La presión social por cumplir con los estándares de belleza ha provocado un crecimiento en el mercado de la estética en el país. Este fenómeno ha transformado las cirugías y tratamientos en un negocio sumamente lucrativo donde, de manera preocupante, muchos centros clandestinos y comerciales priorizan las ganancias económicas por encima de las normas de bioseguridad y la vida de los pacientes.
El detonante de la actual emergencia ha sido el trágico fallecimiento de Yulixa Toloza, un desenlace que ha encendido las alarmas y del que varios sectores exigen que marque un punto de no retorno. A raíz de este hecho, se ha reavivado la presión social para que el Congreso de la República reactive el debate legislativo para regular estas prácticas, un proyecto que ha permanecido congelado debido al lobby de sectores económicos interesados en evitar mayores controles.
Ante esta situación, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas lanzó un llamado urgente, “queremos hacer un llamado al Gobierno Nacional y al Congreso de la República para que avancen de forma prioritaria en el desarrollo de la reglamentación de la cirugía plástica estética en Colombia, de la mano de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, que son los que tienen todo el criterio técnico, ético y científico”. El Estado tiene la obligación constitucional de proteger el derecho a la salud y garantizar que todos los establecimientos que se ofertan al público cumplan con los estándares médicos obligatorios.
La falta de una regulación robusta y penalizaciones severas contra quienes ejercen la medicina estética sin ser cirujanos calificados ha convertido esta problemática en una emergencia de salud pública que cobra vidas humanas.
En Bogotá la situación es crítica. Los recientes operativos e investigaciones sobre las clínicas estéticas clandestinas revelan que las medidas de control de las autoridades locales resultan insuficientes ante el aumento de estos establecimientos. Esto deja a los ciudadanos en una enorme vulnerabilidad; no obstante, según lo dicho por Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, durante su entrevista con LA FM: “…en la página www.saludcapital.gov.co está… ahí pueden verificar si el sitio está o no habilitado. Si no aparece en el listado, no está habilitado. Eso es un primer filtro que todo el mundo debería seguir.” De este modo, el mandatario deja claro que existen herramientas oficiales para validar la legalidad de estos centros.
