En una audiencia de seguimiento sobre la protección de quienes dejaron las armas, realizada en Popayán (suroeste), ese tribunal pidió a las autoridades presentar “estrategias de seguridad” para antiguos integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), favorecer la reubicación para quienes estén en “riesgo inminente”, y divulgar “campañas pedagógicas para prevenir la estigmatización de los excombatientes”.
Esas fueron las conclusiones que leyó la magistrada relatora Reinere de los Ángeles Jaramillo, en el encuentro que duró todo el día, y que reunió a excombatientes de las FARC, como el presidente del partido Comunes, Rodrigo Londoño (“Timochenko”); a miembros de la comunidad internacional; y a autoridades militares y civiles de los departamentos de Cauca (al que pertenece Popayán), Valle del Cauca y Nariño.
“No puede haber una reconciliación genuina si no nos comprometemos todos con un esfuerzo común para superar la estigmatización”, agregó Jaramillo durante la lectura de conclusiones.
Previamente, el magistrado de la JEP, Alejandro Ramelli, había hecho un balance de los colombianos muertos tras la firma de la paz. Desde entonces, 2016, hasta el momento, 283 excombatientes han sido asesinados.
Pero no solo ellos sufren la violencia en los territorios: al menos 1225 líderes sociales han caído igualmente bajo las balas. Y las masacres, que “se han convertido en una práctica cotidiana”, de acuerdo con el togado, han dejado 241 víctimas.