Por Gustavo Adolfo Montes Arias, cuarto semestre.
“Estos suelos son muy fértiles, ¿para qué los vamos a quitar de ahí?”, se pregunta Manuela Mejía Ángel, estudiante de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Ella nació y creció en el municipio de Pácora. Es una joven comprometida con los procesos e iniciativas sociales y ambientales de defensa del territorio.
Al enterarse de la solicitud de títulos mineros allí, se organizó con más personas en Pácora Libre de Minería, una iniciativa colectiva para salvaguardar el municipio de la aprobación de títulos de extracción a cielo abierto: “Estaba reunida con unos compañeros de la universidad y recibí un mensaje con los documentos sobre la minería. Empecé a leer y sentí, primero, negación. Luego, tristeza e indignación”.
Pácora está ubicado en la subregión Norte del departamento de Caldas. Según el último censo nacional de población tiene alrededor de 13.200 habitantes. Está situado a 1.825 metros sobre el nivel del mar. El pueblo, por lo general, es abrazado por un tenue velo de neblina que sube hasta lo alto de las montañas. Allí nacen las fuentes de agua a las que debe su riqueza hídrica.
En este lugar la existencia de minerales no explorados en el subsuelo está a punto de abrirle la puerta a la minería. El Auto 0065 de junio de 2021, de la Agencia Nacional de Minería (ANM), expone: “A la fecha se encuentran veintidós propuestas de contrato de concesión minera en el municipio de Pácora”. Cinco de ellas ya están a la espera del otorgamiento de la licencia para iniciar labores de exploración.
Cinco títulos, tres empresas y un territorio
De los más de veinte títulos mineros que están siendo solicitados a la ANM para explorar el subsuelo de Pácora, cinco de ellos van un paso adelante. En total, son 262 solicitudes de proyectos en todo el departamento. Según datos de la Gobernación de Caldas, 42 ya tienen viabilidad técnica, jurídica y económica.
En el caso específico de Pácora, tres empresas tienen solicitudes sobre cinco terrenos distintos. De las 26.500 hectáreas de su extensión geográfica, se verían afectadas alrededor de 1.762. Su vocación territorial, por historia y tradición, es la agricultura, la ganadería, la producción de café y, en los últimos años, de aguacate para exportación.
El primero de los títulos está en manos de Malbec Inversiones. La empresa solicita permiso para explorar oro, plata y cobre en 416 hectáreas de tierra. Todas sobre “un área disponible o no adjudicada, que podría ser otorgada a un solicitante”, como reza en el informe de la ANM. El proyecto englobaría terrenos pertenecientes a las veredas El Limón, San Francisco y La Palma.
El informe técnico sugiere a la empresa que revise el ítem A, del artículo 35 del Código de Minas, pues el proyecto tendría influencia sobre el centro poblado de La Palma. Además, presenta una superposición de áreas (concesión de áreas para minería sobre terrenos con otro uso definido) que afectaría el Paisaje Cultural Cafetero, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2011.
La multinacional sudafricana AngloGold Ashanti solicita 734 hectáreas para la exploración y explotación de minerales, tierras raras, piedras preciosas y semipreciosas, rocas metamórficas, entre otros elementos. Su proyecto tiene influencia sobre los municipios de Pácora, Marmato, La Merced y Supía. El 4,72% del terreno solicitado, alrededor de tres hectáreas, está en jurisdicción de Pácora y corresponde a las veredas Estación Pácora y Alto de Pozo.
El informe técnico de la ANM señala que la empresa no tiene inhabilidades ni incompatibilidades y cuenta con capacidad jurídica y económica para recibir el título minero. Aunque la empresa es reconocida por malas prácticas ambientales según organizaciones como Green Peace y una lista de proyectos que han tenido al borde de la minería a municipios como Cajamarca (Tolima).
El proyecto de AngloGold, según el informe, tiene una superposición con un plan de electrificación de Medellín a La Virginia. En la relación de actividades a realizar durante la exploración, apunta que no se harán estudios de dinámica fluvial. Sin embargo, la mina compromete de forma directa un tramo del Río Pozo, que desemboca en el Río Cauca. Este último, el segundo más importante de Colombia, sería afectado también por el proyecto Minera de Cobre Quebradona, para el que la multinacional solicitó la licencia ambiental en Jericó, al suroeste de Antioquia.
