargado de tomar fotos y grabaciones para luego “traficar” la información en su contra. También asegura haber sido la primera en alertar sobre irregularidades en los títulos de Guerrero, una joven que, pese a su corta trayectoria, ocupó cargos de confianza en la Casa de Nariño y cuya formación académica ahora está bajo escrutinio por parte de varias entidades.
La gravedad de las imputaciones llevó a congresistas a exigir no solo explicaciones públicas sino también medidas de protección para Rodríguez y su familia. La funcionaria pidió a la Unidad Nacional de Protección un esquema de seguridad acorde al riesgo que denuncia, argumentando que el acompañamiento actual —dos escoltas asignados en su cargo— no es suficiente frente a las amenazas que asegura haber recibido. Además, se solicitó a la Fiscalía General de la Nación que investigue las amenazas y determine si existen elementos para abrir indagación penal por espionaje o por la manipulación de información.
En el plano institucional, la citación persigue dos objetivos: esclarecer los hechos y activar los mecanismos de control que correspondan. Los congresistas han pedido documentación y pruebas que respalden las versiones de las partes, y han requerido al Ministerio de Educación que informe sobre las investigaciones administrativas relacionadas con la Fundación San José y la validez de los títulos cuestionados. La comparecencia de Carrillo y Rojas será observada con atención porque de ella dependerá, en buena medida, si el asunto se encamina hacia sanciones administrativas, investigaciones formales o, por el contrario, se cierra por falta de pruebas.
Más allá de las personas implicadas, el episodio pone en evidencia problemas estructurales: la fragilidad de los mecanismos de protección para denunciantes, la necesidad de procedimientos claros y ágiles para investigar irregularidades internas, y la urgencia de transparencia en la gestión pública. Expertos en ética pública señalan que, aunque las acusaciones resulten infundadas, la forma en que se tramitan estas denuncias influye directamente en la confianza ciudadana y en la gobernabilidad. Un proceso transparente y rápido ayudaría a reducir la polarización y a restablecer la credibilidad de las instituciones.
Quedan preguntas abiertas que la próxima sesión del Congreso intentará despejar: qué evidencias concretas sostienen las acusaciones de espionaje y manipulación de información; cuál es el alcance real de las irregularidades en la Fundación San José; y qué medidas adoptará el Gobierno para garantizar la seguridad de la funcionaria y la integridad de las investigaciones. Mientras tanto, la presión política y mediática mantiene el caso en el centro del debate público y obliga a las autoridades a actuar con celeridad, rigor y claridad para que la ciudadanía pueda conocer la verdad y las instituciones recuperen la confianza.
