La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) terminó el jueves una visita a Colombia que inició el lunes para hacer seguimiento a denuncias de violaciones de derechos humanos en medio de un paro nacional iniciado el 28 de abril, indicó la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez.
“Hemos tenido ahora el cierre de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a nuestro país. Nos sentimos muy satisfechos, como parte del Estado colombiano, por el reconocimiento explícito, reiterado, que hicieron los distintos comisionados a la fortaleza institucional de Colombia, a la fortaleza de nuestra democracia”, dijo Ramírez en declaraciones a la prensa en el Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería, en Bogotá.
Ramírez señaló que los delegados de la CIDH, encabezados por su presidenta, Antonia Urrejola, recomendaron mantener el diálogo y buscar “espacios de trabajo conjunto” con los diferentes sectores que alientan el paro (entre los que se encuentran sindicatos, estudiantes e indígenas) para “preservar la democracia y para seguir fortaleciendo las instituciones”.
La funcionaria también expresó que tanto la CIDH como el Estado colombiano lamentan las 21 muertes (según datos de la Fiscalía) que se han presentado en el marco de las protestas, y señaló el compromiso de adelantar “todas las investigaciones necesarias sobre cuáles han sido realmente las causas de las muertes”.
Al respecto indicó que la Fiscalía General de la Nación ha definido las investigaciones relacionadas con posibles violaciones a los derechos humanos y que estas tendrán “una prioridad”, por lo que los avances y resultados serán entregados a la CIDH.
Ramírez también dijo que las protestas han sido infiltradas por “grupos minoritarios” con el propósito de generar caos y actos de vandalismo, por lo que consideró que “hay intereses oscuros”.
Por último, anunció que el embajador de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Alejandro Ordóñez, “ha quedado encargado” de mantener el trabajo permanente con la CIDH, por lo que a través de él ese organismo comunicará las recomendaciones que ha de emitir la próxima semana para el Estado colombiano.
Según denuncias de organizaciones defensoras de derechos humanos, entre el 28 de abril y el 4 de junio, al menos 77 personas murieron durante las protestas en Colombia, 34 de ellas a manos de efectivos de la Fuerza Pública, y 1.246 civiles han sido heridos, de las cuales al menos 74 sufrieron lesiones oculares, mientras que suman 87 los casos de personas heridas por armas de fuego.
Los datos, que fueron revelados el domingo, muestran además que en poco más de un mes de paro se ha detenido de manera arbitraria al menos a 2.808 personas y se ha cometido violencia de género contra 106 personas.