Por: Juan David Quevedo
La decisión fue proferida por el Consejo de Estado mediante medida cautelar que detiene, de forma provisional, los efectos del Decreto 415 de 2026 expedido por el Gobierno nacional, que ordenaba el traslado de $25 billones desde fondos privados de pensiones hacia Colpensiones.
Días antes, la Presidencia les ordenó a las administradoras privadas trasladar recursos de afiliados que se cambiaron de régimen pensional. La medida buscaba ejecutar parte de la reforma pensional y garantizar liquidez en el sistema público, específicamente en Colpensiones.
El decreto Incluía ahorros de personas que aún no están pensionadas, lo que generó alertas de carácter económico y jurídico.
El Consejo de Estado señaló tres razones para suspender la medida. La primera es un posible exceso en las facultades del Ejecutivo. El decreto no se limita a reglamentar la ley y plantea cambios de fondo en el sistema pensional por considerarla una competencia del Congreso.
La segunda es la posible contradicción con la Ley 2381 de 2024. El análisis preliminar indica que el decreto modificaría disposiciones legales sin trámite legislativo.
La tercera es el riesgo de daño. El traslado masivo de recursos en corto tiempo puede afectar el sistema financiero y pensional, por lo que se ordenó la suspensión para evitar efectos irreversibles.
El Banco de la República advirtió posibles impactos en el mercado financiero. La Contraloría General de la República señaló riesgos fiscales y la Procuraduría General de la Nación cuestionó el sustento jurídico del decreto.
El decreto fue demandado por distintos actores del sector pensional, lo que activó la revisión judicial.
Con la decisión, cerca de $20 billones quedan congelados. Solo continúan los movimientos dirigidos a recursos de personas ya pensionadas. El resto permanece en los fondos privados mientras avanza el proceso.
La medida es provisional. El Consejo de Estado definirá si el decreto se ajusta a la Constitución y la ley.
