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El elefante blanco más antiguo de Bogotá

La construcción de la nueva sede de la Policía Metropolitana de Bogotá (MEBOG) va a cumplir 10 años desde su inicio y se le han destinado más de $250 mil millones.

Por: Marcela Hurtado, Shealsy Restrepo y Alejandra Rodríguez

La construcción de la nueva sede de la Policía Metropolitana de Bogotá (MEBOG) que se encuentra ubicada en la carrera 56 con calle 22, en el barrio Salitre sur, va a cumplir 10 años desde su inicio y a la cual se le han destinado más de $250 mil millones. Desde los comienzos de esta obra se han venido presentado varias falencias en los cumplimientos del contrato y esto se ve reflejado en las demoras de su entrega.

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Las construcciones pausadas y que generan pérdidas de recursos públicos en Colombia son un tema común desde hace varios años. Los llamados “elefantes blancos” están presentes en diferentes zonas del país por medio de la construcción de hospitales, carreteras, edificios, escuelas, entre otras, y se han pausado, postergado o dadas por terminadas a causa de diversos factores, entre ellos y el más común: la corrupción.

En la ciudad de Bogotá se encuentra uno de los mayores elefantes blancos, la construcción de una nueva sede del comando de la Policía Metropolitana en la localidad de Teusaquillo que, desde el año 2010, ha sido toda una encrucijada de fechas interrumpidas y contratos incumplidos.

En el año 2010 se adjudicó el contrato de obra inicial 730, este fue firmado durante la alcaldía de Samuel Moreno, suscrito por el Fondo de Vigilancia de Seguridad (FVS) con la firma Castell Camel y contó con un presupuesto de $43.794 millones. Inicialmente se le entregó a la constructora un 50% como anticipo de la ejecución que dio inicio el 28 de diciembre de 2010. Se aseguró la entrega en 15 meses de esta sede que tendrá 32.000 metros cuadrados.

¿Quién fue el contratista y qué ente lo vigilaba?

El Fondo de Vigilancia de Seguridad (FVS) fue una entidad que tenía la función de garantizar la seguridad y la protección de los habitantes de la capital, fue creada por el Concejo de Bogotá mediante el Acuerdo 9 de 1980, estuvo en funcionamiento hasta el año 2016 y fue liquidada a causa de varios casos de corrupción en los cuales se vieron envueltos algunos de sus funcionarios.

Por otro lado, la constructora Castell Camell es una empresa familiar colombiana, se encuentra ubicada en el municipio de Chía y ha sido partícipe de varios proyectos en el transcurso de su funcionamiento. No es la primera vez que incumple ya que también se encontraron irregularidades en el contrato 332 de 2005 para la construcción y la ampliación de la torre del hospital San Vicente de Arauca por una suma de más de $7 mil millones, el cual fue incumplido y cedido a otra constructora en el año 2015. 

A pesar de los antecedentes de la empresa y teniendo más opciones de constructoras, a alcaldía le otorgó el contrato para la construcción de la nueva sede de la Policía Metropolitana de Bogotá (MEBOG) a esta constructora.

Posteriormente, en el año 2013, el fondo de adaptación adjudicó a la constructora Castell Camell un contrato de $33.953 millones de pesos para la construcción de 7 colegios en los municipios de Concordia, Pijiño del Carmen, Remolino, Pedraza, Zona Bananera, Plato y Zona Zenó, contrato que en el 2017 caducó sin que esta constructora entregará dichas obras, de tal manera fue demandada. El proyecto lo tomó el Consorcio de Magdalena en el 2018.    

El descuido de los alcaldes

Durante la construcción de este Comando de Policía se ha evidenciado un descuido por parte de las diferentes alcaldías que ha tenido la ciudad de Bogotá en los últimos 10 años. 

En primer lugar, se firmó el contrato con la constructora durante la alcaldía de Samuel Moreno. El mandatario, quien tuvo problemas con la ley colombiana en el transcurso de su mandato por temas de corrupción en contrataciones de obras públicas, fue suspendido por el procurador Alejandro Ordóñez el 03 de mayo de 2011 y acusado de hacer parte del caso de corrupción política “El carrusel de la contratación”. 

El contrato continuó en vigencia luego de la salida de Moreno y Clara López es posicionada como alcaldesa encargada hasta el año 2013, durante su administración no se entregó ningún tipo de resultado de la obra que se estimaba sería entregada en marzo de 2012.

Por otro lado, en la alcaldía de Gustavo Petro, la Contraloría General de la República, entidad que procura el buen uso de los recursos y bienes públicos en el país, por medio de un informe en el 2013, le hizo una advertencia fiscal por la irregular ejecución del contrato que causaría un grave riesgo de pérdida de recursos públicos estimado en $4.561 millones. Sin embargo, no se conoce un pronunciamiento oficial en su periodo de gobierno acerca de este elefante blanco.

