“Dentro del derecho de acceso a la información reservada que le otorga el Decreto 588, la Comisión solicita al ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, le sean entregados los documentos relacionados con estos seguimientos y espionajes informáticos, a fin esclarecer la verdad histórica y de ética pública subyacente”, indicó en una carta pública el presidente de la Comisión de la Verdad, el sacerdote Francisco de Roux.
El viernes, la revista Semana reveló una trama de espionaje contra periodistas, corresponsales extranjeros, políticos y líderes sociales por parte de unidades del Ejército que realizaron dicha práctica entre febrero y diciembre de 2019.
Durante ese tiempo, hicieron seguimiento y elaboraron carpetas de más de 130 personas con el apoyo logístico y económico de una agencia de inteligencia de Estados Unidos, cuyos recursos, destinados para la lucha contra el narcotráfico, fueron usados para hacer seguimiento a periodistas, incluso a Nicholas Casey, corresponsal en Colombia de The New York Times y quien dejó el país meses atrás tras publicar un artículo que comprometía al Ejército colombiano.
Las carpetas elaboradas por inteligencia del Ejército y reveladas por Semana contienen números de teléfono, “direcciones de residencia y trabajo, correos electrónicos, amigos, familiares, hijos, colegas, contactos, infracciones de tráfico y hasta lugares de votación” de aquellas 130 personas, indicó la revista.
De Roux señaló en su misiva que “en diversas ocasiones el Ministerio de Defensa ha tomado resoluciones disciplinarias contra oficiales que han incurrido en estas conductas. Sin embargo, los hechos se repiten, lo que cuestiona la existencia de la determinación ética corporativa constante e indispensable para que las medidas legales sean eficaces”.
El sacerdote también cuestionó la eficacia del Sistema Nacional para la Depuración de Archivos de Inteligencia y Contrainteligencia, que fue creado en diciembre de 2017, pero cuyos resultados aún no se conocen.
“Estamos ante acciones que afectan gravemente a personas y que destruyen la moral pública”, dijo, y confió que tras una “investigación exhaustiva” se produzcan “cambios éticos indispensables para que no continúe lo intolerable”.
Por último, consideró que este tipo de hechos avergüenzan a Colombia ante el mundo y son “una amenaza contra los derechos y libertades consagrados en la Constitución y en el derecho internacional… al tiempo que contribuyen a la persistencia del conflicto”.
Por el hecho, once oficiales fueron retirados del servicio el viernes, mientras que un brigadier general solicitó su retiro voluntario del servicio activo, informó el Ministerio de Defensa.