En un comunicado de prensa emitido el 20 de julio de 2021, la multinacional negó tener interés sobre títulos en la región: “AngloGold Ashanti no tiene interés en desarrollar exploración o explotación minera en el departamento de Caldas”. La empresa aseguró que cedió los derechos de concesión minera sobre Pácora y Aranzazu a la empresa Royal Road Minerals. Sin embargo, el informe técnico publicado en 2021 por la ANM tiene fecha de radicación del 14 de agosto de 2019. El documento no tiene anotaciones sobre cambios de la firma interesada en los títulos.
Minerales Provenza es otra empresa que tiene la vista sobre Pácora. Solo se sabe que su centro de operaciones administrativas está en la ciudad de Medellín y solicita tres títulos mineros en jurisdicción del municipio. Dos de estos presentan superposiciones considerables.
El primero comprende una franja de nueve hectáreas para la exploración y explotación de oro, plata, platino y otros minerales. El informe técnico registra una superposición sobre terrenos de interés para la Unidad de Restitución de Tierras y afecta a la vereda Miraflores, del corregimiento de Castilla.
El segundo título compromete 447 hectáreas de tierra, de las que el 5,79% y el 94,212% corresponden a los municipios de Pácora y Aguadas, respectivamente. Abarca también una franja de territorio de Caramanta (Antioquia). Allí la empresa busca explorar y extraer oro. El informe de la ANM no registra superposiciones del proyecto sobre ningún terreno, pero Aguadas hace parte de la Red de Pueblos Patrimonio de Colombia, creada por el Ministerio de Cultura. Su principal vocación no es la minería.
El tercer proyecto de Minerales Provenza tiene una extensión de 1.281 hectáreas, todas en jurisdicción de Pácora. Su finalidad es la explotación de oro, plata, platino y otros minerales. Este es, tal vez, el proyecto que más conflictos generaría, puesto que el informe técnico presenta dos superposiciones de terreno sobre los centros poblados del corregimiento de Las Coles y la vereda Loma Hermosa. El área de interés afecta a otras cinco veredas.
Los cinco informes técnicos de la ANM anotan que las tres empresas tienen completa capacidad para el desarrollo de exploraciones y explotaciones mineras. Las superposiciones de terrenos son uno de los puntos importantes para considerar la inviabilidad de los proyectos, puesto que afectan varias poblaciones rurales y una declaratoria patrimonial internacional.
Pero lo que a la comunidad y sus organizaciones más les preocupa son los impactos sociales, medioambientales y la infertilidad de la tierra tras el cambio de vocación. Sobre las consecuencias a largo plazo, Manuela Mejía cuestiona: “¿En ese suelo qué volverá a crecer? Nada, porque allí no habrá tierra. No crecerá una mata de plátano, un árbol de café, de aguacate ni la maleza”.
Trabas e incoherencias
Las incoherencias en la adjudicación de títulos empezaron a aparecer tras la publicación de la invitación a la audiencia pública. Cambio acelerado del cronograma de audiencias y falta de información, fueron las demandas de la comunidad para pedir la suspensión del proceso.
Alberto Franco, sacerdote oriundo del municipio de Aranzazu y animador (líder ambiental religioso) de la Red de Iglesias y Minería, cuestiona las incongruencias en el proceso: “No puedo hacer afirmaciones contundentes. Pero creo que hay una necesidad de aprobación y saben de la oposición cada día más creciente ante el tema minero”. La organización a la que pertenece Franco defiende los derechos ambientales y culturales de comunidades amenazadas por la minería en América Latina.
Sobre los cambios en las fechas de las audiencias por parte de la ANM, comenta: “Necesitaban un manejo del tiempo que no diera oportunidad a la reacción”. En el caso de Pácora, la primera citación era para el 19 de julio de 2021. Luego fue aplazada para el día 23 del mismo mes por “motivos de logística”, como se lee en el Auto 00080 de la agencia estatal.
La comunidad denuncia un manejo inadecuado de la comunicación, pues la falta de información habría desembocado en la aprobación de los títulos mineros. El Auto de citación de la ANM expone: “El día 07 de abril de 2021 la Gerente de Contratación de la Agencia Nacional de Minería y el Alcalde del municipio de Pacora, departamento de Caldas, concertaron unas áreas susceptibles de vocación minera en el municipio.” La información no se conoció hasta el 9 de julio.
