El “traslado exprés” de los fondos de pensiones es uno de los puntos neurálgicos dentro del Plan Nacional de Desarrollo (PND) cuyo propósito era ser una especie de salvavidas para quienes, en la recta final hacia su jubilación, no lograron cambiarse al fondo de pensiones que hallaban más conveniente.
Este miércoles el tema se quedó sin oxígeno en el Congreso, luego de que el gobierno Duque anunciara que ese artículo del PND no tenía su respaldo. Ahora la Corte Suprema, desde su orilla, trata de aportar en la discusión.
El artículo del PND pretendía ayudar a quienes no hubieran contado con la doble asesoría, mayores de 50 años o con más de 750 semanas cotizadas, para que pudieran trasladarse de fondo de pensiones antes de los próximos 4 meses a partir de la expedición de la presente Ley.
Aunque el fallo que acaba de divulgar la Corte Suprema no hace mención directa al debate del PND, sí deja clara una cosa: los usuarios tienen derecho a recibir información oportuna y completa de representantes tanto del régimen estatal como del privado para poder tomar una decisión acerca de su pensión.
Las administradoras privadas de pensiones tienen un deber de servicio público y responsabilidad social: “La actividad de explotación económica del servicio de la seguridad social debía estar precedida del respeto debido a las personas e inspirado en los principios de prevalencia del interés general, transparencia y buena fe de quien presta un servicio público”, señaló la Corte Suprema de Justicia
Los fondos de pensiones están en la obligación de darle a conocer al ciudadano toda la verdad acerca de los regímenes contributivos, amparados en el principio de transparencia, toda vez que finalmente el usuario está amparado para poder tomar una decisión que mejor crea conveniente.
De esa manera, la Corte dejó sentadas bases claves que tanto usuarios como administradoras de pensiones deberán tener en cuenta cada vez que alguien busque asesoría para trasladarse de régimen, lo cual era el centro del debate en el Plan Nacional de Desarrollo.