El pasado 20 de septiembre, se legalizó la captura de varios miembros de la estructura criminal La Mesa, posteriormente se realizó el debido proceso de incautación por parte de las autoridades quienes sorpresivamente encontraron un título minero a nombre de una tercera, que era utilizado desde el 2014 por los integrantes de La Mesa.
Este hecho, generó polémica entre la población porque aseguran que esta organización criminal no es la única que cuenta con títulos mineros concedidos ilegalmente, sino que a nivel nacional las disputas entre otros grupos armados es constante, así como el deterioro a los territorios, incluso sagrados, para las comunidades.
Con la desmovilización de las FARC, otras bandas criminales se disputan aquellos territorios que eran controlados y ahora están libres, por lo que las poblaciones que quedan en medio se ven involucradas en hechos violentos, donde ni siquiera el ejército puede intervenir.
Aunque las denuncias sobre minería legal son constantes en la Defensoría del Pueblo, la gestión irregular de las instituciones por parte de las entidades que conceden los títulos mineros promueven el otorgamiento ilegal de licencias a grupos como el ELN, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y la Nueva Generación Héroes del Nordeste (NG), sin verificar las disposiciones legales a tener en cuenta a la hora de conceder los permisos, ni los futuros daños a los que se expone la población.
Según el último informe de la Agencia Nacional de Minería, cuenta con 7.652 títulos mineros otorgados (7.073 vigentes y 579 autorizaciones temporales a enero de 2020), de los cuales el 42% corresponde a materiales de construcción, seguido de metales preciosos y carbón, entre otros, convirtiendo a Colombia en un país potencial para explotación de minerales.
Por esto, las bandas criminales que operan en regiones como Antioquia y Chocó extorsionan a los productores y se apropian de los recursos, además suplantan a quienes son acreedores de títulos mineros para obtener las ganancias.
Los habitantes de los territorios explotados ilegalmente han utilizado los mecanismos de participación para combatir estas prácticas mineras ilegales y según el informe Minería del oro, territorio y conflicto en Colombia, “en Colombia se realizaron 9 consultas populares para decirle no a la minería a gran escala, entre los años 2013 y 2018”.
No todas las regiones aprueban la minería en sus territorios, porque consideran que se hace un deterioro innecesario al medio ambiente, además este tipo de economía atrae grupos criminales que se enfrentan entre sí y amenazan a los pobladores, pero la lucha continúa y según la Asociación Colombiana de Minería se tienen contadas 158 iniciativas de consultas populares y 135 acuerdos municipales que buscan frenar la actividad minera a gran escala.