El pasado 8 de septiembre, los representantes a la cámara del Partido Liberal, Juan Carlos Losada y Juan Fernando Reyes, presentaron un proyecto del ley ante la Comisión Primera, para regular el consumo de marihuana con fines recreativos en personas mayores de edad, argumentando que así se respeta el derecho al libre desarrollo de las libertades individuales.
“La marihuana no es más dañina que otras sustancias que son completamente legales, y por el contrario mantenerla en la ilegalidad es poner la plata en los bolsillos de las redes criminales”, afirmó Losada.
Por otra parte, los partidos de corte conservador se opusieron a la iniciativa, argumentando que, al avalar el proyecto aumentarán las redes de tráfico de drogas y la marihuana caerá en las manos de los menores de edad.
“Lo que busca este acto legislativo es seguir golpeando la Constitución” afirmó el representante del partido Cambio Radical, Erwin Arias.
A pesar de la controversia, el proyecto será sometido a debate durante esta semana para analizar los pros y contras de la medida, el impacto a nivel nacional de la ley y las regulaciones necesarias para que se promuevan los derechos individuales sin afectar los derechos de los niños.
Breve historia de la legalización del cannabis recreativo
Inicialmente, Colombia era un país productor de drogas y con el tiempo se convirtió en consumidor de su propio producto, por lo que en 1986 se creó la primera legislación sobre drogas en el país mediante la ley 30, y posteriormente, con la llegada de la Constitución Política de 1991, se reafirmó el Derecho al Libre Desarrollo de la Personalidad, se estableció la cantidad y las disposiciones jurídicas tanto para los consumidores como para los cultivadores.
En el 2009, el presidente de turno, Álvaro Uribe, prohibió el porte y consumo de estupefacientes a menos que tuviera una prescripción médica, afirmando que se estaba afectando el artículo 49, que hace responsable al Estado por el cuidado de la salud de sus habitantes.
Nuevamente en el año 2012, la Corte Constitucional expidió la sentencia C-491 para revocar el decreto anterior y volver a garantizar el Derecho al Libre Desarrollo de la Personalidad, pero la controversia regresó en el año 2016, cuando el nuevo Código Nacional de Policía prohibía el porte de sustancias psicoactivas, aunque ya había una ley a nivel nacional que permitía el porte y consumo.
Actualmente, el Senado de la República no sólo está analizando el consumo, sino que también se está tomando en cuenta la producción y venta del producto, pese a la lucha del país contra el narcotráfico.
Por otro lado, la propuesta de Losada abre una posibilidad para apoyar la lucha contra las drogas mediante la libre competencia y mercantilización del producto, además de apoyar otros sectores económicos del país a través de los aranceles que van a pagar los productores y consumidores.
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