Colombia, 27 de mayo 2026 – El Tribunal Administrativo de Bolívar revocó la decisión que había permitido la devolución de la administración de Coosalud a sus antiguos directivos y ordenó que la Superintendencia Nacional de Salud recupere de forma inmediata y plena el control administrativo de la EPS. Con ello, la intervención forzosa decretada por la Supersalud permanece vigente mientras continúan los procesos judiciales y las actuaciones de control.
La resolución obliga a que la administración de Coosalud sea restituida al Gobierno nacional y faculta a la Supersalud para adoptar las medidas técnicas, administrativas y financieras necesarias para corregir las deficiencias detectadas por los organismos de control. En la práctica, esto implica el nombramiento de un nuevo agente interventor que asuma la gestión operativa y garantice la continuidad de los servicios de salud para los afiliados.
En una decisión previa, el mismo tribunal había señalado a dos directivos —Jaime Miguel González Montaño y Natalia Largo González— como los legitimados para recibir la entidad y continuar en la administración hasta un nuevo nombramiento estatutario. La nueva providencia deja sin efecto esa entrega y devuelve la responsabilidad administrativa al Estado mientras se desarrollan las investigaciones y las auditorías correspondientes.
La Supersalud informó que la intervención se llevará a cabo con el acompañamiento de la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, organismos que supervisarán las actuaciones administrativas y financieras. El objetivo declarado por la autoridad sanitaria es corregir las fallas estructurales señaladas por los entes de control y asegurar la prestación oportuna de los servicios.
Desde la dirección de Coosalud, la entidad ha sostenido que sus directivos no están vinculados a actos de corrupción, postura que ha reiterado ante los señalamientos públicos. Sin embargo, los informes de control han identificado irregularidades que motivaron la intervención inicial y que ahora serán objeto de revisión durante la nueva etapa administrativa.
El presidente Gustavo Petro se pronunció en redes sociales y pidió investigar al juez que autorizó la devolución de la EPS a sus antiguos administradores, al considerar que esa decisión debía ser indagada por las autoridades competentes. El mandatario también aludió a otras resoluciones judiciales relacionadas con recursos de salud, señalando la necesidad de esclarecer posibles irregularidades en fallos que afectaron a otras EPS.
Con más de 3,3 millones de afiliados, Coosalud es una de las EPS más grandes del país, por lo que cualquier cambio en su administración tiene efectos directos sobre la atención médica. Las autoridades han señalado que una de las prioridades será garantizar la continuidad de los servicios y evitar interrupciones en la atención. Analistas del sector advierten que la transición debe ser rápida y técnica para minimizar riesgos operativos y financieros.
En las próximas horas la Supersalud deberá anunciar el nombre del agente interventor y las primeras medidas operativas: revisión de contratos, evaluación financiera, planes de contingencia para la atención y coordinación con los entes de control para auditorías y seguimientos. La intervención buscará, además, restablecer la confianza de afiliados y prestadores mediante transparencia en la gestión y resultados verificables.
La restitución del control administrativo al Estado abre una etapa de intervención intensiva que combina responsabilidades operativas y procesos de investigación. El reto será corregir las fallas detectadas sin afectar la prestación de servicios, y demostrar con acciones concretas que la gestión pública puede estabilizar la operación de una EPS de gran tamaño y proteger el derecho a la salud de millones de colombianos.
