A través de redes sociales, la líder de la oposición expresó su preocupación por la radicación del proyecto de jurisdicción agraria por parte del gobierno Petro. Según la congresista, esta iniciativa legalizaría la invasión de tierras, reviviría la expropiación express que la Corte Constitucional ya declaró inconstitucional, y abriría las puertas a una persecución contra los propietarios del campo.
La senadora destacó como peligrosos los siguientes puntos principales:
Legalización de la Invasión de Tierras con el principio de permanencia agraria
Bastaría con que los invasores realicen alguna actividad productiva en el predio, como una pequeña cosecha, para que nadie, ni siquiera los jueces, pueda desalojarlos. Este mecanismo otorgaría protección legal a los invasores y debilitaría significativamente los derechos de los propietarios legítimos.
Reviven la expropiación express
Esta medida ya había sido tumbada por la Corte Constitucional en el Plan de Desarrollo. La propuesta sugiere que los procesos agrarios sean resueltos por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) mediante actos administrativos, eliminando así la intervención de los jueces en estos casos.
Revive el principio de protección al más débil
A pesar de que la Corte Suprema solicitó la eliminación del principio de protección al más débil en el campo, el Gobierno insiste en incorporarlo. Esta medida plantea una cuestión fundamental: ¿quién es realmente el débil? ¿El que invade o el que es invadido? ¿El que cosecha o el que vende?
Persercución a los propietarios del campo
Se prohibe el fraccionamiento antieconómico y la concentración improductiva del suelo pero no se describen las caracteristicas de estos procesos deja todo a discrecionalidad de los jueces, lo que podría desencadenar una persecución masiva a los propietarios para expropiar sus tierras.
Impacto en el sector minero-energético
El proyecto no solo afectaría al sector agrícola, sino también al minero-energético. El Gobierno propone que todas las controversias comerciales relacionadas con la producción de alimentos, productos agrarios, y recursos naturales no renovables, como carbón y petróleo, sean resueltas en esta jurisdicción agraria, pese a que ya existen jueces especializados para ello. Esto plantea serias dudas sobre el futuro del sector minero-energético en el país.
Cambio en la aplicación de normas
El Código Civil y el Código de Comercio quedarían relegados a un segundo plano, ya que primaría el derecho agrario, el cual hoy carece de reglas claras. Se presume que el Gobierno está preparando un nuevo Código Agrario, tal como lo han mencionado los Magistrados de la Corte Suprema.
Consecuencias para la Inversión en el Campo
Se establece que las afirmaciones de los sujetos de especial protección se presumen veraces, lo que obligaría a los propietarios, inversionistas y empleadores a gastar grandes sumas en abogados para desvirtuar estas afirmaciones. Se crearían jueces con amplios poderes, capaces de fallar más allá de lo solicitado por los demandantes y de hacer seguimiento a sus decisiones, incluso después de finalizado el proceso.
“Este proyecto de ley es muy grave y deja en riesgo la seguridad jurídica en Colombia. Podría poner fin a la inversión en el campo. Nadie estaría dispuesto a asumir el riesgo de producir con la amenaza latente de ser invadido, expropiado y perseguido judicialmente. No permitiremos que acaben con el campo, daremos la batalla en el Congreso, y necesitamos la ayuda de todos los colombianos” concluyó Valencia.
