Por: Diego Castro
Es común oír que, cuando las víctimas denuncian casos de abuso, acoso y violencia sexual, les hacen comentarios como “quién la manda a vestirse de esa manera”, “si no quiere que la miren pues no se vista así”, “está muy linda para estudiar esta carrera”, y la lista puede seguir. Comentarios de este tipo hacen que las mujeres, en gran mayoría las víctimas, se sientan culpables, intimidadas, incómodas, pues en no pocas ocasiones comparten espacios o actividades con los victimarios; bien sean docentes, otros estudiantes o alguien más que pertenece a la universidad.
Mónica Godoy, que ha sido docente universitaria y que ha defendido a víctimas de acoso y abuso, señala: “Es importante que se esté debatiendo en la esfera pública sobre una violencia que había sido silenciada, una violencia de la que poco se habla públicamente”. Godoy agrega que incluso puede llegar a ser vergonzante para las víctimas cuando se conocen casos de este tipo en su ámbito familiar.
Esta antropóloga insiste: “Tenemos que empezar a hablar por qué está pasando esto”, y agrega que la solución depende de la “conciencia de la no tolerancia” a estas situaciones en distintos espacios de la sociedad, que no tienen por únicos responsables a las autoridades.
Godoy, especializada en temas de género, recuerda que cuando enseñaba en la Universidad de Ibagué, en 2017, empezó a interesarse en temas de violencia de género, porque trabajadoras del cuerpo de vigilancia de la institución se acercaron a ella para manifestarle un caso de acoso laboral y sexual: “Ese sufrimiento creo que me conmovió muchísimo, e hizo que me comprometiera con ellas”. Esta ayuda por parte de Godoy terminó con su despido.
Después de su salida de la institución, vivió un ir y venir por el intrincado entramado judicial. Para recuperar su trabajo, instauró una acción de tutela, que en primera y segunda instancias fue fallada en su contra. Finalmente, llegó a la Corte Constitucional para su revisión, y esta falló a su favor; razón por la cual fue reintegrada a la Universidad de Ibagué.
A raíz de este antecedente, la Corte emitió la Sentencia T-239 de 2018, que expresa que las universidades tienen autonomía, pero que deben existir límites porque, según señala uno de los apartados de la sentencia, “la autonomía universitaria no implica una potestad absoluta y su ejercicio encuentra sus límites en la imposibilidad de desconocer los derechos fundamentales de sus trabajadores y estudiantes”. Por esta razón, el Ministerio de Educación Nacional insta a las instituciones de educación superior para que presenten y apliquen protocolos para abordar casos como el de Godoy.
Por ejemplo, en la Universidad Nacional de Colombia existe la Comisión Feminista y de Asuntos de Género del Departamento de Antropología, que a la fecha ha realizado 3 informes respecto de casos de violencia sexual en dicha institución.
En su último informe presenta 55 denuncias, de las cuales 46 corresponden a mujeres y 4 a hombres. El mismo informe incluye los nombres de los acusados de cometer tales actos. A su vez, los presuntos agresores fueron invitados a relatar su versión de los hechos. Los distintos informes de esta comisión presentan los testimonios textuales de las personas afectadas. Ante las acusaciones, apenas dos de los señalados respondieron, según cuenta la investigación.
Las que Luchan, colectivo asesorado por Mónica Godoy, indican que no se puede afirmar que todos los casos que han evidenciado puedan ser vistos como delitos; sin embargo, los relatos que obtuvieron dan cuenta de conductas indebidas en espacios universitarios, a los que se debe prestar atención.
Existen en otras universidades, grupos estudiantiles y feministas: en los Andes, No es NoRmal y PACA; en la Javeriana, Polifonía y Degénero; en la Universidad Nacional, Observatorio de Asuntos de Género, Colectivo Feminista Blanca Villamil y Las que Luchan.
