Por: Melissa Díaz. 6to. Semestre
Situación actual
El Mirador de San Carlos se encuentra en lo alto de una loma, en el barrio Pijaos y fue construído a un costado de la carrera décima. A la fecha, consta de tres torres con diecinueve pisos cada una y 304 apartamentos en total. Sin embargo, sólo una de las torres está parcialmente habitada mientras que las demás se encuentran en obra gris y abandonadas.Sumando que la torre de 6 pisos para parqueaderos privados y de visitantes está sin acabar y con grietas que preocupan a la comunidad. Varios de los habitantes manifestaron que la construcción sería mortal si se derrumbara por alguna falla o algún movimiento del suelo.Y como si fuera poco, los habitantes que residen en el proyecto afirman que no tienen ni contadores de agua o luz ni zonas comunes.
Promesa incumplida
Jeffersson Muñoz es padre de familia. Vive con su esposa y sus tres hijos en la localidad de Rafael Uribe Uribe y desde hacía un tiempo estaba buscando tener casa propia. Hacia el año 2015, se le presentó la oportunidad para apartar un apartamento en el proyecto Urbanístico Mirador de San Carlos ubicado en el barrio Pijaos al suroccidente de la ciudad. Las entidades encargadas para la construcción y financiación del proyecto eran la constructora Grupo Andino Marín Valencia Urbanizadora S.A.S (Grama) y la Fiduciaria Davivienda respectivamente.
Don Jefferson relata que con los ahorros de él y su esposa lograron reunir $50 millones de pesos para la cuota inicial del apartamento y lo consignaron a la Fiduciaria. Ambos estaban emocionados porque se trataba de un sueño que tenían y que habían comenzado a cumplir. Sin embargo, ese sueño se desmoronó cuando no le entregaron el apartamento en el año 2016 que era la fecha acordada. Según Muñoz, nunca recibió una notificación de la Constructora o de Davivienda y que cuando fue a reclamar al punto de venta no había ninguna oficina.
Al ver la situación, Don Jefferson relata que tuvo que contratar tres abogados para que lo ayudaran a recuperar su dinero. Todos le dijeron que no podían hacer nada al respecto y que lo único que le aconsejaban era consignar alrededor de $8 millones de pesos a la Cámara de Comercio de Bogotá para iniciar un proceso “a ver si de pronto le podían devolver el dinero”. Según Muñoz las razones que le dieron los tres abogados es que la Constructora estaba pasando por un proceso de retraso y de insolvencia económica. Hoy, después de seis años Don Jefferson dice que sigue pagando arriendo porque nunca le dieron respuesta.
Así como él, son varios los ciudadanos que se han quejado y han presentado denuncias con respecto al incumplimiento de la Constructora con la entrega de los apartamentos después de tantos años. Las redes sociales han desempeñado un papel importante en esta situación ya que han permitido a la comunidad visibilizar su inconformidad. Tal es el caso del grupo de Facebook Constructora Grama no responde que reúne a más de trescientos miembros con malas experiencias sobre las edificaciones. Todos comparten que hasta el momento no han recibido una solución apropiada sobre su dinero y que los inmuebles llevan años sin ser terminados y entregados.
Las licencias de urbanización
El 30 de abril de 2019 se presentó una demanda de protección al consumidor ante la Superintendencia de Industria y Comercio y fue trasladada a la Comisión de Veedurías de Curadurías de Bogotá por la Subdirección de Investigaciones de la Secretaría del Hábitat. Esta demanda fue hecha, en primer lugar, porque sólo dos etapas figuraban con la licencia de construcción y se pedía una explicación sobre el permiso de la tercera. En segundo lugar, porque la edificación se estaba haciendo en zona de reserva vial. Esto último implica que el lugar donde se construyó se trataba de una franja de terreno necesaria para la ampliación de la vía pública que en este caso viene siendo la Carrera décima.
Con respecto a estos asuntos, en el Acta No.18-2019, hecha el 22 de noviembre de 2019, la Comisión de Veedurías respondió que según el Decreto 190 de 2004 (Compilación del POT), en el Artículo 179 se establece que en las zonas de reservas se pueden solicitar licencias de urbanismo y construcción en sus diferentes modalidades y concluyen que el proyecto era viable y que se podían aprobar las licencias de urbanización. También se explica que la construcción de la etapa I fue aprobada por la Curadora urbana No 3 Adriana López Moncayo mediante la Resolución RES 09-3-0289 del 24 de junio de 2009. Para 2013 se aprobaron “modificaciones al proyecto urbanístico y se concedió licencia de Urbanización para la etapa II mediante la Resolución No. RES 13-5-1310 de noviembre de 2013”. Sin embargo, en el Acta nunca se menciona la licencia de construcción para la tercera etapa sino que se recalca que sólo estaban permitidas las primeras dos.
El escándalo de corrupción
Además de esta situación, el 9 de junio de 2020 fue condenado Fernando Marín Valencia, presidente de la Constructora Grama, a cuatro años de prisión por el delito de lavado de millonarias sumas de dinero y por su presunta participación en el escándalo del Carrusel de la Contratación en Bogotá. Según el informe de la Fiscalía, fueron seis eventos en los que recibió dineros y se detectaron operaciones de inversión en proyectos de construcción por sumas superiores a los $1.200 millones que fueron “girados a unas cuentas bancarias en Estados Unidos y retirados mediante el sistema de débito bancario”.
Declaración de Reorganización de GRAMA
El drama se incrementó cuando el 22 de octubre de 2020 la Constructora solicitó la admisión al proceso de Reorganización ante la Superintendencia de Sociedades. Según el comunicado expedido por la firma Urazan Abogados Asociados, que es la que representa a la Constructora, la decisión fue tomada para preservar la empresa frente a la crisis de construcción del país y las consecuencias de la pandemia.
Este proceso está enmarcado en la Ley 1116 DE 2006 que, en caso que la empresa no tenga para pagar, autoriza iniciar un trámite con la Superintendencia de Sociedades para llegar a un acuerdo con sus acreedores o, en otro caso, para liquidar la empresa. En otras palabras, la Constructora GRAMA se declaró insolvente para que de ese modo pudiera conservar la empresa y normalizar en un corto plazo las relaciones crediticias. Este trámite fue aprobado por la Superintendencia el 14 de diciembre del año pasado.
En el Memorando de Entendimiento Vinculante suscrito por Banco Davivienda S.A.S y Marin Valencia Construcciones S.A, firmado el 12 de mayo de 2021, el representante legal de Grama, Jose Gregorio Esmeral Camacho, explica que la empresa “no ha contado con el personal necesario para actualizar el estado y presupuesto de las obras” y afirma que la reorganización requiere de otros procesos con Davivienda y la misma Superintendencia.
El Mirador San Carlos no es el único
Esta no es la única edificación que está sin terminar y que lleva demasiado tiempo sin entregarse. Entre tantos se encuentran Sierra Mar en Santa Marta, Ciudad Caribe, Mar Azul y la Floresta en Barranquilla. Se supone que la Constructora y la Fiduciaria correspondiente están comprometidos a terminar los proyectos que están en proceso pero que están sujetos al proceso de reorganización.
Habrá que esperar cuál será la próxima respuesta de la empresa. Por ahora, los ciudadanos que compraron en estos proyectos en vez de tener casa propia seguirán teniendo “su casa en el aire”.
