Juan David Quevedo
La Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra Carlos Alberto Carrillo Arenas tras declaraciones políticas realizadas durante una actividad institucional de la entidad.
El ente disciplinario ordenó la suspensión provisional del funcionario debido a una investigación disciplinaria por presunta participación en política durante la campaña presidencial.
Carrillo dirige la entidad encargada de coordinar la atención de emergencias y desastres en el país. Su nombramiento se produjo después del escándalo de corrupción que afectó a la UNGRD y desde entonces se ha convertido en una de las figuras más visibles del Gobierno nacional en temas relacionados con gestión del riesgo.
La actuación disciplinaria se originó por declaraciones realizadas durante una rueda de prensa institucional convocada para presentar información sobre la temporada de ciclones. En medio de su intervención, el funcionario se refirió al panorama político nacional y cuestionó a sectores que participan en la actual contienda electoral.
Entre las expresiones analizadas por la Procuraduría se encuentra una referencia a un supuesto proyecto abiertamente fascista, comentario que motivó la apertura de la investigación. El organismo busca establecer si dichas manifestaciones vulneraron las restricciones que tienen los servidores públicos frente a la participación en asuntos electorales.
De acuerdo con la legislación colombiana, los funcionarios del Estado deben mantener neutralidad política en el ejercicio de sus cargos y evitar actuaciones que puedan interpretarse como respaldo o rechazo a candidaturas, movimientos o campañas.
Como medida preventiva, la Procuraduría decidió apartar temporalmente a Carrillo de sus funciones mientras avanza el proceso disciplinario. La suspensión se extenderá hasta la tarde del 21 de junio, fecha programada para la segunda vuelta presidencial.
La decisión no constituye una sanción definitiva ni determina responsabilidad disciplinaria. El expediente continuará su trámite mientras la entidad recopila y evalúa las pruebas relacionadas con el caso.
Tras conocer la medida, Carrillo manifestó su desacuerdo y aseguró que no promovió candidatos, no solicitó votos y no participó en actividades de proselitismo político. También afirmó que sus declaraciones hacen parte del ejercicio de la libertad de expresión y anunció que ejercerá su derecho de defensa dentro de la investigación.
El caso se conoce en medio de la recta final de la campaña presidencial y vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre los límites de la participación política de los funcionarios públicos y el alcance de los controles disciplinarios durante procesos electorales.
