A través del comunicado 132 de 2020 la Jurisdicción Especial para la Paz informó que las FARC asumían la responsabilidad de los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado, Hernando Pizarro León-Gómez, José Fedor Rey, Jesús Antonio Bejarano, Fernando Landazábal Reyes y Pablo Emilio Guarín.
Entre las mencionadas víctimas, destaca Álvaro Gómez Hurtado, pues en su momento se posicionaba como uno de los principales referentes de la oposición. Lo anterior le dio a dicho crimen la categoría de magnicidio, pues se asume que la causal estaba relacionada con su cargo o poder político.
Ahora, 25 años después del asesinato, renacen hipótesis al respecto y surgen nuevas:
Primero, hay que recordar que Héctor Paul Flórez fue condenado a 40 años de prisión por el asesinado de Gómez, de los cuales pagó 18 años y 8 meses, al verse reducida su sentencia por buen comportamiento y estudio en la cárcel. Durante todos estos años, Flórez siempre sostuvo que era inocente y ahora sólo espera que la justicia colombiana reconozca que se equivocó.
Por otro lado, el periodista Mauricio Gómez, hijo de la víctima, considera que fue el entonces presidente Ernesto Samper quién orquestó el asesinato para sacar a su padre del camino, pues opina que con él vivo Samper no terminaría la presidencia. En su teoría también se encuentra involucrada la excongresista Piedad Córdoba, pues según él, sus declaraciones de tener conocimiento sobre quién mató al dirigente conservador son sólo para encubrir a Samper y culpar a algún miembro de las FARC de que esté muerto.
En diálogo con la emisora W Radio, este lunes, Gómez, hijo de Álvaro Gómez Hurtado, afirmó que los excomandantes guerrilleros buscan “tapar hueco de mentiras fabricando una mentira mayor”, y agregó que no les interesa atribuirse ese y otros asesinatos porque “en La Habana se negoció la impunidad, cuando hubo un relevo de negociadores y llegaron los amigos de Samper”.
Por su parte, Hernando Gómez Bustamante, alias ‘Rasguño’, sostiene que Orlando Henao (capo del cartel del norte del Valle) asesinó a Álvaro Gómez por solicitud de Ignacio Londoño, un político vallecaucano cercano a Ernesto Samper y Horacio Serpa.
Igualmente, en su momento el coronel Bernardo Ruíz Silva (comandante de la Brigada de Inteligencia del Ejército) fue llamado a juicio tras haber sido señalado por un testigo (cuya identidad se mantuvo en reserva), de haber participado en una reunión en Bucaramanga con los sicarios que cometieron el crimen. Sin embargo, fue absuelto por una juez especializada.
¿Y ahora qué?
Ahora, la declaración de las FARC ha causado dudas, pues por años se mantuvo la idea de que el crimen estuvo ligado al narcotráfico o al Ejército, pero nunca al movimiento insurgente. Y ahora la duda gira en torno a si es la Justicia ordinaria o la JEP quien debe investigar y procesar el caso.
La carta de reconocimiento de los seis asesinatos fue recibida por la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP y está firmada por antiguos integrantes del Secretariado de las antiguas FARC, entre ellos los hoy senadores Julián Gallo (conocido como Carlos Antonio Lozada) y Pablo Catatumbo, así como también por el exguerrillero Pastor Alape.
“La Comisión, en cabeza de los comisionados y comisionadas, establecerá comunicación inmediata con familiares de Álvaro Gómez Hurtado (…). Asimismo, con las entidades y organizaciones afectadas” por ese asesinato, indicó la Justicia Especial para la Paz – JEP – en un comunicado.