Con la creación del decreto 1000 en el año 1891, el presidente en ese momento Carlos Holguín aprueba la creación oficial de un Cuerpo de Policía encargado de la protección y garantía de los derechos de la ciudadanía, labor que se mantuvo hasta 1970, cuando se diseñó el primer Código Nacional de Policía y la Norma de Convivencia Social para que la población regulara su forma de actuar y se redujeran los conflictos.
Después de esto y durante las décadas siguientes, el narcotráfico y la delincuencia organizada empezaron a expandirse, a tomar el control de las zonas rurales del país y como consecuencia a atacar a la población, por lo que para apoyar las labores del Ejército fue necesario que la policía rural creara unidades como la de antinarcóticos, los bloques de búsqueda y el cuerpo de apoyo aéreo.
A raíz de esta ola de violencia por el control de los territorios, la Policía empezó a ser formada para combatir el crimen y mantener el control y orden del territorio a toda costa (aunque no todos los uniformados fueran a trabajar en esas áreas), por lo que muchos aplicaron este entrenamiento en las zonas urbanas del país.
“En realidad Colombia no tiene un cuerpo policial especializado en seguridad urbana, tiene una policía que está entrenada igual para enfrentar cárteles de droga o guerrilla que para controlar la entrada a un estadio de fútbol” afirmó Héctor Riveros, abogado constitucionalista durante una entrevista para CNN.
No toda la culpa es de la Policía, porque al ser una institución que hace parte del Ministerio de Defensa Nacional está ligada al cumplimiento de las políticas en materia de seguridad y orden público que impone el gobierno, pero es importante que los métodos para controlar a la población sean diferentes y por eso es necesario reformarlas hacia la civilidad.
Sin embargo, para mitigar este problema se crea el Centro de Pensamiento Policial en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, el cual se encarga de liderar, direccionar y promover una cultura de protección y garantía de los derechos de la población en los miembros de la institución.
“El Centro de Pensamiento, nace por la necesidad de asesorar a la Policía Nacional, especialmente a la Dirección Nacional de Escuelas en alinear todos los programas académicos a los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, con el fin de disminuir el daño antijurídico causado por violaciones a los Derechos Humanos” afirma la DINAE.
Debido al aumento de casos por abusos policiales, la ciudadanía junto con otros sectores políticos están planteando ante el Congreso de la República, realizar una reforma estructural a la Policía Nacional, en las cuales se modifiquen las conductas de los uniformados y los procesos de selección y entrenamiento, se capacite a los uniformados en el uso de la fuerza y sobre todo, se creen veedurías independientes que investiguen la gestión y los casos de abuso policial que se presenten, de este modo, las quejas y reclamos de la ciudadanía sean atendidas mediante un debido proceso.
“Una veeduría que haga vigilancia a esos procesos y que en dado caso solicite el ejercicio del poder preferente por parte de la Procuraduría, porque la verdad es que en la justicia disciplinaria de los policías existe mucha impunidad” afirmó Inti Asprilla en una entrevista para El Tiempo.
Por otra parte, el pasado 11 de septiembre, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López y el presidente Ivan Duque, se reunieron con el Procurador General de la Nación Fernando Carillo para discutir las medidas que deben tomar las instituciones en función de vigilar las conductas de los agentes, pero el presidente rechazó la propuesta de la alcaldesa sobre realizar una reforma estructural dentro de la Policía, porque “no consideraba que se debiera hacer una reforma legal”.
Este debate ya se había presentado en años pasados, en la década del 90, cuando varios dirigentes políticos propusieron la creación de un cuerpo civil que apoyara a la Policía durante la crisis de seguridad que vivía el país en ese entonces.
Entre tanto, el representante a la cámara Óscar Villamizar, miembro de la bancada del Centro Democrático, presentó una iniciativa para tramitar una ley que permita crear una Policía Civil, en la que tanto los agentes vestidos de civil como los uniformados contribuyan a la reducción del crimen pero cuidando de los derechos y libertades de la ciudadanía.
“Además se busca reducir los índices de fleteos, narcomenudeo, homicidios y hurtos a personas, establecimientos comerciales y viviendas” afirmó Villamizar.
A pesar que la población cree centros de control y veeduría ciudadana para canalizar e investigar los casos de abuso policial, depende de todos construir un país menos violento durante el posconflicto y no sólo de las fuerzas armadas y el gobierno, por lo cual es necesario que la población también aporte una cultura ciudadana pacífica.