El 17 de julio se desarrolló una cumbre de alcaldes en el municipio de La Merced y luego de una petición del secretario de Gobierno de Caldas a la Nación para detener la realización de audiencias, estas fueron suspendidas indefinidamente en todo el departamento. Las incongruencias en las fechas de desarrollo de las audiencias públicas, se repetían en gran parte de los municipios afectados.
Para Franco, “lo primero que hay que reclamar es el derecho real a la participación ciudadana y luego, el tema de la desinformación. Cuando no hay transparencia en la información, se da pie para la corrupción”. La comunidad demanda el derecho de conocer a detalle las implicaciones de la minería en el municipio.
La idea de las comunidades afectadas en Caldas es que las autoridades querían hacer pasar las audiencias públicas como mecanismo de participación. Esto, para darle celeridad a la aprobación de los títulos.
El sacerdote comenta: “Uno puede especular mucho, pero yo no creo en la buena voluntad, desde la ANM, de una real participación de la gente. El primer elemento es la información y ellos solo querían llenar el requisito. Esa es mi percepción”.
Desde su experiencia como animador ambiental, Franco expone lo sucedido en otros municipios en los que antes se tramitaron licencias de minería: “En algunas partes la lista de asistencia ha sido presentada como verificación de la consulta –a las comunidades–. En otros lugares recogieron firmas después de una buena borrachera”.
Consecuencias y expectativas
Respecto a las consecuencias que traería la adjudicación de los cinco títulos en el municipio de Pácora, Franco menciona los aspectos que le parecen importantes: “A nivel medioambiental hay una destrucción, contaminación del agua y del aire, destrucción de cultivos tradicionales y, en Caldas, del Paisaje Cultural Cafetero”.
Añade otro efecto importante: “Se modifica profundamente la composición social. Los trabajos que ofrece la minería a nivel local son secundarios y muchas veces temporales; los trabajos calificados, por lo general, no son de la región. Esa descomposición está asociada al dinero rápido, la prostitución, el alcoholismo, la delincuencia, las rupturas familiares y una serie de daños muy fuertes”.
La inquietud de Mejía es igual de amplia a la del sacerdote: “No sé qué me preocupa más”. Afirma que las empresas dicen que no usarán químicos fuertes o que afecten en gran magnitud al medio ambiente. Desde su visión académica, la estudiante de ingeniería refuta que sí es necesario el uso de químicos en todo proceso de extracción de minerales: “Tal vez la minería a cielo abierto tiene mejor control de emisión de gases que la minería en socavones, pero escarbar el subsuelo contamina. Se alteran los gases que están en estabilidad bajo la tierra”.
El cambio de la vocación agrícola y cafetera del territorio es la consecuencia que más alarma a la comunidad. Mejía comenta: “Cuando en una región agrícola dicen que van a esterilizar el suelo –con la minería–, eso es una amenaza”. Franco refuerza su argumento: “Se modifica la lógica económica del territorio y se introduce otra mentalidad que destruye a largo plazo”.
Por ahora, en Pácora y los demás municipios de Caldas con solicitudes de títulos mineros pendientes, se están desarrollando procesos de formación e información. Se busca advertir a las comunidades sobre las consecuencias de la llegada de las firmas mineras.
Mejía lo hace desde Pácora Libre de Minería: “Buscamos que la gente tenga la herramienta del conocimiento a su disposición”. Franco, por su parte, anima a las comunidades desde la Red de Iglesias y Minería: “Ahora no estamos en el territorio, pero mantenemos atentos a lo que pasa. La gente es la que hace, nosotros solo apoyamos”.
Según la Gobernación de Caldas en el departamento ya fueron otorgados 367 títulos mineros. Datos publicados en el diario La Patria registraron que, al año 2013, había 395 títulos de extracción activos en 25 de los 27 municipios del departamento. Las comunidades esperan que se les dé el derecho de participar a través de un mecanismo como la consulta popular. Mejía concluye: “Estamos educando a la gente y educándonos a nosotros, porque no es solo salir a la calle y gritar ¡no!”. Está segura de que las personas poseen el derecho a decidir qué hacer con lo que está bajo su tierra.