En agosto se dio a conocer que la Corte Suprema de Justicia ordenó el arresto domiciliario de Álvaro Uribe, siendo así el primer ex presidente del país instado a cumplir dicha sanción.
Lo anterior, inició cuando el senador Iván Cepeda acusó a Uribe de tener presuntos nexos con grupos paramilitares y narcotraficantes y el ex presidente, en respuesta, demandó ante la Corte Suprema de Justicia a Cepeda acusándolo de buscar en las prisiones colombianas a antiguos paramilitares que sirvieran como falsos testigos en su contra. Así, tras muchas investigaciones la Corte desechó las acusaciones contra Cepeda y abrió una investigación formal contra Uribe por manipulación de testigos, junto a los delitos de soborno y fraude procesal.
Posteriormente, Uribe renunció a su curul en el senado pues, según el propio Uribe Vélez, “la medida de aseguramiento con detención domiciliaria, con la violación de ocho garantías procesales, con interceptaciones ilegales y dolosas” y las “filtraciones selectivas a adversarios políticos y periodísticos en lugar de publicar todo el expediente”, son algunas de las razones que “anulan cualquier expectativa de poder regresar al Senado”.
Ahora, ante el aval por parte de la Corte Suprema de Justicia de trasladar el caso del expresidente Álvaro Uribe al sistema acusatorio, la jueza 30 de Garantías de Bogotá tuvo que definir a partir de qué etapa procesal se iba a asumir la investigación por parte de la Fiscalía. Así, la Fiscalía y la Procuraduría apoyaron los argumentos de la defensa de Uribe y solicitaron su inmediata libertad, aunque la contraparte solicitó mantener la medida de aseguramiento.
Entonces, el fiscal Gabriel Jaimes (quien asumió el caso por instrucción del fiscal General, Francisco Barbosa) indicó en la audiencia al respecto que “hemos encontrado algunas violaciones al debido proceso, ya que la indagatoria no contiene los hechos jurídicamente relevantes para activar el derecho a la defensa, ni hubo aclaración sobre sus derechos ni se le presentó al procesado la posibilidad de sentencia anticipada”. Ante lo cual, expuso que “no queda otro camino diferente a desestimar la vigencia del proceso y otorgar la libertad de Álvaro Uribe Vélez” y que “mi petición del día de hoy no es ninguna antesala a etapas procesales por venir, no habrá impunidad, habrá justicia y habrá derecho”.
Reynaldo Villalba, abogado de Iván Cepeda lanzó críticas a la intervención de la Fiscalía, manifestó “(…) no encuentra esta representación de dónde saca la Fiscalía que no hay precisión fáctica en la indagatoria, o dónde hay un desconocimiento del principio de legalidad, son manifestaciones no fundamentadas”.
La decisión respecto a esto se dará a conocer este sábado 10 de octubre.