Mediante una carta pública 130 organizaciones ambientales y grupos de derechos humanos exigieron al congreso que ratifique prontamente el Acuerdo de Escazú, un convenio regional entre 24 países al que Colombia se acogió en diciembre del año pasado.
La aplicación del acuerdo recomienda la restauración de las áreas ecológicas degradadas, sugiere la creación de una justicia ambiental especializada, el fortalecimiento de la participación ciudadana en temas ambientales y la protección de los defensores de los derechos humanos y ambientales del país.
El proyecto de ley fue radicado en julio de este año por el presidente Iván Duque, pero para que entre en vigencia debe ser ratificado por el Congreso de la República, el problema es que durante las audiencias públicas realizadas el 3 y el 14 de septiembre, algunos detractores frenaron el trámite.
Problemas y obstrucciones del acuerdo
El presidente de la Asociación Ecológica Colombiana (ASOECO), Alejandro Motta, asegura que el crimen ecológico de los cultivos ilícitos afecta en gran parte este proceso, porque después de la firma de los Acuerdos de Paz, las áreas de cultivos ilícitos están siendo ampliadas por actores ilegales que buscan que el gobierno se las escriture.
Por su parte la vocera de la Corporación Renacer, Nancy Fiallo, asegura que al gobierno no le conviene ratificar este acuerdo por sus intereses económicos de corte ambiental y por eso, algunos miembros de partidos políticos se excusan en otros aspectos para entorpecer las acciones de protección ambiental.
“La misma prensa no informa porque muchas corporaciones financian a los medios y por eso los periodistas no muestran todo lo que pasa”, asegura la vocera de Renacer.
La vocera también enfatiza en la importancia de proteger a los líderes ambientales porque son personas fuertes que conocen en profundidad los temas de derechos humanos, pero es precisamente esto lo que las hace ser víctimas de ataques y desplazamientos.
“Si usted mira cada caso en detalle, hay una lucha, una representación comunitaria liderada por una persona, y eso acarrea que la mayoría de víctimas sean líderes ambientales”, afirma Fiallo.
Aportes del proyecto de ley
Las organizaciones ambientales son impulsoras del acuerdo porque tienen la esperanza de que unidos contribuyan a la recuperación y conservación los recursos naturales y al ratificar el proyecto de ley se confirman los 17 mandatos propuestos en los principios del desarrollo sostenible.
“Si logramos hacer una restauración ecológica es un avance muy importante para América Latina, especialmente fichar a Colombia como un país líder en el cumplimiento de las metas sobre desarrollo sostenible”, afirmó Alejandro Motta, presidente de la Asociación Ecológica Colombiana (ASOECO).
Uno de los beneficios del acuerdo es que las personas y los recursos tendrían una relación directa de mutualismo que contribuiría a la supervivencia de ambos, y por otra parte buscaría una remuneración económica por parte de las Corporaciones Autónomas Regionales (CARs) y las entidades públicas para quienes cuiden bienes y servicios ambientales.
Expectativas del proyecto
“Este acuerdo fortalece la gobernanza local, estableciendo estándares para la protección de los defensores en materia ambiental. Esta ratificación tiene una especial importancia porque busca garantizar la protección de la vida de esos líderes, uno de los principales retos del país en los últimos años”, afirmó a la revista Semana, el senador Antonio Sanguino, uno de los ponentes del proyecto de ley.
Para Motta y Fiallo, salvar los recursos naturales y a los líderes sociales es una necesidad del país que, no solo depende de una legislación, sino del compromiso de toda una sociedad que a veces parece indolente ante los hechos de violencia que afectan a quienes luchan por el cuidado y la preservación de sus territorios.