La jueza Carmen Ortiz, resolvió rechazar el pedido de la fiscalía de archivar el caso que involucra al exmandatario y exsenador Álvaro Uribe, jefe del partido de gobierno, por presunto soborno y manipulación de testigos, la juez no envía directamente al expresidente a juicio, sino que define que la preclusión no es viable, “esto indica que el caso continúa”.
La decisión puede ser apelada por la defensa del expresidente, si finalmente un tribunal superior acoge el dictamen de la jueza, Uribe deberá ir a juicio y eventualmente podría ser condenado a prisión por los delitos que se le imputan. “Resulta claro para el despacho que sí existe una hipótesis posible acerca de la materialidad del soborno en la actuación penal” de Uribe, dijo Ortiz en una audiencia en Bogotá.
El exmandatario enfrenta cargos por soborno y fraude procesal contra el senador de oposición Iván Cepeda. En 2012, Uribe presentó una denuncia contra el congresista por un supuesto complot con testigos falsos para vincularlo con grupos paramilitares de ultraderecha, responsables de violaciones de derechos humanos en la guerra clandestina contra los rebeldes izquierdistas.
Sin embargo, la Corte Suprema se abstuvo de enjuiciar a Cepeda y, en su lugar, comenzó a investigar al exgobernante en su calidad de parlamentario en 2018. Los magistrados concluyeron que Uribe trató de manipular testigos para desacreditar a su opositor. El tribunal fue más allá y en agosto de 2020 ordenó el arresto domiciliario del expresidente mientras avanzaba en su investigación.
Uribe, que cuestionó a la Corte Suprema por supuesto sesgo político, logró zafarse de esa jurisdicción al renunciar al escaño que ocupaba en el Senado desde 2014. Su expediente pasó entonces a un tribunal ordinario, que levantó la orden de reclusión que pesaba sobre Uribe.
La fiscalía asumió la investigación y el año pasado planteó a la justicia el archivo del caso por considerar que no había delito.
El proceso contra el expresidente Álvaro Uribe por los delitos de soborno de testigos y fraude procesal continuará adelante. Luego de más de ocho meses de iniciada la audiencia de preclusión que tomó más de 100 horas de audiencias. En su decisión, la juez controvirtió los argumentos de la Fiscalía, quien había pedido el archivo del proceso por dos razones: las conductas descritas en el caso no serían delito (atipicidad) y, si lo fueran, no habría elementos para probar el rol del expresidente en los hechos.
En su argumentación, la juez expuso que, contrario a lo expresado por el expresidente, su defensa y la Procuraduría, quienes dijeron que no tenían claros los hechos por los que Uribe era investigado, la indagatoria que este rindió en la Corte equivale a una imputación y por lo tanto allí le dejaron claras las razones.
“El despacho no comparte la crítica de la defensa, al censurar que la imputación llevada en la indagatoria y luego retomada al resolverse la situación jurídica fue ‘elástica’ (…) por ello estima el despacho tampoco asiste razón al exsenador Álvaro Uribe en su intervención, cuando manifestó que se le había cercenado el derecho a la defensa al no habérsele informado en qué calidad se le imputaba”.
Bajo esta línea, la Juez explicó que todo el trámite efectuado en la Corte Suprema de Justicia “conserva plena validez dentro de esta actuación”, y dijo que las pruebas que practicó la Sala de Instrucción de la Corte Suprema sí serán tenidas en cuenta en su integridad. Esto ante las críticas que hizo el Ministerio Público y la Defensa sobre ellas. Es decir, las interceptaciones telefónicas entre el abogado Diego Cadena y Álvaro Uribe.
Lo anterior, porque estas pruebas son legítimas desde el momento en que se equiparó la indagatoria realizada por Uribe con la imputación. “Estos temas ya fueron debatidos y resueltos en etapa procesal pretérita y porque el presente trámite tampoco es el escenario para ello”.
La jueza cuestionó a la Fiscalía porque no investigó el proceso que se sigue en contra de Uribe Vélez. Por su parte el fiscal Gabriel Jaimes, argumentó que no hay pruebas que determinen que el procesado haya participado en delito alguno, sin embargo, la jueza determinó que sí hay indicios que Uribe si habría incurrido en el delito de soborno.
Uno de los cuestionamientos se basa en las omisiones y pérdida de memoria del abogado Diego Cadena. A la jueza le llamó la atención la forma en que llegaron a la Corte Suprema las cartas paramilitares alias ‘Sinaí’, ‘Cadavid’ y ‘Poli’, recluidos en la cárcel de Cómbita.
Hubo una reunión entre Cadena, la abogada Ángela López (enlace de los presos), el entonces director de la cárcel de Cómbita, coronel Gustavo Adolfo Ricaurte y el ex asesor de la UTL de Álvaro Uribe, Fabián Rojas y la Fiscalía nunca los llamó a declarar sobre ese episodio.
En las declaraciones de Cadena ante la Corte Suprema, el abogado olvidó mencionar esa reunión, vino a recordarlo en la declaración que le dio a la Fiscalía.
“Para este despacho no resulta creíble que el haber omitido decirle a la Corte acerca de la reunión con el director de la cárcel de Cómbita, la abogada Ángela López y Fabián Rojas, sea producto de la excusa que el mismo Cadena alegó posteriormente que lo olvidó porque difícil sería olvidar reunirse con el director de la cárcel que luego le ayudó a entrevistar a los testigos”.
Dijo la jueza que “visto lo anterior, resulta claro para el despacho que sí existe una hipótesis posible a cerca de la materialidad del delito de la actuación penal”.
“(…) en cuanto a la hipótesis de autoría o participación del exsenador Álvaro Uribe Vélez en estos hechos ha quedado demostrado que contrario a lo afirmado por Diego Cadena, el reporte de las gestiones realizadas, así como la solicitud de autorización para continuar con las mismas ocurrieron en el mismo día en que acaeció la reunión de este con Fabián Rojas, Ángela López, y el coronel Ricaurte Tapia”, explicó la jueza.
Otro de los cuestionamientos, es que hay indicios que las dos cartas del exparamilitar Tuso Sierra se pudieron haber elaborado a cambio de beneficios. Ese testigo tiene antecedentes de haber declarado a cambio de dádivas.
El proceso debe ir ahora el Tribunal Superior de Bogotá, en caso de que exista apelación, se definirá si se mantiene la negativa de la preclusión y la Fiscalía definirá si hay otro fiscal y si se acusa o se hace una nueva solicitud de preclusión con una nueva argumentación ante un nuevo juez, “la decisión vuelve a quedar en manos de la Fiscalía”. El tiempo en la que se resuelve la apelación podría ser de 3 o 4 meses.