Ingresar a una estación de TransMilenio representa, para la mayoría de los bogotanos, un complejo ejercicio de paciencia y tolerancia. Sin embargo, para los guardias de seguridad privada se ha convertido en un trabajo de alto riesgo. Lo que en los documentos aparece como un control rutinario para verificar el pago del pasaje, en la práctica se ha transformado en intolerancia y la violencia física o verbal todos los días
En los micrófonos de UNIMINUTO Radio, Miguel Ángel Díaz García, presidente de la Confederación Nacional del Gremio de Vigilancia Privada (Confevip), expuso una realidad que las cifras oficiales a veces camuflan: en lo que va del año, 282 vigilantes han sido agredidos dentro del sistema, y de esos casos, 75 ocurrieron durante el último mes. No se trata de números o cifras, sino de personas que salieron a cumplir con su jornada laboral y terminaron golpeadas o insultadas por el simple hecho de hacer cumplir la norma.
“No son agresiones de los vigilantes a los usuarios, son agresiones de los usuarios a los vigilantes… porque ven en ellos un obstáculo, un control, un filtro”, explicó Díaz, quien comparó la situación con el hecho absurdo de asistir a una sala de cine y agredir a la persona que controla las boletas en la entrada.
El peso de un contrato y el dilema del usuario
En las calles y en las redes sociales se habla con frecuencia del “Escuadrón Anticolados”, en ocasiones con desconfianza. Frente a esto, el líder gremial aclaró que la presencia de estos guardias en los torniquetes no obedece a un capricho de las empresas ni a una iniciativa aislada, sino al cumplimiento de una obligación contractual estricta con TransMilenio. El sistema requiere recaudar los pasajes para sostenerse, renovar los buses y prepararse para los retos operativos que traerá la llegada del Metro de Bogotá.
“Quiero que la audiencia entienda que no es un capricho que apareció la empresa de vigilancia exigiendo eso, ¿no? Es fruto de un contrato de una exigencia de TransMilenio que necesita recaudar para poder seguir avanzando en el sistema…”, dijó el representante de Confevip, durante la entrevista.
El problema de fondo, según el análisis del sector, es una costumbre arraigada en la que evadir el pago se terminó por normalizar. Cuando el personal intenta poner un límite, la respuesta suele ser violenta. “Hay una costumbre ya muy acendrada en que si yo no quiero pagar, no pago, y si yo quiero colarme, me cuelo”, lamentó Díaz, tras recordar que la gran mayoría de los usuarios —trabajadores, estudiantes y amas de casa— realizan el esfuerzo diario de costear su pasaje, por lo cual resulta profundamente injusto que otros pretendan viajar gratis a expensas de la ciudadanía.
Solos y vulnerables
Uno de los puntos más honestos de la conversación dejó ver la vulnerabilidad del guarda en las estaciones más complejas de la capital. Aunque existen protocolos diseñados para que la Policía Nacional intervenga, la realidad suele ser muy distinta. La falta de pie de fuerza y el desgaste presupuestal de la institución policial provocan que, en el momento de mayor tensión, los uniformados no siempre estén presentes.
Ese tener que “frentear” la situación implica que el personal de seguridad, dotado únicamente con una tonfa de uso estrictamente defensivo, deba resistir cuando grupos de cuatro o cinco personas se abalanzan para ingresar a la fuerza. El impacto es tan fuerte que las empresas han tenido que activar esquemas de acompañamiento psicológico para los guardias, cuyas familias, atemorizadas, les piden constantemente que renuncien para no poner en riesgo sus vidas. Incluso ha sido necesario brindar apoyo jurídico, pues existen múltiples casos donde el vigilante termina investigado injustamente solo por defenderse.
Una tarea que desborda a un solo sector
Para el gremio, resulta evidente que la seguridad de TransMilenio no se solucionará simplemente con la contratación de más guardias privados ni dejando la responsabilidad exclusivamente sobre sus hombros, pues su función no contempla el control del orden público de la ciudad. Se requiere que la Alcaldía Mayor asuma el problema con todas sus herramientas institucionales.
Díaz García hizo hincapié en la necesidad de una articulación transversal. Mencionó, por ejemplo, el papel que debería jugar la Secretaría de Desarrollo Económico para organizar y reubicar las ventas ambulantes que saturan los vagones, un entorno informal que con frecuencia es aprovechado para ingresar armas o estupefacientes al sistema masivo.
Al final, más allá de la operatividad y la política social, el mensaje del líder de la vigilancia privada apeló a , “generar una cultura ciudadana de pago, una cultura ciudadana de que las personas defiendan el sistema, que defiendan su financiación, defiendan el pago y obviamente rechazar cualquier otra conducta que no sea en el marco de la legalidad”. Cuidar el transporte de Bogotá no consiste solo en vigilar la infraestructura; implica también respetar la dignidad de quienes madrugan todos los días a custodiar las puertas del sistema.
