El Consejo de Ministros de Colombia aceptó formalmente la solicitud de impedimento presentada por el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Fabio Alberto Arjona Hincapié. La decisión le impide al alto funcionario intervenir de manera directa en los trámites de delimitación del ecosistema de Santurbán y en los procesos de conservación de las fuentes hídricas de la región. El pronunciamiento quedó oficialmente notificado tras culminar las revisiones técnicas de la Presidencia.
La resolución del Ejecutivo responde a una recusación instaurada por el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán el 18 de agosto de 2026. En dicho documento, firmado por once ciudadanos, la organización civil solicitó apartar al jefe de la cartera ministerial de las discusiones sobre la delimitación territorial del complejo. La solicitud buscaba garantizar transparencia frente a las decisiones en materia de protección ambiental y gestión de recursos.
El expediente formal avanzó en el Ministerio de Ambiente bajo el radicado interno 2026E1044346. Posteriormente, la Oficina Jurídica de la cartera remitió la solicitud al Departamento Administrativo de la Presidencia el 25 de agosto de 2026 mediante el oficio 13002026E2031498. La remisión procedió al tratarse de un asunto de competencia directa del gabinete ministerial para evitar conflictos de interés.
La decisión final fue adoptada en la sesión del Consejo de Ministros celebrada el 10 de septiembre de 2026. La ratificación quedó asentada formalmente en el certificado CERT26-000590 / AGEO 1300000 con fecha del 15 de septiembre. Con este aval, la jefatura de la Oficina Jurídica del Ministerio notificó la decisión final a los ciudadanos peticionarios el 16 de septiembre de 2026.
El alcance del impedimento abarca decisiones referentes a la reserva temporal del Complejo de Páramos Jurisdicciones Santurbán – Berlín y la quebrada La Baja. Asimismo, le prohíbe al ministro Arjona actuar sobre la definición de la reserva definitiva en dicha cuenca. Con esta medida, el Gobierno Nacional busca asegurar la objetividad técnica en la adopción de normativas para la protección del agua.