Según el periódico El Tiempo, la obra también se vio afectada por las fuertes relaciones entre los interventores y los constructores hasta llegar a amenazas de muerte por supuestas diferencias en el desarrollo de los trabajos.  

Luego de los altercados de la Bogotá Humana, entra a administrar la ciudad Rafael Pardo, quien tomó el puesto mientras se elegía un nuevo alcalde para la ciudad, en este periodo entre el 2014 y 2015 nuevamente la Contraloría se pronuncia acerca de la construcción con dos informes:

El primero se dio en el 2014 a través de un informe de auditoría dirigido a Jorge Hernando Nieto Rojas, director general de la Policía Nacional. En este se afirmó la presunta falla funcional del Fondo de Vigilancia y Seguridad (FVS) por no presionar a su contratista para que cumpliera con los plazos contractuales y las obligaciones que se comprometió al suscribir el Contrato de obra 730 de 2010.

En el informe también se estipula que el plazo inicial del contrato de obra venció el 12 de marzo de 2012 y fue prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2016, sin que la auditoría del Fondo de Vigilancia hiciera entrega a la Policía de las obras a las cuales se comprometió, ni tampoco definió una solución frente las fallas estructurales que presentaba la edificación debido, principalmente, a deficiencias en la construcción de la estructura, lo cual no permitía la finalización de la obra. 

Posteriormente, en el mismo año, la Contraloría hace un informe de visita fiscal en el cual se asegura que la ejecución de la nueva sede del comando de la Policía Metropolitana de Bogotá, ha permanecido suspendida durante 16 meses desde el 28 de diciembre de 2012 hasta abril de 2014. Además, se anuncian dos suspensiones y cuatro ampliaciones a estas sanciones a la constructora Castell Camel que ha paralizado la ejecución física del edificio. 

Fue en la alcaldía de Enrique Peñalosa cuando nuevamente se le presta atención al gran elefante blanco, ya que al inicio de esta administración se encontró que la obra estaba paralizada desde diciembre de 2012 y con graves defectos en su construcción. El exalcalde afirmó que “Este es otro ejemplo de corrupción, de desidia, de la mala Administración… Unas obras abandonadas desde hace muchos años”.

En el 2017, luego de varios años de retraso en la entrega de la obra, la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia declaró el incumplimiento del contrato con la Sociedad Castell Camel SAS por medio de la resolución 513 del 23 de noviembre de 2017 y ratificada por la resolución 569 del 20 de diciembre del mismo año. Esta decisión se tomó teniendo en cuenta aspectos técnicos y jurídicos durante el desarrollo del contrato 730 de 2010 suscrito en ese momento por el Fondo de Vigilancia de Seguridad (FVS) con la Sociedad Castell Camel SAS, el cual presentó reiteradas suspensiones.

Como consecuencia de lo anterior, la Secretaría hizo efectiva la cláusula penal pecuniaria por el incumplimiento del contrato por parte de la constructora por un monto de $5.782 millones, suma pactada y actualizada con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) desde el momento de la firma del contrato.

Paralelamente, y con la construcción en pausa por la falta de informes técnicos acerca de las condiciones de la construcción, la Escuela Colombiana de Ingenieros hizo un estudio a la infraestructura, el cual dio como resultado la recomendación de un reforzamiento estructural que corrigiera los problemas de calidad y de estructura, también recomendaron un nuevo estudio que definiría el tipo de reforzamiento que requiere el edificio por un costo de $800 millones. 

Luego de la cancelación del contrato y de la realización de una serie de estudios, la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia abrió la licitación el 14 de noviembre de 2018 con el fin de contratar la “construcción y reforzamiento de la nueva sede del Comando de la Policía Metropolitana de Bogotá”, esta licitación tuvo 150 empresas interesadas. El 12 de diciembre se adjudicó al Consorcio Seguridad Urbana Distrito Capital la construcción del nuevo Comando para la Policía Metropolitana de Bogotá con un presupuesto de $127 mil millones, destrabando así el mayor elefante blanco que tenía la ciudad. 

El Consorcio de Seguridad Urbana Distrito Capital está conformado por Edificadora Urbe S.A.S., Constructora Amco LTDA, Constructora Conacero S.A.S. y AMR Construcciones S.A.S., este consorcio ha realizado varios proyectos como la construcción de la cárcel de Valledupar, el reforzamiento de la estructura del centro administrativo CAN, en Bogotá y, finalmente la construcción del Comando Metropolitano de Policía, contrato que firmó el 12 de diciembre de 2018 para reforzar la estructura de seis pisos a niveles de seguridad sismorresistentes y la ampliación del área construida de la edificación existente.

La constructora se comprometió a entregar la obra a mediados de 2020 pero se proyecta dos meses después la entrega, debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19. El elefante blanco del comando de la Policía Metropolitana es una muestra de la ineficiencia en la realización de diferentes construcciones en Colombia. Aún, después de 10 años, se sigue esperando el resultado de esta megaobra. 

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