Desde el 16 de enero el noroccidente del país se encuentra en medio de una cruenta violencia a causa de los ataques del Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra algunos grupos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), dejando alrededor de 80 muertos y más de 32.000 personas desplazadas, según cifras suministradas por la Defensoría del Pueblo.
Las acciones por parte del presidente Gustavo Petro para mitigar la ola de violencia fue anunciar estado de conmoción y emergencia económica (decreto que aún no se ha expedido). Así mismo, el Jefe de Estado también ordenó la suspensión de los diálogos con el ELN, grupo insurgente que busca tomar el control de las rutas de narcotráfico y los cultivos de coca en el Catatumbo, un corredor estratégico por la frontera con Venezuela.
Entre tanto, la Defensoría del Pueblo aseguró que la ciudad de Cúcuta ha recibido la mayor cantidad de desplazados con 15.086, dos mil ubicados en diferentes hoteles de la ciudad por decisión de la administración para salvaguardar la salud mental y por seguridad, y el resto se han refugiado en casas de familiares. Luego sigue el municipio de Ocaña con 11.000, Tibú con 5.300; además se estima que a Venezuela han llegado 11.00 personas que buscan protección, sin embargo, las autoridades aseguran que estas cifras podrían ser mayores.
Entre las víctimas mortales se encuentran 5 firmantes de los Acuerdos de Paz entre Gobierno y Farc en el año 2016 y otros 11 se encuentran desaparecidos, además. Alejandra Miller, directora de la Agencia para la Reincorporación, comentó que en el Catatumbo viven alrededor de 464 firmantes y 102 han tenido que huir con sus familias a otras ciudades.
Las alcaldías de Medellín y Bogotá han dispuesto lugares para que los ciudadanos puedan donar productos alimenticios no perecederos, colchones, cobijas, todo lo que sirva para acondicionar y para dotar los albergues, además, se necesitan alimentos para animales de compañía y elementos aseo.
