Por: Carlos Andrés Vidal Martínez
En Colombia, el tiempo es una variable que muta según la conveniencia del relato oficial. En Cali, por ejemplo, la eficiencia gubernamental es una criatura mítica que casi nadie logra ver en los baches de las avenidas, en las dilatadas licitaciones de infraestructura o en las eternas promesas de seguridad ciudadana. Sin embargo, esa misma burocracia, usualmente paquidérmica, adquiere la velocidad del rayo cuando se trata de blanquear un muro. Basta que un grupo de activistas y víctimas pinte sobre el cemento los números de nuestra tragedia (7.837 ejecuciones extrajudiciales y 18.677 niños reclutados) para que la administración local despliegue, en cuestión de horas, cuadrillas armadas con brochas y pintura gris. Qué paradójico: el Estado que llegó tarde a proteger la vida de esos miles, llega antes del amanecer para borrar sus fantasmas.
Esta prisa por “adecentar” las calles revela una selectividad operativa perversa. El argumento de mantener la neutralidad del espacio urbano es solo un eufemismo para camuflar el miedo institucional a la memoria. Un muro con cifras incómodas no contamina visualmente; lo que contamina es la indolencia. Pero tapar el muro no es un acto aislado; es el síntoma local de una metástasis nacional: la de una clase política periférica que prefiere gestionar la estética del olvido antes que asumir la ética de la verdad.
Mientras en Cali se blanquea la historia a golpe de rodillo, a unos cuantos kilómetros, en Segovia (Antioquia), el libreto nacional de la desmemoria estrena un nuevo capítulo. El expresidente Álvaro Uribe Vélez, le habla directamente en un video a los grupos armados ilegales, mencionando explícitamente al ELN, a las disidencias y al Clan del Golfo. No lo hace para exigirles el cese de la violencia ni para reclamar por los niños que hoy mismo siguen engrosando las filas del horror. Lo hace para advertirles, con un tono que cabalga entre la advertencia y el cálculo electoral, que no confíen en sus opositores políticos porque apenas sientan un apretón de Estados Unidos, los entregan. En su lugar, les ofrece como garantía de sometimiento serio la candidatura de su propio sector.
El contraste es demoledor y retrata el trasfondo de nuestra permanente crisis. Por un lado, la base social intenta anclar la verdad en las paredes de las ciudades para que la cotidianidad no nos anestesie. Por el otro, la alta política instrumentaliza a los mismos victimarios del país como intermediarios o piezas de su narrativa electoral, reduciendo el drama humano a un frío cálculo de votos y desconfianzas mutuas.
¿Cuál es, entonces, el mensaje que nos queda? Que para el poder, las 7.837 vidas truncadas por agentes estatales son un estorbo visual que debe eliminarse con inmediatez burocrática, mientras que las estructuras que reclutaron a 18.677 menores son interlocutores válidos en la plaza pública a la hora de fustigar al rival de turno.
Al final, la brocha que borra el muro en Cali y el discurso de Uribe en Segovia (Antioquia) son dos caras de la misma moneda. Ambos pretenden que miremos hacia el lugar equivocado: la alcaldía quiere que veamos paredes limpias; el caudillo quiere que veamos traiciones ajenas. Pero las cifras, por más que se intenten tapar con pintura gris o diluir en la retórica de la guerra, siguen ahí, grabadas en el tejido de una sociedad que no podrá construir ningún futuro digno mientras sus dirigentes sigan siendo más rápidos para ocultar la sangre que para evitar que se derrame.
