El pasado 3 de octubre, mediante una carta enviada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confesaron su autoría en 6 crímenes de personas reconocidas a nivel nacional: Álvaro Gómez, Hernando Pizarro, Javier Delgado, Antonio Bejarano, Fernando Landazábal y Pablo Guarín.
Ante esta confesión, se ha generado una serie de polémicas entorno a la participación del grupo armado en estos hechos, porque mientras unos aseguran que deben asumir sus responsabilidades para acogerse a la justicia transicional, otros consideran que deben ser investigados y judicializados.
La polémica de la confesión
Después que el senador Carlos Lozada (Julián Gallo), confesara su participación en el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, varios congresistas han pedido su renuncia inmediata a la curul por la gravedad de los hechos y porque consideran que deben ser juzgados por la Corte Suprema y no por la JEP.
“Farc no ha dicho la verdad y se ha silenciado sobre secuestros, masacres, violaciones y reclutamiento, pero sí se atribuye el magnicidio del doctor Álvaro Gómez; quieren usurpar una investigación”, afirmó la senadora Paloma Valencia.
Por otra parte, otros congresistas consideran que el senador y los demás implicados no deben perder sus curules porque están contribuyendo al esclarecimiento de los hechos tal como se comprometieron en el acuerdo de paz.
“Es la primera vez en la historia de Colombia que se aclara un magnicidio. Usted ha hecho lo correcto al decirle la verdad a Colombia”, afirmó el senador Roy Barreras.
¿Qué dice la JEP?
Mediante un nuevo modelo de justicia, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) pretende juzgar a los responsables del conflicto armado en Colombia para que los hechos no se queden en la impunidad, pero también se ofrecen garantías para que los confesores digan la verdad y puedan reintegrarse a la sociedad.
Ante las opiniones encontradas por la confesión del senador Carlos Lozada, la JEP reitera su competencia para actuar en todos los casos donde los actores del conflicto se vean implicados directa o indirectamente, por lo cual van a realizar el debido proceso para verificar la veracidad de la confesión y tramitar los procesos de judicialización de comprobarse la incidencia de las Farc en estos hechos.
La importancia de decir la verdad
La Comisión de la Verdad fue creada para esclarecer los hechos al escuchar a todos los implicados en la historia del conflicto armado, bajo una participación pluralista y equilibrada que garantice la no repetición de estos hechos.
Primero se escucha a las víctimas y se le da prioridad a las comunidades vulnerables e invisibilizadas históricamente, después se escucha la versión de los responsables de los hechos.
Posteriormente, se hace una comprobación, contrastación y análisis de los testimonios a partir de documentos y otras fuentes fiables de las demás instituciones que contribuyan a esclarecer los hechos.
Finalmente, se sistematiza la información en un informe que compile la historia del conflicto a partir de las diversas historias y los matices del conflicto armado para que toda la población comprenda las causas y desarrollo de los hechos en cada contexto.
Implicaciones de las confesiones del partido Farc
En lo jurídico: la JEP no juzga casos particulares, por lo cual creará un macrocaso sobre los magnicidios cometidos por las Farc, donde la Sala de Reconocimiento pueda juzgar a los culpables y las víctimas tengan acceso al esclarecimiento de la verdad y por tanto a la justicia.
“De acuerdo con las normas constitucionales y legales, la JEP tiene competencia prevalente y preferente para investigar los hechos del conflicto armado”, afirmó la JEP.
En lo político: la participación política de las Farc fue uno de los puntos más importantes en el acuerdo de paz, por esto se establecieron una serie de garantías para que los ex combatientes tuvieran poder político a cambio de contribuir con el esclarecimiento de los hechos, por lo tanto, no pueden ser removidos de sus cargos quienes hayan cometido crímenes antes del 1 de diciembre de 2016.
“En este momento no hay imposibilidad para el ejercicio del cargo y no se puede castigar a una persona por contribuir a la verdad, al contrario, es uno de los compromisos que se asumen ante la JEP”, afirmó Kenneth Burbano, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre.
En las víctimas: los familiares de algunas de las víctimas mencionadas en esta confesión consideran que esta es una estrategia para encubrir a los verdaderos responsables de los crímenes y no creen en la versión de los ex combatientes, por eso se oponen a la intervención de la JEP en el caso y harán lo posible porque la Fiscalía siga siendo la institución encargada de la investigación para que se judicialice a los verdaderos culpables.
“Esto es otra triquiñuela de Samper y Serpa, algo que debe avergonzar a Colombia y que ciertamente destruye la mínima credibilidad que tiene la JEP”, afirmó el abogado del caso de Álvaro Hurtado, Enrique Gómez.
Sin embargo, para las demás víctimas del conflicto armado esta es una forma de conocer lo que pasó con sus seres queridos y les permite acceder a los procesos de restitución de derechos del gobierno, a través de las confesiones de los victimarios, por lo cual continuarán en la búsqueda de la verdad acogiéndose a la justicia transicional.
“Estas solicitudes tienen un trasfondo humanitario, están motivadas por el duelo que necesitan hacer las familias o quieren saber qué pasó con un desaparecido, qué pasó en el tiempo del secuestro, que les permite completar la vida del ser querido que en sus recuerdos representa un vacío” afirmó a La Silla Vacía, Julieta Lemaitre, magistrada del caso 01.
En las personas sometidas a la JEP: hasta enero de 2020, 12.529 personas (agentes de Estado, miembros de la fuerza pública, miembros de las Farc y representantes de la protesta social) se sometieron a la jurisdicción para contribuir al proceso de paz, debido a las garantías que ofrece la institución.
De no ser así, muchos de los involucrados no participarían de la construcción de la verdad por el miedo a las consecuencias tanto judiciales como violentas, por eso, aunque muchos de los actos puedan incomodar a algunas personas, el compromiso es confesar para que las víctimas conozcan la verdad de los hechos y para que los responsables también puedan ser judicializados.