Su oponente, la aspirante derechista Keiko Fujimori se quedaría en el 49,7 por ciento de los sufragios, según informa la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) desde su portal virtual, en referencia a la segunda vuelta del 6 de junio.
El margen entre ambos llegaba a las 70.000 votos, y el partido de Fujimori, Fuerza Popular, estaba tan desesperado por variar el resultado que presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la petición de anular 200.000 votos, aproximadamente, pertenecientes a 802 mesas a nivel nacional. Si esas impugnaciones fueran admitidas a trámite, las papeletas afectadas deberían ser retiradas del recuento final.
Impugnaciones
El propio presidente del ente electoral peruano, Jorge Salas, calificó de “extraordinario” esa solicitud de nulidad presentada por los abogados de Fujimori.
Salas señaló que en las presidenciales de 2011 solo se presentaron dos pedidos de nulidades, mientras que en los comicios de 2016 aumentaron a casi una treintena, lo que supone una “diferencia importante” respecto a la situación actual. “El sistema electoral peruano está pensando para cosas de muy poca dimensión en relación a los recursos impugnativos. Lo que está pasando ahora es extraordinario”, subrayó el alto funcionario.
Según aclaró Salas, las impugnaciones deben pasar primero por los jurados electorales especiales, que tardarían unos tres días en convocar audiencias y otros tres días en ofrecer su respuesta. Prácticamente una semana de espera. Y ahí no acabaría el proceso, porque solo entonces llegarían a la JNE, órgano que tendría otros plazos para dictar su resolución.
En otro orden de cosas, Salas lamentó el “mal favor” que se hace a la democracia peruana “al hablar de fraudes que no existen”, refiriéndose a la denuncia de Fuerza Popular sobre un presunto “fraude en mesa”.
“El fraude implica un concierto de voluntades orquestado, planificado y ejecutado desde adentro y con el ánimo de causar una decisión torcida, de afectar la voluntad popular y eso no existe, eso no se ha visto, eso no sucede. Eso no está sino en la febril imaginación de alguien”, declaró Salas en una entrevista a la emisora RPP.
Estrategia Fujimorista
¿Cuál es la estrategia que subyace bajo esta maniobra fujimorista? “Parece apuntar a que se cumpla la autoprofecía de los desmanes en las calles que se esfuerzan en provocar, sin evaluar los trágicos resultados que podrían desencadenarse”. Así de contundente se expresaba en un reciente artículo editorial el diario limeño La República.
“Es el momento de poner paños fríos a esta irresponsable y temeraria denuncia”, añadió el rotativo progresista, máximo competidor del periódico El Comercio, de tendencia conservadora y decano de la prensa de Lima, la capital peruana.
Pese a la denuncia de Fujimori, los observadores internacionales que supervisaron la marcha de las votaciones no encontraron pruebas de un fraude masivo, aunque sí algunas “irregularidades aisladas”. Después de destacar el cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales del proceso, el jefe de los observadores enviados por la Organización de Estados Americanos (OEA), Rubén Ramírez, felicitó al pueblo peruano y reconoció el esfuerzo de las autoridades peruanas “por la organización de un proceso de gran complejidad, marcado por la pandemia y la polarización política”.
A la misma conclusión exitosa y correcta llegaron los delegados de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE).
Salvo giros inesperados, Castillo parece destinado a sustituir a Francisco Sagasti en la Jefatura del Estado, pero tendrá que enfrentarse a un Congreso muy fragmentado, donde persiste una importante presencia de partidos de derecha, a pesar de que su formación, Perú Libre, haya sido la que más actas de diputado ha conseguido -37-, seguido de Fuerza Popular, que se quedó con 24 representantes.
Perú Libre está bastante lejos de la mayoría absoluta -66- de los 130 escaños totales del Parlamento para acometer cambios de gran calado.
Un Gobierno de cambios y retos
El propio Castillo ve necesario cambiar la Constitución y abrir un periodo constituyente, pero necesitará echar mano del diálogo y la negociación para avanzar en su ambicioso programa bolivariano y sindicalista. Incluso el Legislativo saliente, dominado todavía por los sectores fujimoristas -73 diputados-, parecía dispuesto a morir matando, pues se apresuró a votar a favor de una serie de reformas constitucionales que buscaban debilitar la figura presidencial y que provocaron comentarios de preocupación por parte de Sagasti.
“Seremos un gobierno respetuoso de la democracia, de la Constitución actual y haremos un gobierno con estabilidad financiera y económica”, anunció el candidato de izquierdas cuando los guarismos se decantaban por su nombre, queriendo calmar los nervios de los mercados y de sus aliados internos.
Los retos que tiene Castillo por delante son colosales, entre ellos reducir la desigualdad y el desempleo. Los efectos de la pandemia han sido terribles en este país andino de 33 millones de habitantes, pues la pobreza aumentó nada menos que un 9 por ciento, hasta alcanzar a un tercio de la población del Perú. El paro es otro asunto extremadamente delicado ya que solo el año pasado 2,3 millones de personas perdieron su trabajo.
Castillo tendrá poco margen de maniobra, pero debería aumentar la inversión pública y fomentar de esa manera la capacidad de uno de los motores de la economía nacional. Los primeros pasos que dé serán determinantes para fijar el rumbo de su política macroeconómica. Mucho dependerá de a quién nombre como ministro de Economía y Finanzas y de a quién designe como presidente del Banco Central de Reserva.