Es importante destacar la presencia y activismo de estas organizaciones y colectivos que han permitido que muchas denuncias salgan a la luz pública; muchas de las cuales llegan a través de redes sociales. Otra tarea de estos colectivos es el acompañamiento en la escucha y en la orientación a quienes sufren y tienen algún temor cuando quieren exponer su caso, y quienes sufren por miedo a la revictimización.
¿Expulsión como sanción?
En el artículo titulado “¿Por qué se requieren políticas de equidad de género en la educación superior?”, la socióloga y veedora de los derechos de las mujeres en los espacios universitarios, Lya Yaneth Fuentes, destaca que “la violencia sexual constituye un problema naturalizado, velado, consentido y silenciado en la educación”, y que “esta situación es el resultado de la complicidad intrínseca en estrategias como ‘el derecho a no saber’ y la ‘ignorancia cultivada’”.
Mónica Godoy afirma que, si bien hay niveles de participación en las instituciones, aún así “las decisiones se toman en espacios cerrados donde ni las trabajadoras ni las estudiantes pueden participar de manera masiva. Creo que en esas estructuras jerárquicas es donde nace ese abuso de poder”. Godoy subraya que un primer paso es aceptar el problema: “Cuando han salido a la luz pública denuncias de este tipo, las universidades han hecho enormes esfuerzos en ocultar y negar que el problema existe, actitud que termina agravando la situación”.
En su investigación, Lya Fuentes destaca que “la escasa denuncia se explica por el temor a las represalias, y porque a esta no se le considera un mecanismo eficaz debido a la falta de objetividad de los procedimientos, y por el desconocimiento o ausencia de instancias para denunciar”.
Fuentes dice que el temor a represalias obstaculiza la denuncia, porque a quien se denuncia puede ser alguien importante- una “vaca sagrada”, dice en su documento- y esto podría agrandar el problema; y quien saldría llevando la peor parte sería la persona que pone en evidencia el abuso.
Entonces, ¿qué se debería hacer?, ¿expulsión como sanción? Godoy afirma que la expulsión o el despido debe ser un último recurso para alguien involucrado, y que debería hacerse un estudio caso a caso: “Para casos donde estemos seguros de que es la única manera de proteger a la comunidad universitaria”. A lo que agrega: “porque son casos de personas reincidentes, que llevan abusando mucho tiempo del poder y que no pueden ceñirse a normas éticas”.
Protocolo no es igual a manual de procedimientos
Hay un documento fundamental para abordar casos que atenten contra la integridad sexual en las universidades: el llamado protocolo. Al respecto Godoy, una de las creadoras del protocolo una vez reintegrada a la Universidad de Ibagué, insiste: “Tenemos que desnormalizar el acoso. Hay universidades que lo están haciendo, unas mejor que otras”.
Frente a la pregunta sobre si hay algún centro educativo que sea ejemplo para el abordaje institucionalizado de esta problemática, la respuesta de Godoy es breve: “No, no hay, lo que no significa que estemos en la misma situación de hace 10 años, pues durante los últimos 2 ha cambiado muchísimo”.
Godoy rescata que uno de los centros educativos en el país que va por buen camino es la Universidad del Rosario: “Hablando de herramientas y protocolos, la Universidad del Rosario hizo un esfuerzo grande para hacer un buen protocolo que intenta resolver las falencias que tienen otros”.
Godoy enfatiza que hay otras universidades que lo están haciendo mal, y señala que es debido a su carácter confesional. Hace alusión a que la forma de manejar los casos recuerda el modelo de la iglesia católica con denuncias de abuso sexual, “es decir, diciendo que no existen. Que esos son persecuciones, invenciones, tratando de ocultar al máximo las denuncias y de acallar a las víctimas”. Resalta la necesidad de separarse del ámbito jurídico en el diseño de los protocolos, y orientarlos hacia lo “ético y lo humanista”, porque afirma que todos los protocolos están alejados de ese aspecto, y porque hay que garantizar confidencialidad al momento de hacer la denuncia.
