“Decimos que los trabajadores y trabajadoras que desempeñan su tarea en las plataformas digitales de cualquier tipo son laborales, y por tanto conllevan todos los márgenes y derechos que concita el Estatuto de los Trabajadores”, anunció en rueda de prensa la ministra de Trabajo española, Yolanda Díaz.
La nueva norma, que, según el Gobierno, afectará a unos 16.000 trabajadores, reconoce los ‘riders’ como empleados de las plataformas con sus correspondientes derechos de organización, sindicación, protección social y cotización salarial.
“Un joven que va en una bicicleta con una app o un dispositivo no es un emprendedor”, defendió la ministra de Trabajo, quien remitió la iniciativa española a las decisiones de “infinitud de tribunales” sobre la relación laboral entre repartidores y plataformas.
En septiembre de 2020, el Tribunal Supremo de España sentenció que las personas que prestan un servicio para estas empresas digitales son trabajadores por cuenta ajena y no autónomos.
Ahora, y tras meses de negociaciones con sindicatos y empresarios del país, el Gobierno de España traslada el dictamen a la legalidad con un decreto ley que entrará en vigor a mediados de agosto.
Regulación pionera en Europa
En la práctica, esta ley obliga a plataformas digitales dedicadas al reparto de cualquier producto como Glovo, Deliveroo, Stuart y Uber Eats a contratar a las personas que lleven a cabo sus servicios.
También especifica el deber de las empresas a informar sobre los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que influyen en la organización de las tareas laborales o las condiciones de trabajo.
Según explicó la ministra Díaz, este segundo apartado se aplicará en todas las empresas españolas, que “tendrán que dar transparencia para saber realmente si ese algoritmo, fórmula matemática, o instrucción en términos de inteligencia artificial tiene algún sesgo en la relación laboral”.
España se convierte así en el primer país de la Unión Europea en crear una ley específica para acabar con el modelo de ‘falsos autónomos’ entre empleados de las plataformas digitales.
En febrero, la Comisión Europea inició una fase de consultas con los interlocutores sociales europeos para abordar la mejora de las condiciones de estos colectivos, pero el Gobierno español ha sido el primero en dar el paso.
“El mundo está mirando a España”, celebró la ministra Díaz tras destacar que el país se convierte “en la vanguardia de la legislación internacional” en este ámbito.
Poca acogida entre ‘riders’
Pese a contar con el aval de agentes sociales y empresarios del país, la nueva legislación no está exenta de polémica y cuenta con la oposición de las plataformas de reparto y de parte del colectivo ‘rider’.
En 2017, a raíz de varias denuncias contra la precariedad del modelo laboral de estas compañías, los repartidores se asociaron bajo el movimiento Riders x Derechos y comenzaron a movilizarse por sus derechos.
En un comunicado a raíz de la nueva ley, esta organización advirtió que hay “vacíos” que permitirán a las empresas “continuar con sus triquiñuelas y salir impunemente de las que ya han realizado”.
“No confiamos en su criterio para convertir responsablemente a todos los falsos autónomos en empleados”, manifestaron estos repartidores, que llevan años exigiendo contrataciones.
En el lado opuesto, aunque también contrarios a la ‘Ley Rider’, están los repartidores que prefieren seguir siendo autónomos.
En torno a 4.000 de ellos se movilizaron este martes en 10 ciudades de toda España, convocados por la Asociación Profesional de Riders Autónomos (APRA) y Repartidores Unidos.
El presidente de APRA, Jordi Mateu, afirmó en declaraciones a Sputnik desde la manifestación de Barcelona que la nueva legislación conlleva una “absoluta precariedad” porque fomentará los contratos temporales o la obligación de trabajar en horarios específicos.
“Nuestros ingresos bajarán drásticamente y perderemos nuestra flexibilidad y libertad. Prevemos que el 75 por ciento de puestos laborales que tenemos hoy serán destruidos”, dijo este representante.
Desde APRA critican que el Gobierno no les escuchó a la hora de redactar la nueva regulación, que calculan que dejará a más de 15.000 repartidores sin trabajo.
También argumentan que las plataformas digitales no podrán absorber a tantos empleados en un plazo de tres meses y se verán obligadas a reducir sus servicios, o incluso suspenderlos en poblaciones de menos de 100.000 habitantes.
Mateu defiende los atractivos del trabajo autónomo, que “gusta a mucha gente” por la flexibilidad horaria y la posibilidad de conciliar: “Por ejemplo, yo organizo mis horarios dependiendo de cuando trabaja mi pareja, cuando ella tiene horarios de mañana cojo los de mañana y si trabaja por las tardes hago lo mismo”.
“Todo esto se nos acaba porque nos impondrán unos contratos que además todos sabemos que serán precarios, y que en vez de salvarnos lo que contribuirán es a la precarización total del sector”, concluye este portavoz.