¿En qué consiste un protocolo? Pues bien, el medio Distintas Latitudes, en un estudio que realizó en 2019 denominado #PasóEnLaU, explica que un protocolo “es un documento que contiene una serie de normas, estrategias y procedimientos aceptados y aprobados, que indican los pasos a seguir y las instancias encargadas de recibir, encausar, investigar y sancionar o absolver acusaciones sobre conductas que conforman acoso o abuso sexual”. Aclaran que no es un manual de procedimientos o una guía; son acciones definidas que debe tomar una institución.
Este trabajo, realizado en conjunto con 35 periodistas de la Red LATAM de Jóvenes Periodistas, analiza los protocolos de 100 universidades de Latinoamérica en 16 países. El objetivo era conocer cuántas instituciones contaban o no con protocolos con atención a violencia sexual, y saber si eran públicos, entre otros aspectos. Hallaron que solo 60 de las 100 universidades cuentan con un protocolo público de fácil consulta.
En el contexto de la Región Andina (Colombia, Venezuela, Ecuador y Bolivia) encontraron que 13 de 30 universidades cuentan con protocolos (correspondiente a un 43%); menos de la mitad.
Este medio entrevistó a 30 estudiantes de las universidades Javeriana, Universidad Nacional y el Rosario. Diecinueve estudiantes (64%) señalan no conocer que existe un protocolo, y dieciocho estudiantes (61%) han escuchado al menos un caso sobre acoso sexual y violencia de género.
El camino es largo y culebrero
El proyecto FEGES, liderado por 4 universidades colombianas, en una encuesta realizada en el año 2014 a personal administrativo, cuerpo docente y estudiantes, da cuenta de que las mujeres docentes conocen más casos de acoso sexual en sus universidades con el 47%, seguido de un 33% de parte de los estudiantes LGBTI, y finaliza con un 26,7% de estudiantes que dicen conocer al menos un caso de violencia sexual.
En Colombia no hay una cifra aproximada sobre cuántas denuncias relacionadas con actos contra la integridad sexual en espacios universitarios se han presentado ante la Fiscalía. Este medio se comunicó con el área encargada de dicha institución y la información que entregó fue confusa y de difícil interpretación para cualquier ciudadano. No obstante, el medio VICE en español realizó una investigación sobre acoso en las instituciones, y encontró que las denuncias relacionadas con delitos sexuales contra estudiantes, entre 2008 y 2017, ascienden a 10.830. Agregan que el dato no es preciso porque la cifra incluye casos contra menores de edad; hecho que refleja la falta de clasificación de la información estadística en Colombia.
En Chile, el Observatorio Contra el Acoso Chile (OCAC), publicó en 2020 un primer estudio sobre acoso sexual en ese país. Dicho estudio destaca que las mujeres son las más afectadas por el acoso sexual, con el 64%, en comparación de los hombres con el 25,7%. Esta encuesta divide el acoso en 4 contextos: laboral, virtual, callejero y educativo. En el educativo, los resultados arrojan que un 41,4% de mujeres han sufrido más de una vez acoso, cifra que es menor a la del sexo opuesto con 26,4. Aproximadamente 2 de cada 5 mujeres has sido víctimas de acoso sexual en espacios educativos. Dice el estudio que el 57,9% de mujeres entre 18 y 26 años ha indicado haber sufrido acoso sexual en lugares de estudio.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presentó en 2017 un informe según el cual, en Lima y en la Provincia de Buenos Aires, 9 de cada 10 mujeres han sido víctimas de acoso callejero; en Bogotá y Ciudad de México, 6 de cada 10 mujeres reportan haber sido víctimas de acoso sexual en el transporte público; y, en promedio, 12 mujeres son asesinadas diariamente en la región.
El mensaje es claro: hay que hacer lo necesario para que los espacios académicos sean más seguros para toda la comunidad. Si las universidades no dan respuestas, existen otros mecanismos como la justicia ordinaria. Por ejemplo, en Colombia, vía tutela es posible exigir el derecho a una vida libre de violencia: “Hay que prepararse para pelear. No es fácil, ninguna vía es fácil, pero vale la pena porque evitas que otras personas sean lastimadas”, concluye Mónica Godoy.
